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“Desde Bocas de Sipí a Potedo nadie se mueve por el río. Lancha o bote que se mueva se tiene que ir para atrás hasta que solucionemos ese problema. Va a haber plomo por ahí, entonces avisamos a la gente para que no se vaya a quedar en el medio”.
Este es el cruento mensaje de audio que se ha compartido por redes sociales donde se escucha la voz de un hombre que sin piedad lanza su amenaza y advierte de las confrontaciones en el río San Juan, que han provocado que más de cinco comunidades del departamento del Chocó estén confinadas desde el jueves pasado.
Muy cerca a ese punto, en Puerto Murillo, unas 200 personas también permanecen confinadas desde hace tres días, cuando hombres armados llegaron a la zona rural del municipio chocoano y tomaron a sus habitantes como escudo humano para defenderse de los enfrentamientos del otro grupo armado.
Desde hace por lo menos tres semanas, las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo —conocido también como AGC y autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— han desplazado al menos a 100 personas, que tuvieron que salir de la comunidad del Sesego, en Novita, también en Chocó. Los hechos violentos suceden la misma semana en que el Gobierno hizo pública una reunión con los máximos jefes del Clan, considerado el grupo más grande del país, y anunció el inicio de un diálogo exploratorio.
Decenas de personas en los municipios de Sipí, Litoral del San Juan, Medio San Juan y algunas comunidades de Istmina que están sobre el río temen por la arremetida violenta que se está viene intensificando en todo Chocó, según denunció a Colombia+20 una lideresa social de la región.
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Este diario habló con Jorge Mantilla, experto en crimen y conflicto, quien explicó que la arremetida violenta del ELN en Chocó haría parte de un plan de esa guerrilla para asentarse en los territorios que considera necesarios para que, de cara a las elecciones de 2026, su mesa de negociación sea imprescindible.
“Los combates en Chocó hacen parte de esa idea del ELN en el marco de un rompimiento de la mesa de negociaciones, pues hay que consolidar el territorio que les queda e impedir perderlo definitivamente frente a la avanzada del Clan del Golfo, sobre todo también teniendo en cuenta que se abre una nueva mesa de conversaciones con este grupo”, aseguró Mantilla.
Los otros departamentos con conflictos crecientes
Pero Chocó no es el único escenario de guerra. En Arauca, el ELN sostiene enfrentamientos con las disidencias de las FARC comandadas por Iván Mordisco, en lo que parece una lucha por mantener su bastión histórico. En otras regiones como el Nordeste Antioqueño y el Magdalena Medio, el sur de Bolívar, y Cauca, la violencia también ha escalado. Líderes sociales asesinados, comunidades confinadas y una respuesta del Gobierno a la crisis poco efectiva configuran un panorama preocupante para la seguridad del país.
En los últimos meses en al menos nueve regiones en Colombia se ha acrecentado la crudeza del conflicto y, en no pocos casos, según expertos consultados por este diario, podrían desencadenar una crisis humanitaria parecida a la que desde hace tres semanas azota a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, que ya causó la muerte de más de 80 personas, más de 52.000 desplazados y 77.000 personas afectadas.
Arauca, por ejemplo, es uno de los territorios donde el ELN está defendiendo con fuerza, lo que considera su bastión histórico. Allí, la guerrilla ha sostenido enfrentamientos con las disidencias de las FARC, al frente de Iván Mordisco.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos informó que, en los últimos meses, ha recibido seis denuncias de homicidios de líderes sociales en Arauca. Y más de 23 veredas y tres resguardos indígenas han sufrido confinamientos, y se han reportado dos desplazamientos masivos. En 2024 se registraron más de 100 asesinatos en ese departamento, incluyendo a 15 líderes sociales; además, se han reportado alrededor de 120 secuestros.
Por otra parte, el Nordeste antioqueño, Magdalena Medio y Sur de Bolívar han sentido con fuerza el rigor del conflicto al ser regiones claves para controlar la Serranía de San Lucas y apoderarse del corredor horizontal que conecta el Pacífico con la frontera con Venezuela para el tráfico de armas, personas y economías ilícitas, como le explica a este diario Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
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El 25 de enero, la Defensoría del Pueblo divulgó un pronunciamiento sobre la situación del Norte, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca de Antioquia, y el Sur de Bolívar donde afirmaba que los enfrentamientos armados entre el EGC, las disidencias del Frente 36 del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF) —que comanda Calarcá Córdoba y están en la mesa de diálogos— y el ELN “intensifican la crisis humanitaria”.
“La expansión del EGC, que pasó de tener presencia en 213 municipios en 2019 a 345 en 2024, ha aumentado el riesgo de confinamientos, desplazamientos masivos y violencia selectiva contra la población civil”, decía la Defensoría.
Particularmente para el Sur de Bolívar, la entidad afirma que no solo hay hechos de violencia como homicidios, amenazas y restricciones a la movilidad, sino que un incremento en las extorsiones, fenómeno que también viene en aumento en otras regiones y con otros grupos armados.
Según Mantilla, el conflicto en todo el país entró en una etapa en la que ya los grupos armados hicieron la expansión que necesitaban y ahora entran en un período de consolidación de sus fronteras sobre las cuales se trazará la política de paz total.
