Infierno en EE.UU.: colombianos presos por drogas quieren ser repatriados

Ilustración de Jonathan Bejarano

Foto: Diseño EE

La llamada la interrumpe cada par de minutos la grabación de una operadora: “esta llamada es de una prisión federal”. Al otro lado de la línea habla Wenceslao Cetré, de 69 años, desde la prisión Coleman Low, en Florida. El próximo 11 de noviembre cumplirá 21 años preso en ese país, lejos de su natal Buenaventura, desde que en 2001 lo capturó la Guardia Costera de Estados Unidos en alta mar a bordo de una lancha tratando de llevar droga al norte del continente. 21 años sin ver a su familia. Y probablemente no la volverá a ver, porque fue condenado de por vida.

Wenceslao fue pescador toda la vida. Anduvo en canoas y pescó con atarraya, hasta que se subió a los barcos pesqueros y llegó a ser capitán. Pero la pesca no dio más. Edith, su sobrina, recuerda que cuando llegaba de la escuela solía encontrar a su tío en casa porque, de nuevo, no había conseguido trabajo. No le salía nada en los pesqueros, y llegaba a casa buscando comer “arroz con algo”. De él dependían sus tres hijos, y Edith, que era prácticamente una cuarta hija.

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Ya más grande, Edith empezó a escuchar que a su tío le había salido un viaje. Un viaje que le iba a cambiar la vida. “Eso era muy común en Buenaventura, uno escuchaba que el vecino, que muchos se iban para el norte”, cuenta ella. Irse para el norte: embarcarse con otros cuatro marineros, cargarse con dos toneladas de cocaína y surcar el Pacífico para entregar la mercancía en algún país de Centroamérica o en México, para que de allí siga su camino hacia Estados Unidos.

“El riesgo es 50 % de que usted pase, 50 % de que lo agarren”, resume José María Rebolledo, oriundo del Pacífico nariñense, desde Coleman Medium, otra prisión en Florida, donde paga una condena de 25 años desde septiembre de 2019, cuando lo capturaron en alta mar. Los delitos que se les imputan en estos casos son conspirar para distribuir cocaína y posesión con la intención de distribuir cocaína en el país norteamericano. Aunque parezca difícil de creer, es la segunda vez que cae preso en una cárcel en Estados Unidos.

Rebolledo nació y se crio en Iscuandé, pero cuando entraron las guerrillas y luego los paramilitares, salió huyendo con su esposa y sus tres hijos hacia Buenaventura y se metió a trabajar como mecánico en los barcos pesqueros. Levantó una casa de madera en el barrio Juan XXIII, quizá el más peligroso del puerto, donde los grupos armados se disputan el control y se llevan a los muchachos.

Conseguir trabajo era una odisea, hasta que lo buscaron para “viajar”. “Todos los días en la zona del Piñal hay gente contratando, ‘hey, ¿tú quieres viajar?’, les ofrecen a los lancheros. A toda esa gente la buscan para eso, porque como saben que uno tiene experiencia en el mar y como ven la necesidad, lo buscan para eso”, cuenta. El 13 de septiembre de 2003 aceptó hacer uno de esos viajes y jugarse la vida por $37 millones, la mitad antes de irse y la otra al regresar. Pero no volvió: a la altura de Costa Rica lo capturaron y un juez de Estados Unidos lo condenó a 13 años de prisión.

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El 30 de mayo de 2016 aterrizó en Colombia y quedó en libertad. Volvió a Buenaventura, a reunirse con su familia, y a buscar de nuevo trabajo, pero allí solo estuvo tres años hasta que se volvió a embarcar. ¿Por qué después de haber pasado más de una década en una cárcel de Estados Unidos volvió a arriesgarse en un viaje de esos? Su respuesta: la necesidad. En esta ocasión, ya en 2019, le ofrecieron $50 millones. “La plata era para construir la casa. Uno se arriesga no es porque quiera darse una vida de rico, usted puede ir a mi casa en Buenaventura y ver cómo está la casa donde yo vivo; la madera está podrida y está que se le cae encima a mi familia”.

