:format(jpeg)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elespectador/9e22f4db-7b34-484a-ae31-348d62ae2ac3.png){kind=small}
:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/4wdVM37t5myTTy3N2oNPElhuq8E=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/ZIBEHCV3HJEOJLPXCEQQRJUMFQ.jpg)
La ciudad de Mitú es una especie de isla en medio de la selva. Se encuentra a orillas del río Vaupés, a menos de 50 kilómetros en línea recta con la frontera con Brasil, en medio de una selva tupida que se extiende al infinito desde la cima de las enormes rocas que se encuentran en esa zona de la Amazonia colombiana.
En medio de ese paisaje, como una larga herida, se extiende una larga zona deforestada, que parece un desierto en medio del bosque. Se trata de un área de aproximadamente un kilómetro a lado y lado de una carretera de unos 20 kilómetros que sale de la ciudad hacia el sur, en la que se observan varias fincas y rocas que arden en medio del fuego para la extracción de gravilla.
Puede leer: Los temas sensibles que aterrizarían en mesa con ELN tras crisis por secuestro
Esa “herida” en medio de la selva es solo un fragmento de una carretera de cerca de 100 kilómetros, proyectada desde hace décadas y que quedó por fuera del Gran Resguardo de Vaupés. Esa franja de tierra también perdió su carácter de reserva forestal en 2013 ante una decisión del Gobierno colombiano, lo que ha llevado a una tensión por la propiedad y el uso de estos terrenos entre colonos que han llegado a la zona en diferentes momentos y las comunidades indígenas que las consideran parte de su territorio ancestral.
Miembros de las comunidades indígenas que habitan en la zona, que provienen de 26 etnias, de 11 comunidades vecinas o que viven dentro de la franja, señalan que el Estado debe poner límites a la colonización de la zona, para que la carretera no se convierta en una forma de extender la deforestación y la pérdida de su territorio. “Desde hace más de 20 años, varias comunidades indígenas han migrado a esta zona de la carretera y queremos que se respeten nuestros derechos”, afirma Gabriel Paiva Vieira, coordinador de medio ambiente y territorio de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas de la Carretera aledañas a Mitú-Bogotá-Cachivera (AATAC), que reúne a las comunidades de la zona.
La historia de esta carretera y su colonización se remonta a las primeras décadas del siglo XX, con la llegada de misioneros de la orden católica de Monforth, que arribaron por río a la zona y fundaron un asentamiento en 1914. El lugar, a orillas del río Papurí, en toda la frontera con Brasil, se convirtió en un centro de evangelización al que comenzaron a venir indígenas de diferentes etnias.
En otras noticias: Directora de CNMH responde sobre queja por acoso laboral: “Soy exigente con el trabajo”
Con el crecimiento de la población, y con la fundación de Mitú en 1935, se fue abriendo una trocha de unos 100 kilómetros, por la que comenzó a transitar la población. La proyección de una carretera que uniera los dos poblados y que conectara a Mitú con la frontera brasileña llevó a que el Gobierno colombiano sacara esa franja de tierra, cuando en 1982 le entregó formalmente a varias comunidades indígenas el Gran Resguardo de Vaupés, un predio de cerca de cuatro millones de hectáreas.
Blanca Hernández es la presidenta de la Junta de Acción Comunal que reúne a los colonos que llegaron a la zona en las décadas de los 70, 80 y 90, y que reclaman la propiedad de fincas que han habitado desde entonces. “Mi mamá es indígena de la etnia wanana y mi papá fue policía. Ella tiene esta tierra desde hace casi 50 años, la misma comunidad fue la que le dio la finca. Lo que queremos es tener los títulos de nuestra tierra y que se respete todo el territorio de los indígenas”, explica Hernández.
Aunque la franja de tierra que quedó fuera del resguardo, destinada para la carretera, mantuvo su carácter de zona de reserva forestal por la Ley Segunda de 1959, la colonización de estos kilómetros cercanos a Mitú fue marcando una fuerte deforestación, sumada a la actividad minera, especialmente a la extracción de piedra.
