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El conflicto minero que viven los municipios de Segovia y Remedios, en Antioquia

La multinacional Gran Colombia Gold, ahora llamada Aris Mining, adquirió en 2010 un título a perpetuidad para extraer oro en ambos municipios del nordeste antioqueño. Desde entonces hay un conflicto con los mineros ancestrales y tradicionales que está lejos de ser resuelto. Esta semana podrá ver en Noticias Caracol el reportaje que Colombia+20 hizo sobre este tema, que hace parte de la serie “El costo del progreso”.

Camilo Alzate González
31 de octubre de 2022 - 01:00 p. m.
Un grupo de trabajadores observa la veta de oro en la mina Las Brisas, de Segovia (Antioquia).  / Mauricio Alvarado Lozada
Un grupo de trabajadores observa la veta de oro en la mina Las Brisas, de Segovia (Antioquia). / Mauricio Alvarado Lozada
Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

Jorge Sepúlveda se introduce agazapado por los socavones con la destreza de quien conoce desde niño cada grieta de la montaña. Es socio de la mina Las Brisas, en Segovia, y a 200 metros bajo la superficie enseña la veta de oro incrustada en las paredes, que son un laberinto húmedo y oscuro cruzado de cables, rieles, tuberías y hombres arrebatándole trozos a la peña.

“La minería es una aventura”, dice Jorge, una frase que cualquiera repite en esta región del nordeste de Antioquia donde toda la economía gravita alrededor del oro.

Las linternas de los mineros brillan como en un teatro de sombras y en los pasajes más angostos el agua llega a las rodillas. El oro, en cambio, no brilla; está encapsulado en partículas microscópicas entre el cuarzo y el mineral gris, que serpentea sin orden hacia arriba o hacia abajo, una veta que se gobierna por su propio capricho y que los mineros persiguen con golpes de dinamita, sudor y lucha.

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Hace una década que esta lucha ya no es únicamente contra la roca. El oro se pierde ahora en otro laberinto de memoriales y demandas, de amparos administrativos y órdenes de desalojo, de amenazas de muerte y persecuciones jurídicas.

“Desde la llegada de la Gran Colombia Gold empezó un problema caótico en nuestro pueblo, empezó la persecución”, dice Jaime Gallego, un líder social y antiguo sindicalista, quien preside la Mesa Minera de Segovia y Remedios, que agremia a muchas minas pequeñas y medianas de la región. Gallego se presenta como el hombre “más amenazado” del nordeste antioqueño y anda con un esquema de la Unidad Nacional de Protección, en una zona donde es palpable el control de los grupos armados ilegales, que imponen restricciones a la movilidad y cobran extorsiones a los mineros.

El conflicto se remonta al 2010, cuando esta multinacional canadiense compró, a través de una filial en Panamá, los restos de la Frontino Gold Mines, otra empresa británica quebrada y liquidada en los años 70, que había sido entregada a sus empleados y jubilados en dación de pago tras la quiebra, pero luego volvió a ser liquidada durante el gobierno de Álvaro Uribe, en un proceso al que los mineros acusan de irregularidades.

Frontino Gold Mines operó por más de un siglo en la región gracias a uno de los tres Reconocimientos de Propiedad Privada (RPP) que existen en el país, y nunca tuvo problemas con los mineros independientes que trabajaban dentro de su concesión o en los socavones abandonados por la compañía. Algunas de estas minas tienen más de cuarenta años de operaciones.

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Los RPP son una figura jurídica singular, que se remontan a los derechos adquiridos por viejos mineros del siglo XIX que “denunciaron” minas en el Estado soberano de Antioquia, la posesión sobre esos yacimientos les era adjudicada a perpetuidad, a diferencia de lo que ocurre con las concesiones actuales, que tienen plazos definidos y se pueden revocar.

Aunque la Frontino quebró y abandonó la región, bajo su título seguía enterrada una fortuna descomunal. La propia Gran Colombia Gold informa en su página de internet que en once años de operaciones ha extraído más de un millón de onzas de oro en Segovia y Remedios.

