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La más reciente comisión de verificación en el Catatumbo —que recorrió Filo Gringo, Campo Seis, Bertrania y Versalles— describe un panorama crítico y en acelerado deterioro.
Según Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y DIH de la organización Vivamos Humanos -una de las que participó en el informe-, la región enfrenta hoy un uso intensivo de drones con explosivos, un aumento del minado en caminos y viviendas, y un confinamiento que ha vaciado pueblos completos como Versalles, donde solo queda el 10 % de la población.
A ello se suman la crisis alimentaria, la falta de atención institucional, el impacto psicosocial y los riesgos electorales en una de las zonas con curules de paz. Las comunidades piden un cese al fuego inmediato y una tregua humanitaria mientras esperan que el Estado logre ingresar con ayuda y protección.
En entrevista con Colombia+20, Mejía explica algunos de los hallazgos.
¿Cómo fue la metodología del informe?
Nosotros hemos hecho un seguimiento y hemos presentado una serie de informes periódicos. Sin embargo, sobre estas comisiones de verificación, que es cuando nosotros vamos a los puntos más afectados, hemos realizado dos este año. Una fue en marzo de este año que fue en los cinco refugios humanitarios de Tibú. Esta segunda comisión de verificación ingresó a cuatro puntos, que son los más afectados en este momento en el Catatumbo, que fueron Filo Gringo, Campo Seis, Bertrania y Versalles.
¿Cuáles son los elementos que con más claridad muestran la degradación tan acelerada de la crisis en Catatumbo?
Hay muchas cosas que nos preocuparon, pero la que más resaltaría es el tema de uso de artefactos explosivos, drones con artefactos explosivos y minas antipersonal. Pudimos evidenciar las afectaciones a bienes civiles (…) han caído explosivos en casas cerca de colegios, en la entrada de los pueblos, incluso en cementerios. O sea, tú vas a estos lugares y fácilmente encuentras las esquirlas o las casas destruidas por los drones. Dos semanas antes de que llegáramos había muerto una pareja producto de estos explosivos que cayeron desde drones.
A eso le acompaña también el sembrado de minas antipersonal en los caminos principales, cerca de parcelas, de escuelas o de viviendas civiles, incluso hay casas minadas dentro de los pueblos. Lo que vimos es que en la mitad de un pueblo tú encuentras la advertencia de la casa minada. Eso demuestra el riesgo latente a la población civil y que las confrontaciones entre los grupos armados no están teniendo en cuenta ningún tipo de precaución o de distinción si se quiere.
Y quiero resaltar una cosa y es que este tema de las minas antipersonal también muestra la imposibilidad de que las personas transiten por esos mismos lugares. Hay algunos de estos puntos que visitamos que son casi fantasmas, es decir, casi todo está cerrado por las confrontaciones y por las minas.
¿En qué lugar está pasando?
El tema más dramático está en Versalles. Allí solamente está el 10 % de la población. Eran más de 300 núcleos familiares y en este momento tal vez solamente hay 30. Y te encuentras las calles cerradas, igual que los locales comerciales. Es un pueblo fantasma.
¿Cómo están hoy condiciones de vida de las comunidades, sobre todo de las que están confinadas?
Son muy difíciles. Hay bastante miedo, mucha zozobra y una falencia enorme en presencia institucional. Hay personas que nos dijeron que recibieron solo una ayuda humanitaria desde enero y otros, incluso en asentamientos humanitarios, que no han recibido ninguna ayuda desde que inició la crisis.
Los medios de vida, por supuesto, son muy complicados, está comprometida definitivamente el tema de la seguridad alimentaria.
También encontramos situaciones con la población migrante, particularmente en Filogringo. Ellos tienen riesgo alto pues al no tener cierta documentación no han podido acceder a la ayuda humanitaria.
El informe habla también del tema de educación, ¿qué encontraron?
Está muy vulnerado el derecho a la educación. Hay más de 1.000 niños comprometidos en esos cuatro puntos en los que estuvimos y un par de lugares aledaños. Hay lugares que ni siquiera volvieron a clases desde el 16 de enero (cuando estalló la crisis humanitaria en esa región). Hay otros niños y niñas que tienen clases intermitentes o virtuales, pero eso tiene sus desventajas porque allá no hay una buena conectividad.
Y, por otro lado, está el tema del riesgo de reclutamiento forzado y los impactos psicosociales. Hay demasiadas advertencias y llamados de atención sobre esto último. Hay personas que incluso sufrieron de parálisis facial, parálisis física, pues, de todo lo que les ha ocasionado la angustia y el temor de estos eventos violentos que han venido sucediendo.
¿Qué más usos han encontrado sobre el tema de los drones?
Creo que el principal cambio es que eso venía sucediendo de manera intermitente y ahora es la constante. Y ya no solo lo hacen para vigilancia, sino que llevan explosivos. El otro cambio es que ya se hace en los cascos urbanos. Registramos explosivos que cayeron en casas y colegios.
