Colombia va este domingo a las urnas para elegir a su próxima o próximo presidente en medio de un escenario de seguridad más complejo que el de hace cuatro años, con más grupos armados operando en los territorios, más hechos violentos asociados al conflicto y más municipios catalogados en riesgo extremo electoral.
Los mapas de riesgo elaborados por la Misión de Observación Electoral (MOE) muestran que el país llega a las presidenciales de 2026 con 386 municipios bajo algún nivel de riesgo electoral, 11 más que en 2022. Pero la principal preocupación está en la intensidad del fenómeno. Los municipios en riesgo extremo aumentaron de 95 a 139 y los hechos violentos registrados durante el calendario electoral pasaron de cerca de 1.300 a más de 3.100.
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Detrás de esas cifras hay una transformación del conflicto armado que organismos como la misma MOE y la Defensoría del Pueblo consideran clave para entender el actual panorama electoral. En varias regiones del país ya no existe un actor armado dominante. Cauca, Nariño, Putumayo, Meta y Guaviare son algunos de los departamentos donde coinciden varias estructuras ilegales que se disputan corredores estratégicos y economías ilícitas.
Según Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, el aumento de las alertas no responde únicamente a la presencia de más grupos, sino también a una intensificación de las confrontaciones. Mientras hace cuatro años buena parte de los hechos registrados estaban asociados a enfrentamientos entre grupos armados y Fuerza Pública, hoy son cada vez más frecuentes los choques entre organizaciones ilegales rivales.
“Hoy lo que vemos es una coincidencia más alta de grupos armados. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay zonas del país donde ya no hay un solo actor dominante sino dos, tres o cuatro. Tenemos municipios donde coinciden ELN, Estado Mayor Central, estructuras de la Segunda Marquetalia. Eso aumenta los niveles de conflictividad y los niveles de riesgo”, explica Rubiano a Colombia+20.
A ello se suma, según la MOE, una evolución de las capacidades militares de estas estructuras armadas, con un uso más recurrente de drones, explosivos y otras tecnologías que han aumentado su capacidad de acción en los territorios. Y algo que no es menor: sus ataques cada vez más frecuentes a la población con desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y confinamientos.
Los comicios y las prácticas de control de los grupos armados
Pero para la MOE el principal riesgo no se limita al aumento de los hechos violentos. Rubiano asegura que durante el calendario electoral la organización ha identificado un incremento de prácticas de control social ejercidas por grupos armados en distintas regiones del país.
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“Hemos alertado sobre procesos de carnetización y empadronamiento de comunidades por intermedio de Juntas de Acción Comunal en zonas de Cauca, Tolima, Meta y Guaviare. Se está forzando a presentar listados y a identificar quién entra y quién no en determinados territorios. No tenemos cómo confirmar que eso tenga una finalidad electoral, pero son actuaciones de control social que podrían traducirse en presiones sobre las comunidades”, señaló.
La MOE ha documentado este tipo de situaciones en departamentos como Cauca, Tolima, Meta y Guaviare.
La preocupación es compartida por la Defensoría del Pueblo. En sus alertas electorales, la entidad ha advertido que varios grupos armados han fortalecido formas de gobernanza ilegal en distintos territorios del país, ejerciendo control sobre comunidades, liderazgos sociales e incluso dinámicas políticas locales.
Según la Defensoría, las amenazas ya no se limitan a ataques armados o intimidaciones directas. En algunas regiones se han reportado restricciones para realizar campañas, presiones sobre autoridades locales, vetos a candidaturas, limitaciones al proselitismo y mecanismos de regulación de la actividad política.
“Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, dice la alerta de la Defensoría de febrero pasado.
Esa preocupación también aparece reflejada en otro de los hallazgos de la MOE. De acuerdo con la organización, los municipios clasificados en riesgo extremo registran niveles de participación electoral significativamente inferiores a los de municipios sin alertas de seguridad.
“En estas zonas donde se presenta mayor nivel de riesgo calculado por la MOE tenemos menores indicadores de participación electoral. En promedio, 10 puntos porcentuales por debajo en municipios que tienen riesgo extremo versus municipios que no tienen ningún nivel de riesgo”, asegura Rubiano.
La Misión de Observación indica que, en todo caso, las organizaciones ilegales difícilmente tienen la capacidad de alterar una elección presidencial debido al peso relativamente reducido que tienen en el censo electoral las regiones donde concentran su mayor presencia. Sin embargo, eso no significa que carezcan de impacto político.
“No necesariamente tienen capacidad para determinar una elección del orden nacional (...), pero sí estamos viendo afectaciones a la participación y a las libertades políticas de las comunidades”, indica Rubiano.
