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Pese a ceses anunciados, grupos atacan Catatumbo y reviven miedo de otra crisis humanitaria

Los enfrentamientos de los últimos días entre el ELN y el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) ponen en riesgo de confinamiento y desplazamiento a unas 6.000 personas. Hay temor entre la población por volver a padecer los combates que en enero de este año provocaron la peor crisis humanitaria del país en dos décadas.

Redacción Colombia +20

26 de diciembre de 2025 - 06:30 a. m.
Foto de archivo que muestra a un hombre que sostiene una pancarta durante una manifestación para exigir el respeto a la vida y la paz en la región del Catatumbo en Ocaña. EFE/ Ana Inés Vega
Foto: EFE - Ana Inés Vega

Pese a los anuncios públicos de ceses al fuego por Navidad hechos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), en el Catatumbo la guerra volvió a imponerse.

En el corregimiento de La Gabarra, zona rural de Tibú (Norte de Santander), los enfrentamientos entre ambos grupos armados no solo continuaron, sino que se intensificaron, dejando comunidades confinadas, desplazamientos forzados y un temor creciente de que se repita la grave crisis humanitaria que golpeó a la región hace un año.

Los combates se concentran en sectores rurales estratégicos, especialmente en el kilómetro 16, donde familias completas —incluidos niños, niñas y adultos mayores— permanecen refugiadas en una escuela para protegerse del fuego cruzado y de la posible activación de artefactos explosivos. Para los habitantes, la escena resulta dolorosamente familiar pues revive el mismo tipo de confinamiento que vivieron a finales del año pasado, cuando la disputa territorial entre grupos armados dejó miles de personas desplazadas y una atención humanitaria tardía.

De acuerdo con autoridades y organizaciones humanitarias, alrededor de 250 personas han sido desplazadas en los últimos días desde zonas rurales de Tibú y otros puntos del Catatumbo hacia municipios como Cúcuta y Ocaña, en plena temporada navideña.

Al mismo tiempo, se mantiene la alerta de que unas 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento o nuevos desplazamientos si los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 continúan.

A este escenario se suma el caso de una mujer que resultó gravemente herida tras activar una mina antipersonal mientras se movilizaba por zona rural de la región, un hecho que evidencia que, más allá del fuego cruzado, la presencia de artefactos explosivos sigue poniendo en riesgo a la población civil, incluso en medio de treguas anunciadas.

Defensoría pide a grupos que cesen ataques

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre el deterioro de la situación y el incumplimiento de los compromisos anunciados públicamente por los grupos armados. “Durante el día se han recrudecido los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33, en el corregimiento de La Gabarra, en Tibú”, señaló.

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Frente a la gravedad del escenario, hizo un llamado urgente a los grupos para cesar los combates y “permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y poder llevar atención humanitaria a la zona”.

La vicepresidenta Francia Márquez también se pronunció. “Mi clamor es por el respeto a la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades en el Catatumbo. Es urgente que se garanticen condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras y el ejercicio pleno de sus derechos”, señaló.

Madres del Catatumbo también rechazaron los combates

Desde la sociedad civil, las voces de alerta no se hicieron esperar. En un pronunciamiento fechado el 25 de diciembre, las Madres del Catatumbo denunciaron que los combates se están desarrollando precisamente en el lugar donde funciona la escuela en la que nació su proceso comunitario.

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“La comunidad del kilómetro 16 se encuentra confinada dentro de la escuela, con familias, niños, niñas y población civil atrapada en medio de los enfrentamientos”, señalaron, y calificaron la situación como “grave, alarmante y completamente inaceptable”.

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El colectivo rechazó de manera contundente las acciones armadas en zonas pobladas y, en especial, el riesgo sobre espacios que deberían estar protegidos incluso en medio del conflicto. “Hoy, 25 de diciembre, cuando debería primar la vida, la tranquilidad y el cuidado, nuestras comunidades vuelven a vivir el miedo, la zozobra y el terror”, afirmaron.

Y añadieron: “No es justo que los niños del Catatumbo sigan creciendo en medio de las balas, confinados y con sus derechos vulnerados”.

Las Madres del Catatumbo exigieron además una respuesta inmediata del Estado, presencia humanitaria efectiva y garantías reales de protección para la población civil, especialmente para la niñez.

Para los habitantes del Catatumbo, lo que ocurre en esta Navidad no es un episodio aislado ni una escalada inesperada.

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Justo hace uno, en enero de 2025, enfrentamientos similares entre grupos armados dejaron desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y una crisis humanitaria que tardó semanas en ser atendida. Por eso, el contraste entre los comunicados de cese al fuego y la realidad en el terreno reaviva el miedo a quedar, una vez más, atrapados en el mismo ciclo de violencia.

Las comunidades temen que el Catatumbo vuelva a cerrar el año bajo fuego, con promesas incumplidas y una población civil en medio del conflicto.

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