El experto explicó que una de las causas del desencadenamiento de todos estos focos de violencia es la fragmentación que produjo la paz total en los escenarios de conflicto, que inicialmente mostraron una disminución de la violencia, pero que ahora se llegó a un punto en el que es insostenible contener a los grupos armados.
Cauca, otro foco activo
El panorama de violencia en el suroccidente del país, en los departamentos de Cauca, Nariño y Huila, está protagonizado por lo menos por cinco actores armados: las disidencias de las FARC al mando de Mordisco —quien ya no está en la mesa de negociación—, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (el grupo que se separó de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez), el ELN, el grupo Comuneros del Sur y la disidencia Frente 57 (también separada del Estado Mayor Central).
La concentración de distintos grupos armados hace que las dinámicas del conflicto en esa zona del país sean muy diferentes, pero hay una característica en común y es el grado de violencia con el que las organizaciones criminales ejercen dominio sobre las comunidades. Cauca también es el departamento con más casos de reclutamiento infantil, lo que representa un temor permanente para las poblaciones víctimas del conflicto.
“Esta zona tiene un riesgo latente de empeorar porque hay muchas acciones que no han cesado con el paso de los años, como por ejemplo el reclutamiento y el desplazamiento. Cauca tiene varios focos de disputa activos, lo que también hace que las afectaciones sean constantes, corriendo el riesgo de empeorar”, advirtió a Colombia+20 Kyle Johnson, director de la Fundación Conflict Responses (CORE).
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La Defensoría del Pueblo también emitió una alerta temprana para los habitantes de Pradera y Florida -dos municipios ubicado en el sur del Valle del Cauca y apenas a una hora de Cali-, por el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales y urbanas de los municipios.
A eso se suma los hostigamientos de los que fue víctima la Fuerza Pública el año pasado, tras el fin del cese al fuego regional con el ala de Mordisco en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Al menos tres explosiones en diversas edificaciones militares se dieron el año pasado. Además, se evidenció el aumento en casos de extorsión y hurtos en el departamento.
De hecho, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, expresó su preocupación por la alerta de la Defensoría y dijo que el Valle del Cauca no puede convertirse en otro Catatumbo.
“La disputa que se está dando allí entre grupos de las disidencias de las FARC está generando asesinatos, desplazamientos y amenazas que están afectando a las comunidades campesinas, indígenas, a nuestros niños y líderes sociales”, dijo Toro.
Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte, quien señaló a Colombia+20 que la situación de violencia en el territorio nacional es un rezago de la planeación estratégica de la paz total.
“El conflicto tradicional o clásico era entre los grupos armados y el Estado, pero los ceses al fuego rompen esa figura y como no hubo cese al fuego multilateral, pues los grupos quedaron en toda la libertad para confrontar a otras organizaciones armadas por el control de territorios y rentas, sin atender la preocupación de combatir al Estado”, explicó el académico.
En su alerta, la Defensoría aseguró que esta intensificación de la violencia se debe principalmente a los enfrentamientos por la expansión territorial de frentes de dos disidencias. Por un lado, el Adán Izquierdo y el Bloque Central Isaías Pardo, ambos bajo el dominio de Iván Mordisco, que combaten contra el Frente 57 Yair Bermúdez del EMBF.
Según el ente de control, las poblaciones más afectadas por las violaciones a derechos humanos son las comunidades campesinas e indígenas y firmantes del Acuerdo de Paz, entre otros.
Según Bonilla, uno de los riesgos de conflicto en esa zona del suroccidente del país también es la amenaza que existe del ELN a los miembros de Comuneros del Sur, ubicados en algunos municipios de Nariño, a quienes consideran como traidores por iniciar un proceso de paz independiente con el Gobierno.
Este tablero de paz total ha avanzado con diálogos entre las partes y con un acuerdo de dejación de armas para el primer trimestre de este año. Además, fuentes cercanas al proceso le han confirmado a Colombia+20 que ya se está trabajando en la adecuación de las zonas que servirán como centros de agrupamiento de los combatientes.
Guaviare también ha sido otro de los puntos de violencia que se ha recrudecido en los últimos meses a causa de la expansión de los grupos armados.
Los primeros enfrentamientos de este año en esa zona del país dejaron por lo menos 20 personas muertas -cinco mujeres y 15 hombres-, quienes perdieron la vida en medio de las confrontaciones entre dos fracciones disidentes del Acuerdo de Paz.
El panorama del año pasado en esta región del país tampoco es alentador. Durante 2024 hubo dos masacres en las que murieron siete personas: cuatro en San José del Guaviare y tres en Miraflores. La Defensoría del Pueblo también ha alertado sobre la escalada violenta en el departamento y de las vulneraciones a los derechos humanos sobre las poblaciones en medio del intento de los grupos armados por ejercer control social y establecer “cercos humanitarios”.
En este punto del país aún no se ha registrado presencia del Clan del Golfo ni del ELN, pero las confrontaciones entre la disidencia de Calarcá y la de Mordisco no han cesado.
Para Bonilla, los focos de violencia que están encendidos en varias regiones del país se deben a la “improvisación en el diseño de la paz total” y en la falta de organización de las mesas de diálogo con un propósito común, eso sin contar la desarticulación gubernamental que quedó expuesta en el inusual Consejo de Ministros del martes.
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