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El Gobierno de Gustavo Petro le está metiendo el acelerador a la construcción de las cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que se acordaron con cuatro grupos armados que están dentro de la paz total.
Uno de los avances se está dando en Valle del Guamuez, Putumayo, donde se proyecta una de esas zonas con la disidencia conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) al mando de Walter Mendoza.
La delegación de Gobierno compartió con Colombia+20 imágenes donde se evidencia la presencia de maquinaria y la adecuación del terreno para albergar la ZUT en ese punto del país. En las fotografías también se ve a personal trasladando material.
De acuerdo con lo anunciado por Armando Novoa, jefe negociador del Ejecutivo en ese diálogo, la meta es que el traslado de los integrantes de esa disidencia -se prevé que sean 100 en una primera fase y 200 en total- se concrete a finales de mayo. En total, esa disidencia tiene aproximadamente 2.500 hombres en armas.
La vigencia de ese espacio será de 10 meses, es decir, que excede la terminación del Gobierno Petro cuyo fin es el próximo 6 de agosto, según lo que quedó establecido en la resolución que autorizó la creación de la ZUT con esa disidencia. Con este grupo armado también está proyectada otra Zona de Ubicación en la parte rural del municipio de Roberto Payán en Nariño.
Los avances de las ZUT se dan en medio de varios choques del Gobierno con la Fiscalía por el anuncio del Gobierno del levantamiento de las órdenes de captura para integrantes de grupos armados que vayan estar en esos espacios. Específicamente la pugna se dio porque la decisión alberga a 29 miembros del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila, conocido como Chiquito Malo, quien tiene órdenes de extradición.
La Fiscalía se negó a levantar esa suspensión y el Gobierno, en cabeza del comisionado de paz, Otty Patiño, afirmó que esa era potestad del presidente Petro.
La discusión aún no se ha zanjado, pero el Ejecutivo decidió descartar el ingreso de extraditables al menos en una primera fase. Este martes, a través de un comunicado, el Clan del Golfo -autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)- aceptó es decisión.
La Defensoría del Pueblo también se refirió este martes a las ZUT y afirmó que existen riesgos sobre el levantamiento de las órdenes de captura a integrantes de grupos ilegales que vayan a hacer tránsito hacia esos espacios.
En su pronunciamiento, la defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que, si bien el presidente de la República tiene la facultad de pedir la suspensión de las órdenes de captura, “dicha facultad es reglada y está sometida al cumplimiento de condiciones constitucionales y legales” que debe tener en cuenta el Ejecutivo.
Marín también advirtió que, entre los riesgos, está si se avanza en tener en cuenta los derechos de las víctimas, si “se generan expectativas para los grupos en un contexto de riesgo electoral y de transición de gobierno”, también si persisten los riesgos para las comunidades y también las afectaciones de los derechos de pueblos étnicos potencialmente impactados por las ZUT.
Marín explicó, además, qué significa un “estado avanzado” del proceso de diálogos para avanzar hacia las ZUT. Para la Defensoría, un proceso llega a ese punto cuando ya son viables el desarme, la desmovilización y la reintegración a la vida civil de los integrantes del grupo. En otras palabras, cuando los combatientes están prácticamente listos para entregar las armas.
¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal?
Se han concebido como una suerte de espacios delimitados donde miembros de las estructuras armadas harán la transición a la vida civil con acompañamiento estatal y verificación. Estos espacios quedaron definidos en la ley 2272 de 2022, conocida como ley de paz total. Según lo indica esa norma jurídica, tienen como objetivo “poner fin al conflicto armado. Estas zonas no serán zonas de despeje”.
Estos espacios se basan en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN) que se establecieron para hacer el tránsito a la vida civil de los excombatientes de las FARC. Sin embargo, la Ley de Paz Total no desarrolla cuáles reglas se aplicarán en esas zonas y qué tendrán que hacer los miembros de los grupos armados.
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