Como ejemplo pone lo que puede ocurrir en zonas aledañas a los ataques de esta semana en La Guajira por parte del ELN, o en Guaviare, donde se presentaron enfrentamientos entre la disidencia Estado Mayor Central (EMC), de Iván Mordisco, y Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de Calarcá Córdoba, y que dejaron al menos 50 muertos. Rubiano afirma que ese tipo de hechos provocan restricciones entre una población para la que el “menor” de sus problemas es la votación, y que en cambio buscan resguardarse de la violencia.
“Esas personas desplazadas ya no van a poder votar porque su inscripción seguramente está en territorio rural y no hay forma legal y jurídica de poderles permitir el derecho al voto ni sus derechos políticos. Esos son riesgos que hay que tener en cuenta”, asegura.
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Las Zonas de Ubicación Temporal avanzan en territorios bajo alerta
El aumento de las alertas electorales coincide con otro de los procesos que hoy concentra la atención del Gobierno porque, por ahora, es el legado más tangible que puede tener la ambiciosa política de paz total: las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), uno de los principales instrumentos para avanzar en el tránsito a la vida civil de miembros de al menos cuatro grupos armados.
Su implementación en plena recta final de la campaña electoral ha generado dudas y suspicacias sobre su impacto en las elecciones.
El Gobierno sostiene que las ZUT hacen parte de una estrategia más amplia para reducir las violencias y crear condiciones que permitan avanzar hacia acuerdos con distintos grupos armados. Aunque el Gobierno reconoce que muchos de los procesos de negociación abiertos no alcanzarán a concluir durante la actual administración, insiste en que el objetivo es dejar avances difíciles de revertir. “Muchos de estos esfuerzos van a sobrepasar este gobierno, pero lo que pensamos es que, pese a eso, queremos que estos procesos se vuelvan irreversibles en este gobierno”, dijo esta semana a Colombia+20 el Consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.
Uno de los procesos más avanzados es el que el Gobierno adelanta con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), la estructura comandada por Walter Mendoza. Armando Novoa, jefe de la delegación gubernamental en esa mesa y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, reconoce que los riesgos de presión sobre los votantes existen en los territorios donde operan grupos armados. “La coacción al elector por los actores armados y también por actores no armados es lo recurrente en los procesos electorales”, señaló.
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Sin embargo, Novoa considera que la lógica de estas organizaciones está más asociada al control territorial que a la disputa por el resultado de una elección presidencial. “A ellos les interesa tener control sobre los concejos, sobre las alcaldías, sobre las gobernaciones. Les interesa más la democracia local que la democracia nacional”, explicó.
Los territorios donde se han planteado o analizado posibles ZUT coinciden con corredores donde la MOE y la Defensoría han identificado altos niveles de riesgo electoral, presencia simultánea de actores armados y disputas por control territorial. Entre ellos está Tibú, en Norte de Santander; Tierralta, en Córdoba; Mallama y Roberto Payán, en Nariño; y Valle del Guamuez, en Putumayo. Todos forman parte de regiones donde confluyen economías ilegales, disputas armadas y presencia de múltiples estructuras criminales.
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Tibú, por ejemplo, se encuentra en el corazón del Catatumbo, una de las zonas más complejas del país por la presencia simultánea de varios actores armados y la disputa por corredores fronterizos y economías ilícitas. Roberto Payán y Mallama hacen parte del corredor del Pacífico nariñense, mientras Valle del Guamuez integra una de las áreas más sensibles de Putumayo, donde el control territorial lo tiene Comandos de Frontera.
Para la MOE, la coincidencia entre la campaña presidencial y el avance de estos procesos merece especial atención. Rubiano advierte que la concentración de integrantes de grupos armados en medio de una contienda electoral puede generar preocupación e incertidumbre entre las comunidades, incluso si no existe evidencia de intervención política directa.
El viernes la disidencia de Mendoza reiteró, a través de un comunicado, su compromiso con el acuerdo del pasado 5 de diciembre para no interferir en las elecciones. “Tener a las personas del grupo armado cerca, saber que están en la vereda o en el corregimiento, puede generar una especie de autocensura sobre la opción política y sobre la libertad para elegir”, señaló Rubiano, de la MOE.
La Misión aclara que, hasta ahora, no ha identificado indicios de que las futuras ZUT estén siendo utilizadas para favorecer candidaturas o alterar la competencia electoral. Sin embargo, considera que el fenómeno debe ser monitoreado en territorios donde la presencia armada sigue teniendo una influencia significativa sobre la vida cotidiana.
Más allá del resultado electoral del domingo, las alertas de la MOE y la Defensoría coinciden en una preocupación de fondo. En buena parte de las regiones donde se concentran los riesgos, el desafío no es únicamente garantizar que las elecciones se realicen, sino que los ciudadanos puedan participar en ellas con libertad, en territorios donde el conflicto armado sigue influyendo sobre la vida cotidiana y las dinámicas comunitarias.
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