Asesinato de reclamantes y líderes, la violencia se recrudece en El Carmen de Bolívar

La Corte Constitucional ha explicado que la violencia contra las mujeres defensoras y lideresas no está asociada a violencia común sino a un tipo de violencia sociopolítica de género, que emplea como herramienta especial el terror justamente sobre las mujeres. / El Espectador.

La violencia en El Carmen del Bolívar está sembrando nuevamente el terror en sus habitantes. Este fin de semana se conocieron tres asesinatos en este municipio. Se trataría de Ovidio Baena, un líder sindical de 68 años en el corregimiento de Macayepo, y de Carlos Ortiz Acosta y Cristian Anaya Herazo, hijos de dos reclamantes de tierra en la parcelación Caño Negro, en la región de los Montes de María, según cuenta la comunidad.

De acuerdo con los pobladores, las tres víctimas fueron asesinadas en sus casas y sus cuerpos, recogidos por el CTI de la Fiscalía. Las tres víctimas hacían parte de la población en riesgo identificada por la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana (Nº 006 de 2020) emitida a principio de este año y enviada al Ministerio del Interior.

El documento indica que en la región de El Carmen de Bolívar está en riesgo la vida de: “líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, miembros de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas Municipal, miembros del Consejo Municipal de Paz y organizaciones de mujeres víctimas del municipio”, entre otros. Baena, Ortiz y Anaya, como lo advirtió la Defensoría, pertenecían a esta población.

El primer factor de riesgo en El Carmen de Bolívar, según indica esta alerta, es la presencia del grupo armado sucesor del paramilitarismo autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Esta información había sido advertida ya por la misma entidad en 2018 y puesta en conocimiento, nuevamente a principios de este año. La presencia de las Agc se habría fortalecido en esta región, de acuerdo con el documento debido al alto grado de control territorial, “instalándose en corredores de movilidad en la zona rural y urbana”. De igual forma, desde 2019 se advirtió que este grupo “ha establecido un círculo económico de tráfico de estupefacientes y de rutas de narcotráfico”.

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De acuerdo con la Defensoría, el posicionamiento de este grupo “ha significado una mayor afectación a los derechos de la población, situación que se agudizó durante el 2019, y que se expresa mediante la ejecución de una alarmante cifra de asesinatos selectivos, 10 de ellos ocurridos entre julio y agosto de 2019”. De igual forma, advierte la entidad “han aumentado las amenazas contra líderes, defensores de derechos humanos y sus familias”.

“La estrategia de terror va detrás de los liderazgos. Si acaban con la vida de alguno de nosotros van a impactar directamente a 5.000 personas”, asegura una lideresa social de la región, quien prefiere guardar su identidad, por temor a represalias. Una de las formas cómo están recibiendo intimidaciones los defensores, comerciantes y campesinos, por parte de las Agc, según indica la comunidad, es por medio de llamadas y mensajes a través de los cuales estos grupos fijan fecha, lugar y hora para citarse con ellos. Los afectados cuentan que son advertidos que de faltar a estas citas tomarán retaliaciones violentas y directas contra ellos.

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Cuatro líderes comunitarios y defensores de derechos humanos que trabajan por su comunidad en esta región fueron consultados por este diario. Entre ellos, una lideresa que pertenece a la Mesa Mesa de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de derechos humanos y que ha recibido este tipo de mensajes. Ella aseguró “me citaron, dizque para preguntarme si yo era guerrillera”. Al no responder el mensaje ni la cita, al día siguiente, asegura, “había dos hombres armados al frente de mi casa”. Estas denuncias, aclara, ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía. Otro líder de la región, quien se encuentra exiliado de esta zona por amenazas constantes a su familia, asegura que también ha sido víctima de estas intimidaciones.

En adjunto a estas llamadas, han recibido un video en el cual se ve a cinco hombres armados que se presentan como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con sus rostros cubiertos y portando uniformes de camuflado. Uno de ellos dice: “por medio de este comunicado, le informamos a la población civil, contratistas, empresas, comerciantes, ganaderos, agricultores, entre otros, que nuestra organización se estará comunicando con la intención de hacer un llamado pacífico de lo contrario nos veremos obligados a proceder violentamente contra toda aquella persona que no acate nuestra orden”. El mensaje finaliza advirtiendo que “nuestros integrantes les estarán haciendo un llamado y se le entregará un código a cada persona, el cual nuestra organización va a corroborar”.

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Juana Alicia Ruiz, fundadora de las Tejedoras de Mampuján, mujeres valientes que le han hecho frente a la violencia en esta región y han contribuido a la construcción de paz, especialmente, en el municipio de María La Baja, aseguró que la situación en la que viven los y las lideresas en este sector del departamento de Bolívar es apremiante. Hace tres semanas ella denunció públicamente por redes sociales que ha sido objeto del mismo modo de “citación y código” por parte de este grupo armado. ¿Para qué los citan? ¿Por qué lo hacen? Ningún líder social quiere exponer su vida para saberlo.

El pasado 25 de junio, Juana junto a otros líderes sociales presentaron una “Propuesta de los Montes de María, de Bolívar y Sucre, para la defensa de la paz en sus territorios y de la vida y trabajo de los líderes y lideresas sociales”. En este documento, entregado al Ministerio del Interior, la Defensoría y la Procuraduría, los líderes aseguran que necesitan un enfoque que sobrepase la militarización de sus territorios, las camionetas y los escoltas.

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Entre las acciones propuestas está la construcción de un mapa de riesgo y acciones rápidas; la construcción e implementación de 15 centros de paz, y la creación de un fondo institucional “para defender la vida sin tanta burocracia que atienda el riesgo inminente de las lideresas y líderes sociales y de sus familias”. Esta solicitud finaliza pidiéndole al Estado que “se comprometa a implementar las recomendaciones establecidas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo”.

Sobre este último punto, este diario se comunicó con el Ministerio del Interior, encargado de liderar el Comité Intersectorial para la Reacción Rápida de Alertas Tempranas (CIPRAT), para conocer si se habían aplicado o no las recomendaciones de la Defensoría en El Carmen de Bolívar, consignadas en la alerta temprana mencionada anteriormente (Nº 006 de 2020). Hasta el momento, la información confirmada es que esta alerta se atendió el 25 de febrero de 2020, y se hizo una sesión de seguimiento el 6 de marzo. Se sigue a la espera del balance de estas sesiones, para determinar si se han adelantado las acciones preventivas.

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A la espera de la acción de las autoridades en esta región y del acompañamiento institucional a la población y líderes amenazados, en El Carmen de Bolívar el panorama de violencia se recrudece y continúan los asesinatos, intimidaciones y amenazas a reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos, tal como lleva advirtiendo hace más de dos años la Defensoría. Solo de 2018 a 2019, la tasa de homicidios en esta región aumentó del 15,6 % al 31,3 %, de acuerdo con las cifras oficiales.

Esta tierra del departamento del Bolívar quedó prácticamente desolada entre 1990 y 2000, luego de la incursión paramilitar. Ya han pasado 20 años desde la masacre de El Salado que dejó a cerca de 60 personas muertas y pronto, en octubre de este año, se cumplen 20 años de la masacre de Macayepo que dejó al menos 66 campesinos muertos y 246 familias desplazadas de su territorio. “Esto estaba tranquilo después de la firma del Acuerdo de Paz, hoy al ver que se está repitiendo la misma historia, la gente no está dispuesta, la gente dice: si eso sigue así, yo me voy. Con decirle, si no se ha ido más gente de El Carmen ha sido por la pandemia”, confesó un líder.