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Darlene Calzon es abogada de Florida y durante los últimos 20 años ha llevado los casos de un sinnúmero de lancheros colombianos que captura la Guardia Costera transportando droga. Explica que el caso de Wenceslao Cetré –capturado en 2001– fue uno de los primeros de ese tipo y, sin conocer bien a qué se enfrentaban, decidieron irse a juicio. “Él fue a juicio y perdió. Y como perdió, la condena iba a ser alta porque perdía todos los beneficios por declararse culpable o por no tener antecedentes, entre otros; y por eso le dieron vida”, explica.

Hoy casi todos los lancheros capturados llegan a un acuerdo con los jueces en el que aceptan su culpabilidad y, como resultado de ello, hace un tiempo los estaban condenando a 11 años. Sin embargo, la abogada Calzon explica que actualmente las condenas están siendo por seis o siete años: “los jueces han tomado la decisión de que estos marineros son como mulas; mulas a las que les pagan bastante bien, pero mulas”.

Pero Cetré ya lleva 21 años y se hizo viejo tras las rejas en Estados Unidos. Desde 2014 ha presentado varias veces un recurso que se conoce como “compassionate release”, o liberación por razones humanitarias, con base en su avanzada edad (69) y los padecimientos que ahora lleva encima: es hipertenso, prediabético y lo consume un dolor intenso en el nervio ciático, pese a que fue operado en 2017. Sin embargo, la Corte del distrito le ha negado la libertad. La última vez que lo presentó, en abril de 2020 debido a la pandemia de covid-19, la Corte dijo que sus condiciones de salud no constituían “razones extraordinarias y convincentes” para otorgarle la libertad bajo razones humanitarias. “Dijeron que yo no me estaba muriendo”, dice Cetré.

La abogada Calzon explica que la consideración que usan los jueces es si los presos están en condiciones de cuidarse por sí mismos y en caso afirmativo, niegan la libertad. Recuerda que ha logrado enviar a casa al menos a dos colombianos, pero porque eran enfermos terminales. En uno de los casos, el preso tenía cáncer, fue liberado, devuelto a Colombia, pero solo vivió alrededor de seis meses más. Sin embargo, ese recurso sigue siendo una esperanza para Wenceslao Cetré, que no quiere pasar el resto de sus días en esa prisión.

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El 15 de agosto pasado, apenas una semana después de haberse posesionado, al despacho del presidente Gustavo Petro llegó una petición que busca que los presos colombianos en Estados Unidos puedan ser repatriados y terminen de pagar sus condenas en Colombia. El documento lo firma Carlos Javier Marulanda, pereirano que pasó 30 años de su vida preso en ese país condenado por delitos de drogas. Es hermano del exsenador Iván Marulanda.

En concreto, la petición plantea dos vías. Por un lado, que Colombia adhiera a alguno de los tratados multilaterales internacionales vigentes que permiten el traslado o repatriación de presos en países extranjeros. Se refiere entre ellos al Convenio sobre el traslado de personas condenadas del Consejo de Europa, firmado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983 y que entró en vigencia a partir de 1985; también a la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, adoptada por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1993 en Managua (Nicaragua).

O, por otro lado, que se formalice un tratado bilateral de traslado o repatriación de prisioneros entre Colombia y Estados Unidos.

Paralelamente, Marulanda está promoviendo la creación de la Asociación Prisioneros Colombianos en el Exterior (Pricolex), que los representará jurídicamente ante instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Decenas de ellos en distintas cárceles ya se han asociado a la organización.

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La petición enuncia un decálogo de razones basadas en la política penal moderna, que se ha orientado hacia la rehabilitación social de los condenados. “El tras-lado o repatriación de nacionales prisioneros en un país extranjero a su país de origen es la política más acertada para garantizar su rehabilitación, resocialización y reinserción a la comunidad; a los prisioneros colombianos en los Estados Unidos se les han violado y se les continúa violando sus derechos constitucionales; no existe una razón válida por parte del Gobierno colombiano para rehusar su adhesión a los tratados multilaterales vigentes en los cuales participan los Estados Unidos, o para no suscribir un tratado bilateral con esta nación”, se lee en el documento.

