La inseguridad en la frontera que dividió a Noboa y a Petro

El presidente Gustavo Petro rechazó la imposición de aranceles del 30 % por parte del mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

Foto: El Espectador

Un arancel del 30 % a las importaciones de Colombia en Ecuador trasladó al terreno comercial un nuevo episodio de tensión entre ambos países y volvió a poner sobre la mesa uno de los problemas que más impacta en la frontera: el narcotráfico.

El anuncio de ese impuesto —al que se denominó como “tasa de seguridad”— lo hizo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro de no tomar medidas suficientes frente a las estructuras armadas que operan a lo largo de los cerca de 500 kilómetros de zona limítrofe. La decisión, sin embargo, ha sido leída como una “jugada política” que no responde necesariamente a la realidad de la inseguridad en el territorio ecuatoriano.

“Hemos hecho esfuerzos reales de coordinación con Colombia, incluso asumiendo un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares al año. Pero mientras insistimos en el diálogo, nuestras Fuerzas Armadas siguen enfrentando solas a grupos criminales ligados al narcotráfico en la frontera”, reclamó Noboa a Petro a través de su cuenta de X.

Para la investigadora y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Laura Bonilla, la “decisión es arbitraria” y debe leerse en una clave más amplia. A su juicio, el presidente ecuatoriano no ha cumplido las dos promesas centrales con las que llegó al poder: la economía y la seguridad. “No lo ha logrado ni en su primer gobierno ni en este. Entonces, de una u otra forma está intentando políticamente encontrar otro tipo de argumentos a esto”, señaló a este diario.

En Ecuador hacen presencia grupos que participan hoy en procesos de negociación dentro de la política de paz total del Gobierno Petro, como Comuneros del Sur y Comandos de Frontera –adscrito a la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano–, especialmente en las provincias de Esmeralda y Carchi. El asesinato de 11 militares ecuatorianos, ocurrido el 9 de mayo de 2025, confirma la operación de esas estructuras en el país vecino.

Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explica que la relación de esos grupos con estructuras criminales ecuatorianas como Los Lobos y Los Choneros es en principio comercial. “También hay momentos en donde se pensó que había una alianza, como por ejemplo existió con Comandos de Frontera con algunas organizaciones en Ecuador –como Los Choneros– y que con el tiempo pareció que se transformó en una disputa. Es decir, esto es una relación que, aunque es comercial, es fluctuante. Pero lo cierto es que su vínculo fundamental tiene que ver con las economías ilegales que están allí, principalmente el narcotráfico, pero también con la minería ilegal”, adviritó Tobo.

Sin embargo, para Bonilla, la crisis de inseguridad que atraviesa Ecuador no se explica solo por las dinámicas propias de una frontera –como esos delitos asociados al narcotráfico– ni por la presencia de estos grupos armados.

“Ecuador tiene una gente con el control de las cárceles completamente tomada. Tiene unos grupos armados propios ecuatorianos en alza y mucha plata, muchas armas y mucha gente reclutada en este momento. Entonces es un problema común que sufren ambos países, no algo que viene de Colombia y llega al Ecuador”, dijo Bonilla.

El origen de la crisis de seguridad –explicó la investigadora– no está entonces tanto en los vínculos con grupos armados colombianos, sino en un proceso que se aceleró tras la pandemia, en medio de la reorganización de las estructuras criminales ecuatorianas, de la profunda crisis carcelaria y el aumento de la extorsión como una vía rápida de financiación. El problema, sostiene, se incubó en el sistema penitenciario ecuatoriano, donde políticas penales excesivamente punitivas durante varios gobiernos llevaron a un “encarcelamiento masivo”. Las cárceles se convirtieron entonces –para Bonilla– en las “verdaderas universidades del delito”.

