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“En abril de 2022, militares de la guardia venezolana llegaron hasta nuestros hogares para intimidarnos, acabar con algunos cultivos de yuca y romper celulares de algunos compañeros que quisieron tener registro de su invasión. Esas imágenes se conocieron y el caso fue tan renombrado que llegó a la Personería de Tibú y al Ministerio de Relaciones Exteriores en el anterior gobierno. ¿Qué quieren esos señores? ¿Por qué volvieron?”, afirma Omar Galván, líder comunal en La Gabarra, zona rural de Tibú (Norte de Santander).
Galván se refiere a un hecho que ocurrió el 26 de abril de 2022 cuando quedó registrada en video la presencia de militares venezolanos que, al parecer, estarían violando la soberanía territorial colombiana para imponer sus condiciones en fincas de esta zona del Catatumbo.
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De hecho, un informe de la Fundación Paz y Reconciliación enfocado en ese caso detalló que el accionar violento de esos soldados fue tal que incendiaron un par de viviendas e hicieron lo propio con diferentes cultivos legales en la región.
A lo largo de esta última semana, los pobladores de La Gabarra dicen que revivieron la angustia de tener a los militares venezolanos en las puertas de sus casas.
El pasado 9 de marzo, Rubel Quintero, otro líder de la zona, fue el primero que denunció el retorno de esos uniformados a tierras colombianas. En entrevista con RCN Radio aseguró desde su finca que quemaron varias casas. “Estuvieron allí por varias horas y conocemos que no agredieron físicamente a los pobladores, pero los insultaban fuertemente”, indicó.
Por la denuncia de Quintero, la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos de Norte de Santander emitió ante la Cancillería un documento de nota de protesta mediante el cual le pidieron al canciller, Álvaro Leyva Durán, una evaluación rigurosa de cómo se está cuidando la soberanía colombiana en los límites con Venezuela. Si bien, esta organización aún no tuvo respuestas, desde el Ministerio de Relaciones exteriores explicaron a Colombia+20 que el caso de La Gabarra “sigue en estudio y se están haciendo las averiguaciones pertinentes con la Segunda División del Ejército, con jurisdicción en esa zona del país”.
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Para Óscar Murillo*, líder social en el municipio de San Calixto, que este tipo de cosas sigan sucediendo es un incumplimiento claro del Gobierno frente a las promesas y explicaciones que les dieron a los catatumberos cuando se confirmó la reapertura de la frontera entre ambos países.
“En cinco municipios de acá vimos cómo la Cancillería y más personas del gobierno nos hablaban de todas las virtudes comerciales y en materia de seguridad que iba a representar la apertura fronteriza. Confiamos, claro, pero vemos con lo de La Gabarra y la vereda La Colombiana que todo esto sucede como si siguiéramos en el gobierno anterior. Estamos hablando de soberanía nacional, no es un tema menor. Los que deberían vigilar y cuidarnos son los del Ejército colombiano, los otros no tienen nada que hacer acá”, sostuvo.
Los habitantes de La Gabarra están convencidos que los militares que invadieron sus hogares el año pasado son los mismos que se adentraron en su corregimiento de nuevo en 2023. De hecho, una denuncia que llegó hasta la Personería de Tibú detallaba que uno de los militares le comentó a los campesinos que ellos operaban en la zona de Curucuquero (Estado de Zulia, Venezuela) y Galván aseguró que en estas nuevas incursiones dijeron lo mismo.
“Estos señores llegaron el 9 de marzo, pero han estado pasando intermitentemente. Los vecinos los vieron de nuevo el 12 de marzo, luego el 15 y luego a un par de ellos el 16 de marzo. Todos concuerdan en que eran groseros y decían que iban a dañarles “todos sus negocios de narcotráfico”, cuando el que conozca veredas y corregimientos en esa partecita de Tibú sabe que se trabaja la yuca y otros cultivos sanos. Nos estigmatizaron nuevamente; como lo han hecho los militares acá y ahora unos desconocidos que no tienen nada que ver”, agregó.
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¿Límites mal definidos?
Jorge* trabaja en la Alcaldía de Tibú y dice que conoce perfectamente todas las zonas rurales de su municipio. Ha trabajado allí toda su vida y dice que siempre han estado perfectamente delimitados los pasos entre Colombia y Venezuela, incluso cuando las relaciones diplomáticas entre ambas naciones estaban en su peor momento.
El 15 de marzo acompañó diligencias de la Personería para reconstruir hechos y saber por qué los presuntos militares venezolanos habían cruzado hacia el corregimiento de La Gabarra. Lo que encontró, según le dijo a este diario, fue un discurso vociferante y que ya se ha escuchado sin fundamento alguno en repetidas ocasiones.
“La Personería y unos defensores de derechos humanos hablaron con el líder de esa tropa, quien se identificó y presentó ante ellos de forma regular. Lo que no fue regular fue su argumento para estar allí; dijo que él y sus hombres comenzaron a transitar esta zona desde inicios de marzo porque eso seguía siendo territorio venezolano. Que su frontera no iba hasta el municipio de El Cruce, sino que se extendía un poco más y que por eso no había incurrido en ninguna irregularidad”, denunció.
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Esta misma respuesta fue la que obtuvo la Personería de Tibú cuando en noviembre de 2017 interrogaron a más de 100 militares venezolanos que fueron vistos en operación a lo largo de distintos puntos de Vetas del Oriente, un corregimiento de Tibú que colinda con Venezuela a la altura de la localidad bolivariana de Jesús María Semprún.
Enrique Pertúz Ariza es un reconocido vocero de derechos humanos en Norte de Santander que también ha denunciado la presencia de militares venezolanos en su subregión.
Desde la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos ha dicho ante medios que la Cancillería con su inacción está permitiendo que se ultrajen los derechos de los habitantes de las zonas alejadas de Tibú. Que cualquier situación fatal que pueda llegar a pasar es en buena parte responsabilidad del Estado colombiano al “no tomar rápido cartas en el asunto y hablar con el gobierno de Nicolás Maduro para que eso no vuelva a suceder”.
“Es un hecho que han retenido. Que están violando la paz de esa gente y que a pesar de todos los pactos políticos y comerciales amistosos nada vale para que dejen de tener una actitud violenta”, añadió.
En redes sociales circularon un par de fotografías (que aún no han sido verificadas por la Cancillería) en las que se ven ranchos quemados en límites fronterizos de Tibú con Venezuela. A este medio llegó la denuncia de una mujer, que dice ser una de las afectadas y quien asegura fue blanco de maltratos junto con su familia. Dicha persona pidió reserva de su identidad por temas de seguridad.
“El 12 de marzo quemaron el ranchito y nuestros cultivos de plátano. A mi esposo, que opuso resistencia, se lo llevaron un par de horas a Venezuela. Lo retuvieron y lo maltrataron. No es justo que esto le pase a nadie y menos que pase en una zona en la que el Estado colombiano nunca ha querido hacer presencia. Cuídennos o quién sabe si a la próxima nos podamos salvar de algo peor”, lamentó.
Este proceso de verificación de testimonios por parte de la Cancillería promete ser largo. Si bien en despachos del Ministerio de Relaciones Exteriores ya reposan las notas de protestas emitidas desde el Catatumbo, todo está por definir. Se espera desde las Juntas de Acción Comunal en Tibú que esta cartera haga presencia en la subregión en las próximas semanas.
*Cambio en el nombre de la fuente