Por eso, lo primero que hizo cuando adquirió los restos de la Frontino (y con ello también la propiedad del título a perpetuidad) fue exigirle al Estado colombiano que desalojara a todos los mineros asentados en las 2.906 hectáreas de la concesión, que incluyen buena parte de la zona rural de Remedios y Segovia.

Si el desalojo se concreta desaparecerán más de 300 minas y 126 entables de procesamiento del mineral que dan empleo a miles de habitantes, según Yarley Marín, un minero que ha participado en censos y caracterizaciones realizadas por la Gobernación de Antioquia.

Después se acabaría el comercio para 96 compraventas de oro independientes y una compleja economía que implica desde carreteros, arrieros y volqueteros que mueven rocas, aserradores y vendedores de madera para apalancar los túneles, soldadores y metalúrgicos, restaurantes que alimentan a los mineros, hasta las famosas “chatarreras”, mujeres que llegan a las minas a barequear y rescatar algún castellano de oro entre los residuos estériles.

Un negocio polémico

El entramado de la Gran Colombia Gold tuvo cuestionamientos desde el principio. En sus escrituras de constitución y otros documentos que reposan en la Cámara de Comercio de Medellín consta que tomó impulso con capital de fondos canadienses, pero sus promotores en Colombia fueron unos venezolanos, entre los que estaban Lombardo Paredes, Miguel Ángel de la Campa y Serafino Iacono, un magnate italiano, los mismos detrás de la creación de Pacific Rubiales, que llegó a ser la mayor petrolera privada del país en la década anterior, pero terminó en un colosal desplome financiero entre escándalos de turbios manejos administrativos y arbitrariedades con contratistas y empleados.

Paredes, antiguo ejecutivo de Pacific, seguía hasta hace un par de meses como presidente de Gran Colombia Gold, aunque en sus primeros años la representante legal fue María Consuelo Araújo Noguera, exministra del gobierno de Álvaro Uribe, y perteneciente a un clan político del Caribe señalado de presunta cercanía con los paramilitares.

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La compañía contestó a un cuestionario enviado por Colombia+20 donde se asegura que desde su llegada “han impulsado el proceso de formalización de los mineros que realizan labores sin autorización en su título. Algunos mineros no han estado dispuestos a formalizarse, razón por la cual la compañía, en cumplimiento de la legislación minera, se ha visto obligada a iniciar amparos administrativos y otras acciones legales”.

Dicha afirmación es por lo menos discutible, pues la mayoría de mineros le reclaman al Gobierno la formalización, pero le exigen otras opciones que no signifiquen asociarse con la empresa, pues de entrada se consideran en desventaja: “Firmar un contrato con ellos sería la sentencia de muerte para nosotros”, se queja Elías Marín, de la mina El Cogote.

La multinacional impone como condiciones para asociarse firmar un documento donde los mineros reconozcan que ellos venían desarrollando una actividad “ilegal”, que todo el mineral debe ser procesado en su planta de beneficio, pone el precio de oro y ofrece porcentajes de ganancia por tonelada que no son rentables, explica Yarley Marín.

Tampoco reconoce ganancias por el cobre, la plata y otros minerales que extrae, además se da la potestad de terminar los contratos a su criterio. Por ello, mineros que llevan décadas mejorando sus maquinarias y construyendo túneles perderían sus inversiones de la noche a la mañana.

De acuerdo con la multinacional, 63 minas pequeñas se han asociado y esta “ha sido la única experiencia exitosa [de formalización] y en crecimiento sostenible, que se ha llevado a cabo en Colombia”. Pero es otra afirmación discutible, pues es un secreto a voces que muchas de estas minas asociadas procesan —a escondidas de la empresa— su mineral en los viejos entables donde aún se utiliza mercurio, porque así obtienen mejores rendimientos vendiéndolo a particulares.