Así, el Ministerio de Ambiente en 2013, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, decidió levantar esa reserva, lo que prácticamente convirtió esos predios en terrenos baldíos de la nación, sujetas a ser entregadas a campesinos.
Lea también: La amenaza de la selva del Vaupés por cuenta de la deforestación y la ganadería
Luis Fernando Jaramillo Hurtado es el coordinador para Vaupés del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), una organización de la sociedad civil que trabaja en la región y realizó un estudio socioambiental durante el proceso de levantamiento de la reserva. El experto señala que luego de la sustracción ha aumentado el número de personas que llegan desde el interior del país. “Muchos vienen desde Guaviare, con una visión de economía ganadera. El asunto es que para esto tumban selva y esto tiene un impacto social, porque se están metiendo al resguardo indígena, por fuera del kilómetro al lado y lado de la carretera”, señala Jaramillo.
El coordinador del Sinchi agrega que, además, parte de la gente que ha llegado desplazada desde hace muchos años de otros lugares del país se dedica a la extracción de piedra en esa zona, una actividad que está relacionada con la deforestación. “Para romper esas rocas tienen que calentarlas con fuego y para eso usan mucha madera de la selva. Todo es parte de un problema socioambiental grande, porque, por un lado, esto se convirtió en su sustento, pero por otro está el problema ambiental, y también que estas piedras, en muchos casos, son sagradas para comunidades indígenas”, dice Jaramillo.
La falta de delimitación de las tierras cuya propiedad reclaman los colonos que llegaron hace décadas, sumada a las personas que han arribado al departamento a buscar tierra durante los últimos años ha aumentado las tensiones.
Yenny Botero, una lideresa de AATAC, asegura que ha tenido problemas con una de sus vecinas que cercó la propiedad y bloqueó el acceso a un caño cercano. “Yo le he dicho a ella, al igual que a otros miembros de la comunidad: muéstreme los papeles que digan que todo el terreno es suyo. Para nosotros el territorio es colectivo igual que el acceso a los caños”, cuenta Botero.
Rutas del Conflicto pudo verificar con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad encargada de adjudicar los títulos en la zona, y confirmar que hasta noviembre de 2023 ninguno de los reclamantes ha recibido la propiedad formal. La lideresa agrega que la comunidad tiene una preocupación por la posibilidad de que en un futuro el resto de la carretera y los terrenos vecinos que siguen bajo la protección de la Ley Segunda corran la misma suerte de la franja, que dejó de ser reserva.
En este mismo sentido, Jaramillo, coordinador de Sinchi, señala que el Estado tiene un rol importante en estos procesos de colonización, que van de la mano con la construcción de carreteras en medio de la selva: “El Estado permite estas cosas y luego no es capaz de controlarlas. Así pasa a una mayor escala en varias zonas de Guaviare, en donde, detrás de los colonos que llegan desplazados, viene la proyección o la construcción de la carretera”.
Además: “No queremos seguir escuchando motosierras”: excomisionado Alejandro Castillejo
Una investigación de Rutas del Conflicto en octubre de 2022 evidenció la relación de la construcción de las carreteras con la colonización y la deforestación en el vecino departamento de Guaviare, más exactamente en el resguardo Nukak. En su momento, Dany Mahecha, profesora de la Universidad Nacional, señaló que en la zona del resguardo los políticos han participado en la apertura y el mantenimiento de estas vías.
Las tensiones en la zona
El impacto de la actividad humana a lo largo de la carretera hacia el sur, después de que termina la zona que no tiene reserva, es evidente. En esa área, según la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) -entidad oficial encargada por velar por el cuidado ambiental-, en los últimos años han emitido dos sanciones por deforestación, que se encuentran relacionadas con conflictos por la propiedad de la tierra.
