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El avance del poder armado ha dejado un escenario devastador para quienes denuncian la violencia y defienden la vida en los territorios más golpeados por la guerra.
En el Día de los Derechos Humanos, las cifras de la ONU confirman que, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la organización recibió 198 reportes de homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
De esa cifra, 69 homicidios fueron verificados (60 hombres, 8 mujeres y una persona LGBTIQ+), mientras que 61 casos siguen en proceso de verificación y 68 fueron catalogados como no concluyentes. Del total confirmado, el 30% corresponde a defensores vinculados a Juntas de Acción Comunal (JAC).
Los datos de la Oficina de ONU Derechos Humanos reflejan estrategias violentas y mecanismos de control social que se han endurecido, incluso en medio de los intentos del Gobierno de Gustavo Petro por avanzar en su política de paz total en la que –según la más reciente encuesta Invamer– la mayoría de colombianos no confían.
Esa percepción parece fortalecerse tras conocerse los archivos que revelan que la disidencia de Calarcá Córdoba tendría nexos con agentes del Estado y que habría ordenado asesinato de firmantes de paz, reclutamiento de menores de edad, secuestros y ejecuciones.
“Persisten desafíos para fortalecer el rol del Estado como garante de derechos, en particular para avanzar en medidas efectivas de prevención de la violencia y protección de la población civil”, señala la ONU.
🔵1/#Hoy Día Internacional de los Derechos Humanos presentamos 📋la Situación de Derechos Humanos en #Colombia, en cifras.
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) December 10, 2025
↔️Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2025, ONU Derechos Humanos recibió 198 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos. De… pic.twitter.com/5HZHdE032Z
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Las acciones del poder armado contra la población –explica la organización– desgarran el tejido social de los Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Es una realidad que persigue a las comunidades desde hace décadas. Así lo denunciaron desde el Chocó, donde la población asegura que el Estado ha incumplido su deber de proteger la vida, el territorio y la identidad cultural de los pueblos étnicos frente al férreo dominio del Clan del Golfo.
El riesgo de aumento de violencia en la campaña electoral
Otra de las preocupaciones de ONU Derechos Humanos es el aumento de la violencia de cara a los comicios de 2026. “La violencia asociada al proceso preelectoral ha aumentado, acompañada de una creciente polarización, desinformación y uso del discurso de odio”, advierte el organismo.
Según la ONU, este año se han documentado 18 homicidios de líderes políticos, incluido el del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que recordó que la violencia política sigue siendo una herida abierta en el país. Además, la ONU registró 126 casos de ataques o amenazas.
Esa preocupación coincide con la de un reciente informe de Indepaz, que señala que el país se acerca a las elecciones con un mapa de riesgo, donde la política y la violencia vuelven a cruzarse en los mismos lugares donde el Estado permanece ausente. Los investigadores advirtieron que cada ciclo electoral viene acompañado de una nueva oleada de amenazas y asesinatos que buscan reorganizar el poder en los territorios. Estas elecciones muestran, desde ya, que no serán la excepción.
La guerra contra la niñez
En medio del mapa de violencia en Colombia, la infancia sigue quedando en el centro. Entre 2022 y 2024, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recibió 788 denuncias de graves violaciones de derechos humanos contra niños y niñas en el contexto del conflicto armado.
La vulnerabilidad de los menores de edad quedó de nuevo en evidencia con la muerte de siete niños en un bombardeo de las Fuerzas Militares en Guaviare –considerado hasta ahora el peor ataque en la era del Gobierno de Gustavo Petro– y la posterior confirmación de otros ocho menores muertos en ataques ocurridos entre agosto y noviembre de 2025.
Estos hechos volvieron a enfrentar al país a una verdad dolorosa: los niños quedan atrapados entre el endurecimiento de la estrategia de seguridad del Gobierno Petro y el drama del reclutamiento forzado.
Durante el mismo período, la ONU verificó 474 casos de reclutamiento o utilización de niños y niñas desde los 9 años por parte de grupos armados no estatales. De ese total, 43 eran niñas, 78 niños y 7 más cuya identidad de género no pudo confirmarse.
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El reclutamiento arrastra consigo otras formas de violencia que marcan la vida de los niños, niñas y adolescentes, como la violencia sexual.
Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, ONU Derechos Humanos verificó siete casos de violencia basada en género motivada por prejuicios, contra niños y niñas en el contexto del conflicto armado.
El mapa de violencia confirma que garantizar los derechos humanos sigue siendo un desafío, especialmente después de un 2025 marcado por enfrentamientos entre grupos armados y crisis humanitarias que el país no había visto en décadas.
A pocos meses de que termine su periodo, el Gobierno Petro no ha mostrado avances claros en la paz total. Los territorios más afectados permanecen bajo presión de actores armados, y quienes defienden la vida de las comunidades enfrentan riesgos crecientes.
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