Qué hay detrás de la guerra de Clan del Golfo y ELN que pone en riesgo a Antioquia

La Personería de Segovia le confirmó a Colombia+20 que la población desplazada supera las 300 personas, que esa cifra ha ido aumentando y que quienes llegan están “a la espera de que se continúe con los procesos de atención”.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La incursión tuvo lugar el pasado 26 de junio, cuando una veintena de hombres que se identificaron como miembros de las AGC (o Clan del Golfo) llegaron a la vereda Arenales, en Segovia (Antioquia), preguntando por los miembros de la Guardia Campesina. Pintaron con las insignias del grupo armado la mayoría de las casas de la vereda y arrancaron afiches de las organizaciones sociales y campesinas que desarrollan su trabajo allí.

Ya desde el 14 de junio los campesinos denunciaron la instalación de retenes permanentes de ese grupo en las vías de las veredas El Diamante, El Aporriado y La Matuna, aunque la incursión del 26 de ese mes fue especialmente grave, pues se intentó empadronar a la población.

De acuerdo con Jaime Vera, abogado y defensor de derechos humanos de la Corporación Jesús María Valle Jaramillo —organización que al cierre de esta edición ya estaba en el terreno brindando acompañamiento a los desplazados—, los hombres de las AGC “le hicieron preguntas a la comunidad sobre quiénes estaban viviendo en esa vereda de Arenales, cuál era el núcleo familiar, preguntas para averiguar quiénes estaban detrás de esas guardias campesinas”.

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Un día más tarde, un grupo presuntamente de los mismos de las AGC dinamitó varios postes de la conexión eléctrica y dejaron sin luz las veredas de Mina Nueva y Cañaveral, que van a ajustar dos semanas a oscuras porque el grupo armado no ha permitido que se repare.

Poco después, el 29 de junio, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) entraron en combates con las AGC en la misma vereda Arenal donde estos habían incursionado. Los videos que la comunidad suministró de estos hechos muestran a varias decenas de civiles agachados resguardándose del fuego a plena mañana en lo que parece una caseta comunal, mientras en los potreros alrededor se escucha un tiroteo infernal.

Este enfrentamiento fue la gota que rebosó la copa en una situación de tensión y choques permanentes que se remontan a agosto del año pasado. Tras los combates, alrededor de 200 personas de la vereda Arenales y La Jagua se desplazaron masivamente el 30 de junio. Algunos llegaron a Segovia y Remedios, otros a El Bagre, aunque la gran mayoría de familias se concentraron en Rancho Quemado, otra vereda cercana, donde han conformado un espacio denominado “Refugio Humanitario”, con acompañamiento de varias organizaciones campesinas y de derechos humanos. Otras 100 personas se desplazaron el fin de semana que pasó.

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La Junta de Acción Comunal de la vereda Rancho Quemado envió a este diario un pronunciamiento ese mismo día, en el que aseguraba que 70 familias habían llegado al caserío. “El temor que tenemos las comunidades de la región es revivir los trágicos sucesos de violencia protagonizados por grupos paramilitares en la vereda Cañaveral, vividos en varios años anteriores y el año pasado en la vereda El Osito del municipio de Remedios”, dice el documento.

La Personería de Segovia le confirmó a Colombia+20 que la población desplazada supera las 200 personas, que esa cifra ha ido aumentando y que quienes llegan están “a la espera de que se continúe con los procesos de atención”.

Aunque esa entidad pudo entrar a la zona y llevar asistencia de alimentos y otros insumos básicos el viernes 30 de junio, y después el 2 y 3 de julio, reconoce que las ayudas son insuficientes por la magnitud de la crisis y los pocos recursos que tiene la administración municipal. Por eso, la Personería lanzó un llamado al Gobierno Nacional para que “se pueda vincular con ese proceso de atención, ya que nuestras capacidades son muy limitadas”. La entidad agregó que lo fundamental es proveer “garantías de que estas personas puedan retornar, pero mientras eso ocurre, poder atender de una manera digna a todas las comunidades”.

Primer desafío para el cese con el ELN

Los enfrentamientos también implican una variable a considerar en el cese al fuego bilateral entre el Gobierno y el ELN que se iniciará el próximo 3 de agosto, especialmente porque las hostilidades continúan con y entre otros grupos armados como las AGC.

“Esto es una situación que pone entre la espada y la pared al Gobierno Nacional y al ELN en el cese bilateral que han suscrito”, declaró Vera, de la organización Jesús María Valle, quien advierte que el mayor riesgo son los otros actores que no entran al cese: “Es una situación tripartita, son tres grupos armados que están desarrollando una arremetida para copar el territorio. El Gobierno Nacional debe buscar una instancia de diálogo de qué es lo que está pasando en el nordeste, por qué se están desplazando masivamente las comunidades, pues esto tiene repercusiones con el acuerdo de cese al fuego bilateral”.