Además, asociarse con la empresa les permite obtener explosivos de manera legal, lo que ha favorecido un mercado negro de la dinamita; quienes tienen aval de la compañía compran explosivos para revenderlos bajo cuerda a un precio que es hasta cuatro o cinco veces mayor. La Mesa Minera asegura que todo esto lo conoce la multinacional, pero prefiere no actuar porque necesita exhibir resultados en el proceso de formalización.

La multinacional dijo a Colombia+20 que cuando se enteran de alguna irregularidad los contratos son “rescindidos de manera unilateral, sin perjuicio de las denuncias y acciones judiciales que la compañía debe tomar”, pero no citó algún caso concreto en donde esto hubiera ocurrido, a pesar de que habíamos formulado la pregunta.

“Depredadores del medio ambiente”

“Nos dicen que somos depredadores del medio ambiente, pero demostramos con una acción popular que ellos son los que han contaminado en Segovia y Remedios”, dice Jaime Gallego mientras señala una gigantesca chimenea siempre humeante que brota de la montaña. Es la extractora de los socavones de la multinacional, por allí sale el humo de decenas de volquetas, cargadoras y maquinarias que se mueven por sus túneles.

La narrativa para perseguir a los mineros tradicionales empezó cuando se ilegalizó su labor con varios artículos del código minero que declaran ilícita cualquier explotación que no posea un título, como es el caso de la mayoría de minas en Segovia y Remedios.

Luego se les acusó de contaminar el medio ambiente por emplear mercurio para refinar el oro en sus entables de procesamiento, algo que es cierto y ellos no niegan, pero para lo cual necesitan de la formalización y así realizar inversiones en tecnologías limpias que no impliquen el uso de este metal.

“Hemos reducido el mercurio, Segovia fue el municipio más contaminado por mercurio en Colombia y el tercero a nivel mundial”, explica Yarley Marín, “hoy lo hemos reducido en un 75 %”, asegura.

Lo paradójico es que después de reiteradas denuncias de la comunidad y una acción popular que llegó al Consejo de Estado, se demostró con pruebas técnicas e informes de Corantioquia que, entre 2011 y 2016, la multinacional vertió residuos tóxicos por encima de lo permitido en depósitos no autorizados de lodos y varias quebradas de Segovia, una afectación que Corantioquia calificó de “severa” y por lo que impuso una multa de $2.948 millones que la empresa asegura haber pagado.

El fallo del Consejo de Estado que condenó a la multinacional afirma que a “los líquidos residuales del proceso de flotación no se les realiza un tratamiento previo al vertimiento a la fuente hídrica, conforme a las sustancias químicas allí encontradas; sino que el vertimiento se hace de manera directa por mangueras, evidenciándose la presencia de cianuro, mercurio, arsénico, cadmio, cobre, hierro, plomo y zinc; todos superando los valores máximos permisibles”.

Otro aparte de la decisión en primera instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia explica que 152.362 toneladas de material procesado por la multinacional en 2014 acabaron vertidos en la quebrada La Cianurada“convirtiéndose esta empresa en la mayor contaminante de la cuenca La Cianurada y de toda la jurisdicción de Zenufaná”.

La multinacional respondió que acata las decisiones del Consejo de Estado y que ha “celebrado, con el equipo técnico de Corantioquia, reuniones de seguimiento a las órdenes dictadas por el fallo que competen a la compañía”. También dice que desarrolla “planes de ejecución y estrategias conducentes a cumplir con dichas órdenes, que, como lo indica el alto tribunal, se darán bajo los lineamientos que Corantioquia establezca”.

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La pelea jurídica

Varias minas con tradición de hasta cuarenta años en la región entablaron siete procesos de prescripción de dominio para que se les titule la propiedad sobre los terrenos que han ocupado de forma pacífica desde mucho antes de la llegada de Gran Colombia Gold. Es el caso de la Asociación Mutual de Mineros El Cogote, con un centenar de socios y más de 600 empleados directos que laboran en un túnel a escasos metros de una de las bocaminas de la multinacional. Ninguno de estos procesos ha prosperado.

