En menos de diez días en Colombia se han cometido seis masacres en cinco departamentos del país: Nariño, Cauca, Arauca, Antioquia y Norte de Santander, en este último, los cuerpos sin vida de tres jóvenes fueron encontrados en una carretera del corregimiento de Capitanlargo el pasado 25 de agosto. Ya son 26 las víctimas que suman estos episodios, sin que se tenga en cuenta los ocho jóvenes masacrados en Samaniego (Nariño), el pasado 15 de agosto, hecho que generó indignación y protestas con cacerolas desde las ventanas de las casas. Por cuenta de la masacre en la vereda El Caracol, en el municipio de Arauca, el pasado 21 de agosto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, viajó a esta región fronteriza con Venezuela, pues a 40 kilómetros de la capital fueron encontrados otras cinco personas asesinadas.
Paralelamente a ese hecho, en zona rural del municipio de El Tambo (Cauca), en el sur de Colombia, otras seis personas fueron asesinadas. En medio de estos hechos que tienen de luto al país, el ministro Trujillo rechazó desde Arauca lo que llamó “homicidios colectivos” en distintas regiones del territorio. Dijo que eso obedecía a un “impacto peligrosísimo y tremendo del narcotráfico” y seguidamente anunció la creación de la “Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos”. Según le respondió el Ministerio de Defensa a este diario, dicha Unidad empezó su operación de manera inmediata, es decir, el pasado 22 de agosto, y tiene la categoría de élite porque recoge a los mejores hombres de las instituciones de la Fuerza Pública.
Según el MinDefensa, esta Unidad será conducida por la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia (Dijín), desde Bogotá, a través del despliegue rápido del servicio de investigación criminal y los organismos de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. “Estará integrada por un equipo cualificado de investigadores de homicidios y crimen organizado; peritos en criminalística y analistas del Centro Nacional de Análisis Criminal, así como del grupo especializado de Perfilación Criminal”, respondió la cartera de Defensa. Igualmente, tendrá capacidad de movilidad en toda el aérea nacional con el despliegue de unidades especializadas y con apoyo de toda la Fuerza Pública.
“Teniendo en cuenta la importancia y connotación de los hechos suscitados en el país y el compromiso para el esclarecimiento de estos, la conformación y operación de la unidad es inmediata, con el fin de obtener resultados tangibles frente a los casos”, puntualizó el Ministerio. En cuanto a la financiación de la operación de esta Unidad, cada una de las entidades que intervienen le deberán asignar una partida presupuestal a la labor que realice, respondió.
La creación de este tipo de unidad no es novedosa. Hace nada más tres años, como quedó establecido en los acuerdos de paz de La Habana, la Policía Nacional creó un Cuerpo Élite para investigar los homicidios y amenazas contra excombatientes de las Farc y líderes sociales, así como para desmantelar las bandas criminales que están asesinando a estas dos poblaciones. Empezó a operar el 15 de junio de 2017 y está integrado por 1.088 policías, quienes se encargan de prevenir, anticipar e investigar estos asesinatos. Además, tiene la tarea de desmantelar las organizaciones criminales. Como este objetivo está previsto en el marco de los Acuerdos de Paz, al mando del Cuerpo Élite y de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, este diario también le preguntó al Ministerio de Defensa sobre la diferencia en el cumplimiento de este mismo objetivo y respondió que la última Unidad Élite se creó específicamente para perseguir a los recientes perpetradores de las masacres.
El Cuerpo Élite que surgió después del proceso de paz es el más grande creado en la historia del país. Otro de gran peso fue el creado para perseguir y acabar con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y los miembros del cartel de Medellín en 1992. Operó desde 1989 hasta 1991 cuando Escobar se entregó, pero en 1992 volvió a ser activado tras su fuga. En octubre de 2002, siendo presidente Álvaro Uribe, también se creó el Cuerpo Élite Antiterrorista (Ceat) que contó con 221 miembros de la Policía Nacional en la lucha “antiterrorista” en las zonas urbanas. El Grupo Élite que persiguió y mató a Escobar se terminó llamando Bloque de Búsqueda, cuyo diseño fue aplicado en 2004 para combatir a los narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle y capturar al capo Diego León Montoya Sánchez, conocido como “don Diego”.
En todo caso, el Ministerio de Defensa señaló, que de acuerdo con las circunstancias, si llegase a existir un hecho en el que coincida la naturaleza de ambas unidades, el Cuerpo Élite y la nueva Unidad contra masacradores deberán articular actividades investigativas y participar de avances en los comités técnicos y jurídicos.
En cuanto a la Unidad Especial de Investigación (que se creó en la Fiscalía tras el Acuerdo de Paz), desde el año 2018 ha venido identificado a las organizaciones criminales responsables de delitos contra defensores de derechos humanos, reincorporados y sus familiares. Y el resultado, a la fecha, es que ha priorizado 10 situaciones denominadas “Proyectos Investigativos”, cuyo contenido se aplica en las regiones donde las organizaciones criminales han causado mayor daño a la población mencionada. Así las cosas, en este momento cerca de 100 procesos, que contienen las afectaciones sufridas por 172 víctimas de estas dos poblaciones, han permitido emitir órdenes de captura y establecer algunos responsables. No obstante, estos pasos aún son precarios, en algunos casos, frente al esclarecimiento de los autores intelectuales de estos crímenes.
De todas maneras, afirmó la Fiscalía, el desmantelamiento de las organizaciones criminales es una labor que involucra a múltiples autoridades del Estado. Por eso, con el nacimiento de un nuevo Cuerpo Élite o Unidad Especial contra masacradores, las víctimas, como los familiares de la masacre de Samaniego, esperan prontos resultados en cuanto al esclarecimiento de los hechos, la captura de los responsables, tanto materiales como intelectuales, porque en Nariño y otras regiones del país esa impunidad permite que se repitan constantemente estos crímenes, como ha sucedido en el último mes en varias regiones de Colombia.