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Vera también insistió en que la principal petición de las comunidades es que no se estigmatice más a sus líderes y organizaciones. Por eso exigen una política de desmantelamiento del paramilitarismo. Fuentes en la zona y de la oficina de prensa de la Séptima División del Ejército informaron que las tropas ya están en Arenales y en la zona de Rancho Quemado. Si bien los señalamientos de supuesta connivencia del Ejército con grupos irregulares han sido reiterados, los datos que brindan algunas fuentes en el terreno indican lo contrario: las tropas sí se han enfrentado con las AGC, incluso varios de sus hombres están heridos.

Colombia+20 confirmó que esta crisis puntual no se ha tratado en la mesa de diálogos del Gobierno con el ELN, aunque un comandante de esa organización señaló a este diario que el cese fue pactado con el Gobierno, pero “no con los otros grupos”.

El senador Ómar Restrepo, oriundo de la zona y antiguo miembro de las FARC, también afirma que el cese debería cobijar a otros grupos. El congresista habla desde la experiencia que le dio haber pasado décadas en la guerra y explica el reto que le queda al Gobierno con su política de paz total, que puede fracasar si no se logran acuerdos totales que desescalen la violencia: “El Gobierno se tiene que sentar con todos los actores armados; si no, los que queden van a copar los espacios dejados por otros o aprovechará los ceses al fuego para hacer acciones ofensivas”.

La pugna por el Magdalena Medio

Un reconocido líder político y social del nordeste antioqueño, que prefirió mantener su nombre en reserva, aseguró a este diario que las denuncias de una avanzada paramilitar en la región no son nuevas, pues se remontan al menos a septiembre de 2022, cuando se alertó ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República el hecho de que las AGC mantenían retenes permanentes en la zona, incluso a 10 minutos del casco urbano de Segovia.

Desde esa fecha, según ese líder, “ya había un proyecto de ellos [refiriéndose a las AGC] de hacer un corredor por el lado de Arenales, Puerto López, Santa Isabel de Amará y el Sur de Bolívar, para llegar a los caseríos de Mina Nueva o Rancho Quemado”.

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El ELN, por su parte, señaló en un comunicado que circuló en enero de este año que la avanzada paramilitar en la zona era impulsada por un reconocido ganadero de Remedios. Esta versión es aceptada por personas de la región, que aseguran que ese hacendado fue blanco de robo de ganado y de tierras por parte del ELN.

“Ese territorio tiene un futuro inmenso en la minería”, aseguró el líder político, quien agrega que detrás de las posibles pugnas y confrontaciones puntuales hay, además, un interés estratégico de estos grupos por apoderarse de una región rica en recursos auríferos que desde hace décadas han alimentado la guerra.

Pero las movidas estratégicas son más profundas e incluyen una avanzada general de las AGC para consolidar corredores desde el Bajo Cauca, uno de sus principales fortines, hacia el Magdalena Medio, donde han tratado de incursionar por diferentes vías.

Los enfrentamientos que se han registrado desde el 2021 en Los Canelos, Sinaí, Mina Chocho y Mina Viejito, en sur de Bolívar, son parte de la misma confrontación.

Mandos locales del ELN en Santa Rosa del Sur (Bolívar) también han afirmado, en documentos que se encontraron tras la liberación de cinco secuestrados, que la ofensiva general de las AGC tiene como objetivo apoderarse de la Serranía de San Lucas, en límites entre el nordeste de Antioquia y el Sur de Bolívar.

En esta lucha de fuerzas también entran las disidencias de las FARC, pues uno de sus grupos se mueve en la misma zona y, de acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, habría logrado una alianza con el ELN para impedir el ingreso de las AGC, que han realizado incursiones similares en toda la región.

El senador Restrepo le dijo a Colombia+20 que la salida de las FARC de ese territorio dejó un vacío de poder que ha sembrado las bases para la desestabilización actual: “La dinámica del conflicto era diferente: era el uno o el otro; hoy en día ninguno de los actores tiene la capacidad militar para imponerse y sacar al otro, entonces conviven ahí y la población civil es la más afectada”, puntualizó Restrepo, quien agregó que desde el Senado han pedido al Gobierno una intervención frontal en el nordeste antioqueño. “A la violencia se le quita oxígeno con inversión social, con oportunidades, con democratización de la tierra, generándoles a esos jóvenes posibilidades diferentes al conflicto para que puedan desarrollar sus proyectos de vida”, afirmó.