Las violaciones a los derechos humanos que denuncia la petición de Marulanda las conoce bien Segundo Ortiz Salazar, oriundo de Buenaventura, padre de ocho y hoy preso en Oakdale, una prisión en Louisiana. Tiene 52 años y hace tres lo capturaron en aguas a la altura de Costa Rica, rumbo hacia Guatemala. Lo montaron en un buque de los Estados Unidos, lo encadenaron y lo mantuvieron allí durante unos 10 días, con comida racionada, en lo que algunos han denominado “prisiones flotantes”. De allí se lo llevaron para el país norteamericano y lo condenaron a 17 años. Ese era el primer viaje que hacía y lo había aceptado porque “lo que me estaba ganando (como mecánico en barcos pesqueros) no me daba ni para el estudio de los hijos”.

La mayoría de quienes han sido capturados en alta mar no lo han sido en aguas de jurisdicción de Estados Unidos. Sin embargo, existe un acuerdo firmado en 1997 entre el Gobierno de Colombia y el de Estados Unidos “para suprimir el tráfico ilícito por mar”, que permite que en embarcaciones cargadas de droga interceptadas en lo que ese país considera aguas internacionales “el Gobierno de los Estados Unidos tendrá el derecho de ejercer jurisdicción sobre la nave retenida, las personas a bordo y la carga”. El documento fue firmado por María Emma Mejía, entonces canciller colombiana.

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El viaje en el que detuvieron a Wenceslao Cetré era el segundo que hacía. En el primero, había zarpado de Satinga (Nariño) con dos toneladas y entregó en Oaxaca, un estado en el sur de México. Le pagaron $80 millones, con los que construyó casa, pagó estudio para los hijos y les dio regalos. Por el segundo viaje le iban a pagar $120 millones (era 2001), un monto que les cambiaría la vida a él y a su familia. “El anhelo mío era que mis hijos pisaran una universidad”.

El viaje lo hizo por su familia, pero mientras ha estado en esa cárcel, ya se le ha desintegrado. Desde que cayó preso, se murieron su padre, su hermano menor y varios primos. Sus tres hijos ya pasaron los 35 años y están regados fuera de Buenaventura. “Yo me arrepentí desde los primeros años que dejé de verlos a ellos”, lamenta. Y agrega: “Le cuento que aquí el que no tiene para negociar su libertad, aquí se muere. Los verdaderos capos vienen aquí y resuelven con no sé cuántos millones de dólares, hacen cinco, seis, siete años y se van; otros nos quedamos viviendo aquí”.

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Hay una esperanza. El pasado 7 de septiembre, la petición de Carlos Javier Marulanda fue respondida desde el Ministerio de Justicia, en un documento firmado por Nicolás Murgueitio Sicard, director de Asuntos Internacionales. El Ministerio explicó que el ordenamiento jurídico colombiano establece el traslado de personas condenadas por reciprocidad mediante canje de notas con los países con los que no exista un instrumento internacional vigente, siempre que se cumplan las razones humanitarias definidas por la Comisión Intersectorial para el Estudio de las Solicitudes de Repatriación de Presos.

Por ende, a raíz de la petición, el Ministerio dijo que solicitó por vía diplomática pronunciamiento de Estados Unidos sobre la viabilidad de gestionar el traslado de prisioneros por reciprocidad. Según el documento, el Departamento de Estado de ese país informó que “el único mecanismo que utilizan las autoridades estadounidenses para realizar el tras-lado de condenados es con fundamento en un tratado bilateral o multilateral vigente de transferencia internacional de prisioneros”.

La entidad abrió la puerta a que eso sea posible: “esta cartera ministerial analizará la posibilidad y conveniencia de adherir a tratados multilaterales teniendo en cuenta los lineamientos que ha determinado la Corte Constitucional al abordar la situación de sobrepoblación carcelaria que afronta el país, o la posibilidad de negociar un tratado bilateral en la materia con el país norteamericano”.