Esa forma de operar de los grupos ecuatorianos pone en duda, además, la decisión del gobierno ecuatoriano de declarar conflicto armado interno en enero de 2024. “Noboa utilizó una figura conocida para declarar estados de excepción y gobernar con mayores márgenes de maniobra, sin depender tanto del Congreso. Pero la crisis ecuatoriana no tiene que ver con el conflicto armado colombiano. Ni Los Lobos ni Los Choneros cumplen los criterios internacionales para ser considerados actores de un conflicto armado interno”, explicó la investigadora.

Los efectos del deterioro de la confianza

En respuesta a la reciente decisión del Gobierno de Ecuador, el presidente Gustavo Petro aseguró que se han “incautado más de 200 toneladas de cocaína en la frontera con Ecuador”. Para la investigadora Bonilla, ese aumento de las incautaciones en territorio colombiano ha tenido como efecto un reacomodo de las rutas del narcotráfico, en el que las redes criminales han utilizado al vecino país como uno de los principales corredores para la salida de la cocaína.

“En este momento sale muchísima cocaína por Ecuador, más que por Colombia y Venezuela. Eso pone al país frente a un escenario para el que pudo haberse preparado y no lo hizo. Ecuador empieza a participar como una parte de la cadena del mercado de la droga. Esa es una situación que no depende meramente de Colombia. Se necesita una cooperación muy activa entre países, pero la reciente decisión del presidente Noboa es todo menos una invitación a la cooperación”, señaló Bonilla.

El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, reconoció esa necesidad. “La cooperación de Colombia con todas las naciones para combatir el narcotráfico, es una de nuestras grandes fortalezas. De lo contrario, ganan los criminales. Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación”, escribió en su cuenta de X tras conocerse la decisión del gobierno ecuatoriano.

Bonilla coincide en que uno de los principales riesgos del escenario actual es el deterioro de la confianza entre ambos países. En una zona fronteriza –explicó– la cooperación es indispensable y va desde los controles migratorios hasta el intercambio de información, la inteligencia, la logística y las operaciones conjuntas. Cuando esa confianza se rompe, como ocurre hoy, la coordinación entre policías y fuerzas militares se vuelve inviable, señaló la investigadora.

Un episodio que dejó en tensión a los gobiernos de Colombia y Ecuador

Los desencuentros entre Petro y Noboa no son nuevos. Lo primero fue que el mandatario colombiano no reconoció la victoria de Noboa en abril de 2025. Luego, en octubre de 2025 estalló una polémica por una supuesta reunión que el mandatario colombiano habría sostenido en mayo de 2025 en Manta (Ecuador), con José Adolfo Macías, conocido como Fito, jefe de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros, tras la asistencia de Petro a la posesión del presidente ecuatoriano.

“Él (Petro) salió también por Manta. No creo que haya sido nada bueno. No lo vi ayudando a gente pobre. Lo que vimos es que no hizo ninguna ayuda a nadie”, dijo Noboa en una entrevista con el canal Teleamazonas.

En medio de las versiones cruzadas, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, aseguró que no existían pruebas concluyentes del encuentro. “Lo que sabemos es que Gustavo Petro estuvo en Manta, dentro de una casa durante toda su estadía. No podemos asegurar que ‘Fito’ haya ido. Se ha dicho que ciertos actores políticos estuvieron con él, pero hoy no puedo asegurarlo ni descartarlo”, afirmó.

Petro negó de manera tajante cualquier contacto con el jefe criminal. “No tengo ni idea de quién es el tal ‘Fito’. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre estoy protegido permanentemente, día y noche, por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha”, escribió en su cuenta de X.

En medio de la controversia, Petro también recordó que sostuvo una reunión con su homólogo ecuatoriano para coordinar acciones entre las fuerzas públicas de ambos países con el fin de enfrentar el crimen en la frontera común.

Con este nuevo escenario de tensiones diplomáticas, el mandatario colombiano espera poder encontrarse con Noboa el próximo 25 de enero. La reunión, de realizarse, sería una oportunidad para recomponer una relación bilateral deteriorada y reactivar los canales de cooperación en una frontera donde la falta de coordinación podría terminar beneficiando a las estructuras criminales.

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