Por último, está que el tema de tecnología está muy desarrollado. Sabemos que, por ejemplo, se han adquirido dispositivos que pueden ubicar incluso a quien está manejando o coordinando el vuelo del dron. Eso ocasiona, como es obvio, que se tomen retaliaciones sobre esas personas y que haya una contraofensiva. Algunas de esas represalias se dan en zonas urbanas poniendo en peligro a la población. Ya hay un par de incidentes reportados al respecto.
Lo otro también es que se están utilizando drones, pues, para vigilancia de la población civil y mantener cierto tipo de control. Y, pues, sabemos que están tratando de desarrollar otro tipo de tecnología para modificarlas para cargar armas, entonces eso sí es un escenario que puede recrudecer aún más el conflicto.
Hablemos del tema electoral porque Catatumbo es una de las 16 regiones donde hay votaciones para curules de paz. ¿Qué riesgos se han identificado?
Esa es una de las alertas que también presentamos en el informe porque fue algo en lo que la gente insistió bastante. Los riesgos existen en dos tres temas. El primero es en la Citrep (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz o curules de paz) porque no sabemos cuáles son las garantías de poder participar tanto de las personas que votan como de los mismos candidatos.
Hay una alta probabilidad de que quienes están dispuestos a postularse en esa curul de paz hayan vuelto a ser víctimas de esta crisis de este año. Por ahora, no hay medidas de seguridad, de hecho, sabemos que la institucionalidad está convocando como unas mesas de trabajo para para mirar o evaluar qué medidas se pueden tomar, pero evidentemente, el tema de la campaña, incluso las mismas votaciones seguramente se pueden ver con pocas garantías por la presencia de grupos armados y también por las confrontaciones.
Lo segundo es el tema de las Juntas de Acción Comunal (JAC). El otro año, entre marzo y abril, van a ser los meses en donde se van a desarrollar las elecciones de las JAC y, evidentemente, pues, esto va a ser muy complicado por lo mismo, por los fenómenos de coacción y las amenazas. De hecho, nosotros alcanzamos a documentar un poco más de 51 casos de presidentes de las JAC que o están desplazados o desaparecidos o que fueron amenazados y algunas víctimas de homicidio. Esto ha afectado el tejido organizativo y a la estructura comunal, que ahorita está muy débil.
Y en tercer lugar está el escenario electoral ya electoral que existe, pues, el temor de que se pueda exacerbar la violencia. Todos sabemos que en los contextos electorales hay unos picos de violencia significativos. Necesitamos saber cuáles van a ser las condiciones de seguridad para que la gente se pueda desplazar a los puestos de votación y ejercer el derecho al voto. En este momento, los confinamientos, los desplazamientos, los campos minados, la imposibilidad de poder transitar entre un lugar y otro y la presencia de los grupos armados por el mismo control, va a impedir que ese ejercicio seguramente se materialice, por lo menos con normalidad.
Sobre el tema de violencia, ¿siguen los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33?
Sí, continúan. De hecho, nosotros pudimos evidenciar varias acciones contra los civiles que estaban desarrollando. En uno de los puntos estuvimos a casi tres cuatro kilómetros de donde se estaban dando unos combates. En algunos lugares son combates también con el Ejército. Entonces, sí las confrontaciones siguen activas. Esta semana, tan pronto salimos de la comisión de verificación, en Filo Gringo hubo combates.
Ustedes hacen una serie de recomendaciones al final del informe, ¿cuáles crees que son las acciones urgentes y a qué entidades le corresponde?
Yo diría que son tres. El primero debe desarrollarse una comisión o una suerte de estrategia interinstitucional que permita el ingreso a estos puntos, a estos cuatro lugares donde estuvimos porque han tenido como mayor impacto en estos últimos meses. Se necesita que allá llegue una oferta institucional y que haya presencia del Estado. Lo más urgente es que puedan proveer ayuda humanitaria y tratar de impulsar algunas acciones que puedan proteger a la población civil y el escenario también de la inseguridad alimentaria.
Lo segundo avanzar en unas jornadas integrales de atención en salud y atención psicosocial. Hay personas que están demasiado enfermas, demasiado afectadas mentalmente y no han tenido ningún tipo de atención, salvo lo que han hechos algunos organismos multilaterales. La institucionalidad debe estar presente en estos escenarios y esto es más que necesario.
Y lo última, que es algo que nos insistieron bastante las comunidades, es el escenario de e los canales humanitarios y los canales de diálogo. Ellos están exigiendo un cese al fuego inmediato de hostilidades. Incluso se lanzó un mensaje también de una suerte de cese al fuego durante estas festividades, como una tregua navideña porque, evidentemente, el riesgo de incremento de las confrontaciones o de una contraofensiva de los grupos armados es algo y puede deteriorar aún más el panorama entre diciembre y enero.
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