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Amnistía Internacional es un movimiento con más de siete millones de personas en todo el mundo. En 2017, la organización publicó el informe Continúan los años en soledad: Acuerdo de Paz y garantías de no repetición en las comunidades del río Atrato, en el Chocó. El análisis señaló las violaciones que sufren las poblaciones indígena y afro. Según el movimiento, entre ellas están los desplazamientos masivos y la violencia de grupos armados. Las cosas, sin embargo, no han cambiado mucho dos años después.
Karina Sarmiento, directora adjunta de Amnistía Internacional para las Américas, se reunió con el Ministerio del Interior para dar el parte respecto a las violencias que, aclaró, son perpetradas tanto por el Estado como por los grupos ilegales. Afirmó que la implementación del Acuerdo de Paz es crucial para frenar la violencia en ese territorio.
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¿Ha cambiado en algo el panorama para el Chocó de 2017 a 2019?
En el informe una de las cosas que se detectaron era que la comunidad vivía una situación permanente de violencias. Hoy en día los habitantes del Bajo Atrato viven una situación más dramática. Ahora, cuando arrancaron las negociaciones del Acuerdo de Paz y se concretó hubo un espacio en donde la comunidad vivió con tranquilidad, pero no puedo afirmar que experimentaron la paz.
¿Cuáles son esas formas de violencia que menciona?
Una de ellas está vinculada a la presencia de grupos armados. La otra tiene que ver con la ausencia estatal en el territorio, que lleva a la violación de los derechos humanos de los habitantes del Chocó. Carecen de los servicios básicos, como la educación y la salud.
¿Qué causa el confinamiento en un territorio como el Bajo Atrato?
¿Confinamiento en un lugar abierto, en el campo? Te preguntas, ¿cómo? Pero el miedo a no poder salir ni pescar, el temor a pisar la tierra propia, porque esta puede estar minada, es algo latente. El confinamiento es perverso. Es un temor permanente de vivir un enfrentamiento.
¿El confinamiento es lo más crítico en este momento?
Sí. Es el resultado de la presencia de minas antipersonales, de grupos armados y del miedo de la población a encontrarse en el cruce de enfrentamientos entre el Eln y las Agc.
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¿Cómo se da esa violación de los derechos humanos en el Atrato?
Hay dos momentos. Uno son los derechos económicos, sociales y culturales, que realmente han sido desatendidos por el Estado. Si garantizara esos mínimos, tal vez le permitiría a la población ir cambiando de estrategias, tener un poquito más de oportunidades.
En segundo lugar están los derechos civiles y políticos. Esos también están en riesgo justamente por la violencia producto de los grupos armados.
¿Qué habló con el Ministerio del Interior?
Tuvimos la reunión con Francisco Chaux, viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior. Lastimosamente no estuvo la ministra Nancy Patricia Gutiérrez. Le expusimos que no podemos avanzar en la construcción de paz si no lo hacemos conjuntamente con otros ministerios para llevar servicios públicos. Es decir, atención a los derechos económicos, sociales y culturales. Le manifestamos que el Acuerdo de Paz contiene varias soluciones que implementadas podrían ayudar a bajar las tensiones en el territorio. Poner en funcionamiento la comisión de garantías de seguridad sería un primer paso, pero no se está aplicando.
La tercera tiene que ver con las medidas de protección a los defensores de derechos humanos. Actualmente, las medidas de protección están enfocadas desde lo individual, pero es también necesaria la colectiva, de la cual no nos mencionaron nada. Lo que piden las comunidades es que cuando se evalúe el tema de riesgo se tomen en cuenta las medidas colectivas de protección para que el defensor pueda continuar con sus funciones.
¿Qué certezas les dio el Ministerio para afrontar esa crisis?
Que el organismo ha arrancado una mesa intersectorial del Chocó, en la que están convocadas varias carteras y organizaciones no gubernamentales para avanzar en resolver la situación del Chocó. Solicitamos que Cocomacia (Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato) haga parte de ese espacio. Nos gustaría tener acceso a la información sobre los avances que se han dado en esa mesa, en relación con los derechos humanos. Pero hay muy poca información disponible. Del espacio hace parte el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, que aglutina las organizaciones locales, pero dijeron que tuvieron un encuentro hace rato.
¿Qué lectura hace de la respuesta del Gobierno?
Que debe haber un punto de partida para implementar un acuerdo, sea el de paz o el inicio de crear una infraestructura y desarrollar la institucionalidad en el territorio. Y ese punto de partida no puede ser construido de manera aislada o solamente a través del Ministerio del Interior. Y sobre todo, no puede ser construido sin las comunidades. Entonces, llamar a unos representantes de la comunidad y no tomar pasos para difundir la información o los planes para la zona pues no nos ayuda, porque seguimos en el mismo punto de partida.
¿Entonces cuál sería un logro de su reunión con el Ministerio del Interior?
Poder hacer un monitoreo de cómo esa mesa y esos planes, en efecto, van avanzando. Y, también, clarificar la participación de la sociedad civil en este espacio. Cocomacia es un actor clave. Esperamos que suceda. Nos han dicho que tal vez en enero o febrero de 2020 podría ser la nueva convocatoria. Pedimos también acceso a los documentos trabajados en ese espacio. La idea es construir desde lo ya construido. Esperamos contar con ella.
¿Cómo ve la implementación del Acuerdo de Paz del Gobierno?
Las comunidades y la población colombiana han sido claras en la necesidad de tener una respuesta institucional estatal sólida y fuerte. En ese sentido, el Acuerdo de Paz contiene muchos de los pedidos de las comunidades. Entonces, es necesariamente un camino a seguir. Crear otras instancias, documentos y guías para la paz me parece que podría confundir y crear un desorden innecesario. Colombia lo demanda a gritos y los del Chocó se escuchan en Bogotá y en otras partes del país. No podemos negar la importancia del Acuerdo y el Chocó exige su implementación.