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Varios funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro respondieron este viernes algunas preguntas de la comisión accidental de conmoción interior en la Cámara de Representantes que citó una audiencia pública sobre la violencia y la crisis humanitaria en Catatumbo.
La idea era escuchar las posturas de ministros y entes de control frente a los siete decretos emitidos esta semana -que se suman a los nueve que ya habían sido publicados hace unos días-, con los que se intenta mitigar la grave situación que vive esta zona de Norte de Santander tras los cruentos ataques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los posteriores enfrentamientos con la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
Varios congresistas le reclamaron al Gobierno la falta de atención a la población civil y también de estrategia para llevar a cabo las negociaciones de paz.
El primero en responder los cuestionamientos y dudas de los representantes fue el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, quien repitió varias veces que fue el ELN el culpable de los ataques que se presentaron hace tres semanas y que dejan hasta el momento al menos 80 muertos, cerca de 77.000 desplazados y otros miles de familias confinadas.
“Ese ataque del ELN, ordenado por la dirección, no fue una acción repentina, fue una acción pensada, planificada y ejecutada con crueldad y sevicia. Fue un ataque brutal y acabó con una fase de apertura que el Gobierno tenía con esa guerrilla”, dijo Patiño.
El representante Duvalier Sánchez le preguntó a Patiño sobre la situación actual de la mesa de diálogos con el ELN. “¿Esa mesa está suspendida o está levantada? Aclárenos el estatus”, dijo.
Sobre esto, el comisionado respondió que debe haber un cambio interno en la guerrilla para reanudar el diálogo. “Tiene que haber una revolución interna en el ELN para que sea posible sentarse con ellos a la mesa. Que rectifiquen sus conductas. Que los cinco que los mandan, reflexionen o sean cambiados por otras personas que piensen más acorde a las personas del territorio y muchos de sus combatientes”, dijo.
Patiño reconoció que lo ocurrido en Catatumbo tuvo un impacto en el proceso que el Gobierno lleva con la disidencia EMBF, que comanda Calarcá Córdoba.
“Lo ocurrido tuvo como principal víctima la población civil, también a firmantes y, trató de arrollar un proceso que, si bien no está muy adelantado, sí avanza con la gente del bloque Gentil Duarte (uno de los de EMBF) y que permanecía en la mesa. En esa mesa con ellos seguimos hablando, pero están en una situación bastante complicada”, afirmó.
Sobre cómo llevar la situación de frontera con Venezuela, Patiño dijo que lo importante para las autoridades colombianas es restaurar la institucionalidad y que invita al Gobierno venezolano, al que calificó de “dudosa legitimidad” a que hago lo mismo.
“Este Gobierno pretende que se restaure la institucionalidad en esa zona y le está pidiendo al Gobierno venezolano, así tengo una dudosa legitimidad, a que también haga lo propio. El imperio de los ilegales atenta contra la soberanía nacional en ambos países”, indicó.
Sobre si era cierto que la guerra en el Catatumbo se dio por cuenta de una disputa entre el ELN y el EMBF por un cargamento de droga -una hipótesis que circuló al inicio de los ataques-, Patiño dijo que no se tenía información sobre ello, pero sí sobre que esos atentados habían sido una orden expresa del Comando Central, o COCE, máxima instancia de decisión del ELN.
¿En qué va la situación de los firmantes de paz?
En la audiencia también participó la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), Alejandra Miller. La entidad dio el parte más reciente de la situación de los excombatientes de las FARC que, dice Miller, siguen siendo amenazados y estigmatizados en esa zona del país por el ELN que los señala, sin pruebas, de ser aliados de la disidencia de Calarcá.
De acuerdo con las cifras entregadas por Miller, en el Catatumbo hay 464 firmantes del Acuerdo de Paz, 14 % son mujeres y 86 % son hombres. Además, se confirma el asesinato de seis reincorporados en el marco de estos ataques, mientras que ocho aún permanecen desaparecidos. Así mismo, dice la entidad, 180 firmantes y sus familias han sido desplazados, la mayoría están en Cúcuta.
Miller también dijo que si bien la ARN no tiene un decreto propio de conmoción interior porque no vieron necesario hacerlo, sí se proyectaron dos acciones. Una de ellas son medidas sobre el espacio territorial de Caño Indio, donde actualmente no solo están viviendo firmantes, sino población de veredas aledañas. Y la otra es el apoyo económico a sus proyectos productivos.
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“Seguimos atendiendo la crisis humanitaria, pero sabemos que ahora sigue una fase de estabilización. Vamos a hacer dos acciones. La primera está compuesta de tres medidas para la consolidación del ETCR de Caño Indio. Una es la compra de tierra, la segunda la construcción de viviendas temporales y, por último, el acceso a servicios públicos”, dijo la directora.
Esta primera parte, afirmó, costará cerca de 22.500 millones de pesos que ya se le pidieron al Ministerio de Hacienda.
“El segundo es apoyar sus proyectos productivos. Son 412 proyectos individuales y tres colectivos que necesitarán unos 3.700 millones de pesos”, dijo.
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