:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/LlwcbpJPv5vjyK6fdyr4xzqVfSc=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/OKHDOHYUTRHUFKS4HC5BVRHDWA.jpg)
“Nos están matando”, han dicho los indígenas del Cauca —y de otras regiones del país— con insistencia, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. Y esta semana que acaba de pasar se volvió en un ejemplo contundente e irrefutable de que sus palabras no exageran ni distorsionan la realidad: a los indígenas del Cauca los están matando. Naciones Unidas estima que, en lo que va de este año, 52 personas han sido asesinadas en territorio nasa, en el norte del Cauca, y que ese pueblo indígena ha recibido 74 amenazas de muerte y nueve ataques. Un panorama grave en el que no se avizora un mejor futuro a corto plazo.
La Iglesia católica también respondió a la sangre que está corriendo en el Cauca. Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Popayán, anunció una peregrinación a Tacueyó, el corregimiento donde se ejecutó una masacre el pasado 29 de octubre. Se anunció que, en todo el país, las campanas de las iglesias repicarán a las 12 del día. “Como cristianos creemos que la vida de cada ser humano es digna, sagrada, es querida por Dios, es irrepetible. La misión por la vida es defender al más frágil y vulnerable”, decía la convocatoria por redes sociales. Si hay un lugar donde la paz se embolató, ese, sin duda, es el Cauca.
Lo ocurrido en la última semana pareciera recordar los peores días de la guerra. Como si la masacre de nueve personas —cinco indígenas y cuatro topógrafos— en dos episodios distintos en Toribío y Corinto no fuera suficiente sangre derramada, el sábado 2 de noviembre en la mañana, familias ubicadas en zona rural de Corinto se despertaron con el sonido de las balas. Enfrentamientos entre militares de la Tercera División y hombres de la columna móvil Dagoberto Ramos confinaron a más de 300 familias. Se trata, justamente, del grupo disidente de las Farc al que las autoridades y los propios indígenas atribuyen las masacres que se perpetraron el 29 y el 31 de octubre pasado.
También lea: “La militarización del Cauca traerá más muertos”: Guardia Indígena
A partir de ahí la cosa solo empeoró. Al tiempo que los combates tenían lugar, la Unidad Nacional de Protección (UNP) informó del secuestro de Fabián Eduardo Rivera, escolta del líder indígena Bernardo Ciclos. Rivera estaba de descanso, visitando a su novia, pero en cuestión de horas la UNP confirmó su homicidio por supuestos disidentes de las Farc. “Así no se construye la paz”, reclamó la entidad. El cuerpo de Rivera fue hallado en La Betulia, zona rural de Suárez, el mismo lugar donde hacia las 8 de la mañana del lunes 2 de septiembre de este año fueron masacrados la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, su madre y cuatro personas más, también por disidentes de las Farc.
Luego del homicidio del escolta Rivera, medios de comunicación del suroccidente del país registraron un segundo ataque contra un escolta de la Unidad Nacional de Protección en el nororiente del Cauca. “Se movilizaba en una camioneta, la cual terminó impactada por disparos de arma de fuego”, señaló el diario El País de Cali. “Los responsables de asesinatos en el Cauca son narcotraficantes y estructuras disidentes que han tratado de intimidar a las comunidades”, manifestó el presidente Iván Duque desde Armenia. “Esta situación es consecuencia del aumento de cultivos ilícitos que se presentó en años anteriores. Este Gobierno frenó esa tendencia”.
La explicación del jefe de Estado, sin embargo, palidece frente al infierno que está viviendo el Cauca, pues detener la tendencia de crecimiento de los cultivos de coca no ha significado nada en la reducción de la violencia en esa zona del país. Horas después de este episodio, en la noche del sábado, fue asesinado Alexánder Vitonás Casamachín, un indígena de 18 años. “Autoridades indígenas confirman un nuevo asesinato en la vereda Loma Linda, municipio de Toribío, la víctima fue identificada como Alexánder Vitonás Casamachín”, confirmó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La lista, entonces, seguía aumentando.
También lea: Radiografía de la disidencia responsable de masacres en Cauca
Luego vino el primer atentado sicarial del fin de semana. La víctima, que por poco se salvó de ser parte de las lúgubres estadísticas del Cauca, fue Arbey Noscué, coordinador de la Guardia Indígena de Toribío. La versión del propio Noscué es que el arma del sicario “se encascaró”, lo que le dio el chance de huir. El atentado se perpetró el domingo 3 de noviembre y lo sucedió un nuevo asesinato: el del comunero Jesús Mestizo. Era fundador e integrante de la Asociación Indígena Avelino UI, la cual articula el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y la coordinación social y política Marcha Patriótica. Este homicidio también lo confirmó el CRIC.
La noche del domingo cerró con otro ataque. Esta vez fue en Corinto: el blanco fue la guardia indígena y las víctimas directas fueron dos jóvenes, Oveimar Silva y Luis Ángel, que resultaron heridos. “Siguen presentándose hechos de violencia que desarmonizan el territorio y el proceso comunitario”, reprochó el indígena nasa y senador de la República Feliciano Valencia. “Ante toda esta matanza en nuestros territorios decimos: ¡no me quito el bastón!”, agregó, en referencia especialmente a la Guardia Indígena de su pueblo, hombres y mujeres armados únicamente de bastones para proteger a los suyos y su tierra, hoy plagada de cultivos de uso ilícito, especialmente de marihuana.
El narcotráfico y el interés que en él tienen grupos como el Clan del Golfo, estructuras del Eln, los Pelusos y disidencias de las Farc —con el cartel de Sinaloa tras bambalinas— han hecho del Cauca la región más convulsionada desde que se firmó el Acuerdo de Paz. Allí, como en tantas otras regiones del país, la salida de las Farc dio paso a una disputa brutal por el control territorial, donde las rentas del narcotráfico son el trofeo en la mira. La respuesta del Gobierno hace unos días fue anunciar que enviará, de aquí a diciembre, a 2.500 miembros del Ejército para contrarrestar la violencia. La misma ONU le advirtió al gobierno Duque que esa medida podría resultar ineficiente ante tan complejo escenario.
México es un ejemplo claro de que repeler la expansión narco con Fuerza Pública puede llevar a una violencia aún más atroz y la principal damnificada, es posible preverlo, será la población civil, en este caso particular el pueblo nasa, el cual resistió durante años la presencia de las Farc en su territorio y ahora se opone a la ambición desmedida que se disparó entre múltiples grupos armados. O al menos trata de oponerse. Este lunes, una semana después de la primera masacre, el presidente Iván Duque anunció que se desplazaba a Popayán con el ministro de Defensa y la cúpula militar para liderar un consejo de seguridad.
También lea: Los operativos de la Guardia Indígena contra el narcotráfico en el norte del Cauca
Sus anuncios, en general, fueron los esperados. Dijo que “el narcotráfico es el mayor enemigo de nuestro país, de los líderes sociales, de los pueblos indígenas” y que “este fenómeno se enfrenta con seguridad y justicia, pero también llegando a los territorios con estas alternativas sociales”. Habló de acelerar la contratación de los proyectos de red terciaria, red educativa, desarrollo rural, electrificación, deporte y recreación. “En el norte del Cauca vamos a hacer presencia con proyectos de impacto”, señaló. Una promesa que este departamento le pide a gritos —y con muchos muertos de por medio— al primer mandatario que cumpla con urgencia.