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El 5 de octubre de 2017, cuando el proceso de paz ya había superado la etapa de la dejación de armas de las Farc y los guerrilleros habían salido de los territorios rurales, las tensiones aumentaron en zonas como Tumaco donde se pretendía implementar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. En ese momento, el gobierno también ordenó a la Fuerza Pública desarrollar labores de erradicación forzada, pues ese municipio ha estado entre los primeros con sembríos de cultivos de coca y se decía que muchos no eran de los campesinos, sino grandes cultivos industrializados para el narcotráfico.
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No obstante, lo que parecía una actividad normal, ese 5 de octubre se convirtió en una tragedia. Los campesinos salieron a protestar y se opusieron a que los soldados y policías arrancaran las matas de coca haciendo un cordón humanitario. En medio de ese forcejeo y discusión entre la comunidad y la Fuerza Pública, nueve campesinos fueron asesinados en hechos que son indilgados a los uniformados. Estos hechos ocurrieron en El Taldil, una vereda de Tumaco (Nariño), sitio donde una comisión humanitaria de defensores de derechos humanos, que entró al lugar de los hechos tres días después, también fue hostigada con disparos por parte de algunos uniformados de la Policía.
Para la comunidad, es la manera en que se fueron asesinados lo que la justicia debe hoy investigar. No obstante, la Procuraduría le dijo a El Espectador, que están en etapa de pruebas para decidir si existe merito para una sanción disciplinaria contra los 14 miembros del Ejército y 50 de la Policía involucrados en los hechos. Mientras tanto, por los hechos del 8 de octubre, día en que fue hostigada la comisión humanitaria, la entidad del Ministerio Público respondió que el 22 de marzo de 2019 se formuló cargos al capitán Camilo Andrés González Cano, comandante del “Núcleo Delta”, y al teniente Juan Camilo Jiménez Pomeo, comandante de la Compañía Antinarcóticos de Seguridad para la Erradicación (CASEG-6) de la Policía Nacional. Según la información, “por haber presuntamente incurrido en el abuso indebido o extralimitación del cargo”. Por ahora, la Procuraduría sigue la practica de pruebas en el marco de una investigación disciplinaria, entre otras cosas, escuchando a los implicados en el suceso.
El próximo lunes, líderes de la comunidad de la vereda El Tandil, y familiares de las víctimas de la masacre ocurrida el 5 de octubre de 2017, protestarán al frente de las instalaciones de la Fiscalía en Pasto (Nariño). Se manifestarán para mostrar su desacuerdo con que el caso esté en manos de la Justicia Penal Militar. A dos años de este crimen, piden ser escuchados en el proceso penal, en medio del cual, dicen, no hay garantías. Para recordar a las víctimas, hoy se realizará una ceremonia religiosa y una manifestación por parte de los campesinos de esa región. Piden que se haga justicia, que los perpetradores de la masacre paguen por lo que hicieron y que haya verdad. Quieren saber quiénes y por qué les dispararon a los campesinos que protestaban contra la erradicación forzada de coca, planta de la cual sobreviven los habitantes de El Tandil.