La violencia parece no dar tregua en medio del tercer pico de la pandemia del Covid-19. En la última semana, según el Sistema de las Naciones Unidas, fueron asesinados siete excombatientes de las Farc, en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá Chocó, Guaviare y Meta. Además, en Cauca, fue asesinada Sandra Liliana Peña, gobernadora indígena del resguardo La Laguna.
Tras estos hechos, António Guterres, secretario general de la ONU, condenó “vehementemente la violencia ejercida en contra de comunidades, personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales y comunitarios, así como excombatientes de las antiguas FARC-EP”. Asimismo, reiteró “al cese inmediato de hostilidades que permita avanzar en los esfuerzos de recuperación en el país en medio de la pandemia por la Covid-19″.
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Para eso instó que “se refuercen las medidas para salvaguardar de manera efectiva la vida y los derechos de todas las personas en los territorios afectados por el conflicto y la violencia”. A través de un comunicado, Naciones Unidas hizo énfasis en la problemática que atraviesa el departamento del Cauca, “donde se evidencia el deterioro de la situación de derechos humanos y seguridad con desplazamientos forzados y ataques en contra de comunidades y autoridades étnicas, así como afectaciones a la fuerza pública, en hechos ocurridos durante los meses de marzo y abril del año en curso”.
Según la ONU, estos asesinatos y atentados en contra de la comunidad están ocurriendo en territorios con presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales, economías ilícitas, donde se da el reclutamiento de menores y con una limitada presencia del Estado. En esa medida, mencionó la importancia asegurar la presencia integral de la institucionalidad en los territorios, “incluyendo de las personerías que tienen la responsabilidad de la promoción y protección de los derechos humanos”.
La ONU reiteró su solidaridad con todas las víctimas y señaló que seguirá acompañando a las comunidades, a las autoridades étnicas y a los entes del Estado para hacer frente a estas preocupaciones comunes, superar el conflicto y avanzar en la consolidación de la paz.
Justo la semana pasada, en el más reciente informe de la Misión de la ONU sobre el proceso de paz en Colombia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la canciller colombiana, Claudia Blum, afirmó que la existencia de disidencias debía considerarse “como un incumplimiento de la antigua guerrilla convertida ahora en partido Político”. Lo dicho por Blum fue confuso, teniendo en cuenta que hubo disidentes del proceso de paz con las Farc incluso antes de firmado el Acuerdo, y que la gran mayoría de los firmantes sigue cumpliendo, tal como lo destacaron varios países presentes en el encuentro.
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Emili Archila, consejero para la Estabilización, contradijo esta versión y explicó: “Algunos de los miembros de las Farc nunca se acogieron al proceso y otros como ‘el Paisa’, ‘Romaña’, o ‘Santrich’, que pretendieron acogerse, abandonaron el proceso. Son ellos los que tienen que responder individualmente y esta no es una responsabilidad que le corresponda al partido Comunes”.
Rodrigo Londoño, presidente del partido Farc, hizo énfasis en el riesgo que tiene para ellos lo dicho por Blum: “Sus declaraciones no sólo son falaces, sino que ponen en riesgo la vida de quienes nos jugamos todo por la paz y promueve el avivamiento de la guerra”