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Fredy Leandro Tapias de 25 años era un campesino de Ituango (Antioquia) y Humberto Eliécer Jaramillo Tapias era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebradoncita de ese municipio. Ambos fueron asesinados el 7 de agosto de 2022 en ese lugar, donde ejercían un liderazgo social y participaban en el plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
El más reciente estudio de Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep/PPP) llamado ‘Reclamar y morir: exterminio del liderazgo social de base en Colombia, 2016-2022′ identificó en los registros fueron recopilados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política un total 1.268 víctimas de asesinatos entre liderazgos sociales y excombatientes de las FARC entre 2016 y 2022 (951 líderes y 317 firmantes de paz); así como 207 víctimas de atentados y lesiones graves; 36 de desaparición forzada y 128 agresiones contra familiares de estas personas en el marco de tiempo establecido.
Fredy y Humberto hacen parte de los 951 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC entre el 26 de septiembre de 2016 y el 7 de agosto de 2022. Esta información hace parte de las ediciones de la Revista Noche y Niebla, que documenta las violaciones de derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la Violencia Político-Social en el país.
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Según la investigación, entre las agresiones también se contaron las hechas contra familiares de las lideresas y líderes, que resultaron heridos “por estar en presencia de sus parientes o como posible represalia por tener vínculos consanguíneos y afectivos con las personas que ejercen liderazgos”. En ese caso, se registraron 88 agresiones, que corresponden a 99 víctimas (76 hombres y 23 mujeres).
Por ubicación geográfica, los seis departamentos donde más se pudieron documentar hechos victimizantes contra líderes sociales fueron Cauca, con 277 víctimas, seguido de Antioquia, (155), Valle del Cauca (112), Nariño (97), Norte de Santander (80) y Putumayo (74).
Desapariciones forzadas y sobrevivientes de los ataques
El documento también muestra casos de desapariciones forzadas de líderes y lideresas. “En los casos aquí registrados, los que solo representan una cantidad pequeña de una práctica mucho más generalizada, en algunos casos como desaparición definitiva y en otros como desaparición temporal, pero que se ciñe de todos modos a los parámetros esenciales del crimen: privación de la libertad acompañada de negativa de información sobre su suerte o paradero, revelan a las claras el objetivo del crimen: disuadir a las víctimas y a sus entornos familiares, sociales y políticos, de sus compromisos en favor de la justicia y la verdad”, explica el informe.
En total, el Cinep identificó 36 casos de desapariciones temporales o definitivas. Uno de ellos es el que padeció el 13 de enero de 2018, Blanca Nubia Díaz, lideresa fundadora e integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quien fue desaparecida, torturada y amenazada de muerte por hombres armados, en hechos ocurridos en cercanías a su residencia. “Blanca Nubia fue abordada por dos hombres que la secuestraron y sedaron, y posteriormente la dejaron tirada cerca al Centro Distrital de Memoria. Los dos hombres interpelaron a Blanca diciéndole: “guerrillera sapa siga haciendo campaña”. Adicionalmente, los dos hombres le cortaron a Blanca su cabello, en un acto que representa un hecho de violencia de género imperdonable”, dice la denuncia recopilada por el Cinep.
Díaz fue liberada, pero ha seguido siendo objeto de actos de intimidación, seguimiento y desplazamiento forzado que evidentemente buscan impedir que exija verdad y justicia para su hija desaparecida.
El último registro que tiene el informe de esta práctica es del 10 de mayo de 2022. Se trata del caso de Jhon Fredy Cerquera presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Pajuil e hijo del líder Adín José Cerquera Huaca, fue desaparecido por paramilitares. “Paramilitares se llevaron a Adín y Jhon Fredy, al día siguiente, hacia las 9:00 a.m., los familiares encontraron el cuerpo sin vida de Adín y dos días después los paramilitares liberaron a Jhon Fredy”, dice el documento.
El Cinep también documentó los casos en que los líderes y lideresas sobreviven a los ataques, pero son víctimas de “mutilaciones, pérdidas de órganos, heridas, disfunciones orgánicas y/o traumatismos”. El informe muestra 175 casos ocurridos entre 2016 y 2022, entre ellos algunos hacia población LGBTIQ como el que ocurrió el 25 de marzo de 2020 en Medellín contra John Restrepo, reconocido defensor de derechos humanos de la población LGTBIQ+ y un activo líder social de la Comuna 8 de Medellín. Restrepo “fue víctima de un atentado cuando desconocidos le propinaron varias puñaladas que lo dejaron con heridas de consideración. El hecho se presentó en la sede de la organización Casa Diversa, en el barrio Villatina”, registra la investigación.
“En general, es apremiante que en la sociedad exista un mayor reconocimiento sobre la trascendencia, legitimidad y necesidad de la labor que desempeñan los líderes sociales. Y, en el caso de los líderes LGTBIQ+, la situación es aún más imperiosa, ya que su labor es percibida entre algunos sectores como algo inmoral, reprochable o menos relevante, comparado con la defensa de otras causas. Incluso, esta percepción existe entre algunos sectores de movimientos y organizaciones sociales”, detalla el informe.
Las muertes y atentados contra excombatientes de las FARC
El equipo investigador también documentó los casos de asesinatos, desapariciones, atentados y agresiones hacia excombatientes de las FARC. Identificaron 317 casos de firmantes de paz asesinados, entre ellos el de Rigoberto López Vallejo, quien fue asesinado el 31 de julio del 2022 en San Miguel (Putumayo) por el grupo armado Comandos de Frontera. En esa edición se hace un repaso uno por uno de los 317 casos y se cuenta sus labores de reincorporación, fecha y lugar de su muerte y, en algunos casos, el espacio territorial al que pertenecía.
“En el caso de los excombatientes de las FARC-EP sus familiares han sido agredidos de forma directa atentando contra su vida e integridad: se encontraron 21 casos que corresponden a 29 víctimas: 18 hombres, 7 mujeres y 4 personas sin identificar”, explica la investigación.
Según el Cinep, los y las excombatientes fueron asesinados en 115 municipios del país, y los departamentos con mayor número de casos registrados son: Cauca con 63 víctimas, seguido por Nariño con 36, Caquetá con 29, Antioquia con 27, Putumayo con 26 y Meta con 24. “Otros departamentos con alta victimización fueron: Norte de Santander con 21, Valle del Cauca con 19 y Chocó con 17. Se registraron también dos casos en Ecuador, el primero, en la provincia de Sucumbíos, frontera con el departamento de Putumayo, y el segundo hecho en Masaya, provincia de Quito”, se explica en el documento.
La determinación de los presuntos responsables de estos actos de violencia sigue siendo un gran reto para los y las investigadoras de este país, debido al amplio margen de desinformación, no identificación de los actores e impunidad de los casos. Del total de las muertes, 338 cuentan sin información sobre el presunto responsable, seguido de 17 atribuidos a paramilitares, siete a disidencias de las FARC y 7 al ELN.