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Si algo deja claro el último monitoreo sobre presencia de cultivos ilícitos en Colombia es que, si bien hubo una leve disminución en el número de hectáreas de coca, el país sigue teniendo cifras históricas que muestran que el problema está concentrado en territorios específicos con un enorme potencial de producción y fuerte presencia de grupos al margen de la ley.
De hecho, que se hayan registrado 169.000 hectáreas de coca en 2018, 1.2 % menos que en 2017, más que una disminución importante se considera una estabilización del fenómeno, pues la diferencia es tan solo de 2.000 hectáreas, una cifra que, incluso, según algunos sectores cabe dentro del margen de error. Eso sí, la interrupción de la tendencia de crecimiento que se venía registrando en los últimos años representa una buena noticia. De ahí que el llamado desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, encargada de hacer el monitoreo de cultivos, sea para aprovechar el momento y avanzar en las zonas en las que el fenómeno se está debilitando y diseñar estrategias focalizadas.
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Un punto clave, sobre todo teniendo en cuenta que, según el reporte, el 90 % de la coca del país está concentrada en siete departamentos: Nariño (25 %), Norte de Santander (20 %) Putumayo (16 %), Cauca (10 %), Antioquia (8 %), Caquetá (7 %) y Bolívar (5 %). Para decirlo de otra forma, el 5 % del territorio concentra el 62 % del problema; hay más coca en menos territorio.
En entrevista con El Espectador, Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, explica a qué se debe la tendencia estable en el número de cultivos ilícitos y hacia dónde tendrían que ir los esfuerzos para disminuir las hectáreas cultivadas.
¿Cómo explicar la estabilización de las cifras de cultivos ilícitos en el país?
Hay que resaltar el trabajo que han hecho desde las instituciones. Se ha hecho un esfuerzo muy grande, por ejemplo, en la erradicación forzosa. Hubo más o menos 80.000 hectáreas que se removieron en esta modalidad y eso tuvo un impacto sobre la mata de coca. A eso hay que agregar que hubo cerca de 30.000 hectáreas que se erradicaron de manera voluntaria, y esa es una cifra que hay que tomar en cuenta. Hay muchos campesinos que decidieron pasar a la economía legal, y eso es muy positivo.
Se habla de un efecto de compensación que explica por qué no aumentaron ni disminuyeron en gran número las hectáreas cultivadas. ¿En qué consiste?
Si bien es cierto que nueve departamentos mostraron un cambio hacia la reducción (es el caso de Nariño, Putumayo, Meta, Chocó y Amazonas, donde se logró una reducción de más de 11.000 ha), esa disminución fue compensada por un incremento de 9.000 ha en Norte de Santander, Bolívar y Cauca. Eso demuestra que hubo un efecto de equilibrio entre las zonas en las que aumentaron y las que disminuyeron. Básicamente lo que hacemos es la foto, y tomamos en cuenta lo que pasó durante todo el año para sacar una cifra que es la más cercana posible, aunque nunca tendrá una precisión total. Entonces la foto que tenemos es que hay una estabilización.
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¿Qué está pasando en esos departamentos en los que la tendencia es el aumento?
En esas zonas hay aumento porque hay grupos criminales muy metidos en los territorios, como el caso del Eln y otros grupos que tienen un impacto muy importante sobre los campesinos. Hay una reducción de las zonas donde hay mata de coca, pero al mismo tiempo hay una profesionalización de los campesinos. El 5 % del territorio concentra el 62 % del problema. Este informe da una herramienta al Gobierno para entender lo que se debería hacer y en dónde exactamente se debe hacer. Focalizado sobre cada región y departamento. Lo que pasa en el sur del país no es lo mismo que pasa en una zona de frontera. El Gobierno debe utilizar esas cifras y ver las tendencias para poder cambiar las cosas.
Sobre todo porque las cifras muestran un fuerte fenómeno de concentración de cultivos...
Hay 10 municipios que concentran básicamente el 44 % de la coca del país. Dos lugares muy importantes que son Tibú, en Norte de Santander, y Tumaco, en Nariño. Acá el tema no es solo que la fuerza pública deba entrar para erradicar de forma forzosa, sino que al mismo tiempo el Gobierno y las instituciones deben llegar para llevar a los campesinos un futuro. Necesitan escuelas, centros de salud, justicia, programas de desarrollo alternativo para que pasen de la cultura de ilegalidad a la legalidad; eso es lo que se necesita. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero el camino es la sostenibilidad, desarticular los grupos criminales que están ejerciendo tanta presión.
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Y en el caso de la resiembra, ¿se ha documentado desde Unodc el fenómeno?
No tenemos herramientas de medida sistemáticas de resiembra, pero nuestros estudios muestran que en zonas donde hay cultivos ilícitos que se erradicaron de forma voluntaria hay menos de 1 % de resiembra. Donde se erradicó de forma forzosa hay cerca de 30 o 35 % de resiembra. Son muestras, no hay datos al 100 %. Para mí, la sostenibilidad es el tema fundamental que se debe desarrollar.
¿Cuál es la postura de la organización respecto a la fumigación con glifosato como solución para acabar con los cultivos ilícitos?
La Unodc no tiene una postura sobre el glifosato. El glifosato es una herramienta, pero no es la única. De hecho, hay zonas protegidas en las que no se puede usar glifosato y eso hay que verlo. Pero la decisión de usarlo o no es soberana del Gobierno y nosotros lo apoyaremos. Claramente hay temas de salud y medio ambiente que se deben tomar en cuenta. Es lo mismo que dijo la Corte Suprema: la decisión pertenece al Estado, pero hay medidas que se deben tomar para proteger a las personas.