La que sí prospera es una demanda internacional de Gran Colombia en contra del Estado colombiano interpuesta en 2018 ante un Tribunal de Arbitramiento adscrito al Banco Mundial. Sus pretensiones iniciales eran una indemnización de US$250 millones, aunque los abogados aseguran que el monto podría llegar hasta US$800 millones que Colombia tendría que pagarle a la multinacional.

La empresa alega haber solicitado más de 400 amparos administrativos y peticiones ante las autoridades para proteger su título minero, así como el desalojo de los mineros a los que califica de “ilegales”. Pero, dice, la mayoría de estos amparos quedaron suspendidos durante años y apenas una “pequeña fracción” consiguió su propósito. Por ello, aseguran que tanto las autoridades de Policía como los alcaldes “fallaron” al proteger las inversiones de la empresa.

“Según sus argumentos, hay incapacidad del Estado para desalojar a los mineros ancestrales y tradicionales”, explica Ana María Espinoza, abogada de la mina El Cogote: “Si por alguna circunstancia ese laudo arbitral sale adverso al Estado, va a abrir una jurisprudencia internacional. La mayoría de estas multinacionales van a demandar al Estado colombiano”.

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La multinacional prefirió no comentar el tema ni aportar documentos o pruebas, como lo solicitamos, aunque aseguraron que “el proceso se encuentra en una etapa avanzada”.

No obstante, este diario tuvo acceso a algunas pruebas que la empresa ha aportado en el proceso y una de ellas es llamativa: se trata de un boletín de la Policía Nacional sobre operativos contra minería ilegal en Segovia y Remedios con fecha del 16 de septiembre de 2021.

“Duro golpe a las finanzas del grupo delincuencial Cogote en Antioquia”, dice el documento, refiriéndose a unos polémicos operativos en los que fueron capturados varios socios de la mina La Rubiela, entre ellos Alexánder Castañeda, jefe del cuerpo de bomberos de Segovia, acusados de minería ilegal.

Pero no existe ningún grupo delincuencial “Cogote”, o al menos así se desprende de una aclaración de la Fiscalía donde confirma que “la Asociación Mutual de Mineros El Cogote (Asomutualco) no tiene ningún vínculo con el proceso de extinción del derecho de dominio dado a conocer por la entidad el pasado 16 de septiembre, a través sus canales informativos”,

Esta retractación sostiene que “sobre la presencia del nombre El Cogote, como remoquete de una estructura ilegal dedicada la explotación y comercialización ilegal de oro y el tráfico de explosivos, se precisa que este se desprende de procedimientos judiciales efectuados por la Dirección de Carabineros” y que “la Fiscalía General lamenta que inescrupulosos hagan uso de nombres o distintivos para amparar actividades ilícitas”.

No está claro por qué Gran Colombia Gold aportó como evidencia un boletín impreciso que la misma Fiscalía desmiente, aunque la abogada Espinoza dice que podría ser una prueba fabricada para atacar a la mina que más se ha opuesto a sus intereses.

Sobre este punto consultamos por correo al gerente Lombardo Paredes y a su oficina de prensa, pero no obtuvimos respuesta a esta pregunta específica.

Si el Tribunal de Arbitramiento falla en contra del Estado colombiano, tendría consecuencias devastadoras “no solamente en Colombia, sino en América Latina”, dice Espinoza, “donde los procesos de formalización de la minería tradicional han sido prácticamente nulos, por la apertura que se ha dado a esta confianza inversionista sobre los recursos naturales”. Este diario buscó a Álvaro Pardo, director de la Agencia Nacional de Minería, para preguntar, entre otras cosas, por la situación de los mineros y la demanda internacional, pero prefirió no pronunciarse.

Lejos del pulso en los tribunales, en la profundidad oscura de Las Brisas, Alejandra, una muchacha que empuja los vagones con roca, se queja de la persecución: “Nos tratan como a unos criminales”, dice, “solo porque la multinacional tiene mucho dinero hacen lo que quieran”.

Camilo Alzate González

Por Camilo Alzate González

Licenciado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cubre temas relacionados con paz, derechos humanos y conflicto armado.@camilagrosocalzate@elespectador.com

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