“En uno de los casos, por ejemplo, una familia alega que era propietaria de un terreno hace mucho tiempo, pero que tuvo que dejarlo hace unos 20 años y que en 2020, cuando volvieron, se encontraron que el capitán de la comunidad indígena le había entregado el predio a otra familia que había deforestado unas hectáreas”, cuenta Liliana Novoa, directora de la CDA en Vaupés.
Reportaje recomendado: La otra cara de los suicidios de indígenas en Vaupés
Jaramillo, del Instituto Sinchi, señala que, como lo describe el caso que sancionó la CDA, otro problema es que ante las difíciles situaciones económicas y sociales que viven las comunidades indígenas, en ocasiones, los capitanes permiten que se asienten familias de colonos o de otras comunidades indígenas a cambio de dinero. Esta situación hace más complejo el problema de la ocupación y el uso de los predios que muchas veces pertenecen al resguardo, pero que colindan con la zona de la carretera.
La responsabilidad del Estado es clara a la hora de no definir la propiedad de la tierra en el caso de la carretera Mitú, Vaupés. Luego de levantar la reserva en 2013, estas tierras se convirtieron en baldíos que podrían ser adjudicados a campesinos bajo la Ley 160 de 1994. Pero durante los siguientes 10 años, apenas durante unos meses de 2016, y más recientemente desde mediados de 2023, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) abrió una oficina para atender los reclamos de propiedad de los colonos y de las mismas comunidades indígenas.
Marco Zúñiga es el coordinador de la Unidad de Gestión Territorial (UGT), una instancia de la ANT en Vaupés encargada de estudiar las solicitudes de propiedad en la franja a ambos lados de la carretera que ya no tiene reserva ambiental. Zúñiga asevera que tanto los colonos que llevan más tiempo como las comunidades indígenas han mostrado su interés para que el Estado defina los límites y entregue los títulos de esos predios. “Encontramos que hay solicitudes desde 2015. Hemos encontrado 140 de adjudicación aproximadamente en la zona, pero solo 53 tienen un expediente completo abierto”, explica Zúñiga.
El funcionario cuenta que la mayoría de los solicitantes son personas que pertenecen a la segunda o tercera generación de colonos que llegaron hace más de 40 años, pero agrega que han recibido solicitudes de diferentes personas por el mismo predio, lo que muestra el conflicto que se presenta por la propiedad de esas tierras. “Dentro de la entidad sabemos que se pueden presentar casos de personas inescrupulosas que piden los títulos, aun cuando no han ocupado esos predios”, afirma Zúñiga.
El coordinador de la UGT asegura que dentro de los solicitantes de los títulos se encuentra la Alcaldía de Vaupés, que reclama la propiedad de un predio que incluso ha sido propuesto para ser la sede del nuevo basurero municipal, debido a que el crecimiento de la población prácticamente ha desbordado el actual. Esta ha sido una de las preocupaciones en las que coinciden la población indígena y colona de la zona, ya que señalan que el impacto ambiental los perjudicaría.
También sobre esta región: Las maravillas ocultas del Vaupés, protagonistas en serie sobre el posconflicto
Aunque el funcionario de la ANT señala que las comunidades indígenas no han solicitado formalmente una titulación de la zona que habitan dentro de la franja que ya no tiene reserva, Gabriel Paiva, el coordinador de la asociación AATAC, dice que tienen la intención de solicitar la ampliación del Gran Resguardo de Vaupés en esa región. Paiva asegura que la idea es que los predios que son habitados por las comunidades indígenas se sumen a las tierras que tiene el resguardo desde 1982.
Tanto la Junta de Acción Comunal que representa a las familias de colonos que llevan varias generaciones viviendo en la zona, como la coordinación de la organización indígena, coinciden en la necesidad urgente de que el Estado intervenga en esta región para entregar los títulos y poner un límite que respete los territorios indígenas. De los dos lados insisten en que resolver esta situación ayudaría, además, a conservar la selva en un futuro.