En una decisión que marca un giro en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono y al Ejército de Estados Unidos a desplegar operaciones militares directas contra carteles de la droga extranjeros que figuren en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organization, FTO en inglés, OTE en español) del Departamento de Estado.
La medida, revelada este viernes por The New York Times abre la puerta a intervenciones que no requerirán autorización del Congreso, e incluirá grupos como el Cartel de Sinaloa, el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha y el Cartel de los Soles, que EE. UU. asegura es liderado por Nicolás Maduro.
La orden ejecutiva, sustentada en la ampliación del uso de la figura Organización Terrorista Extranjera (OTE) a estructuras criminales, incluye de forma explícita a tres actores armados de Colombia: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC —en sus facciones de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez y del Estado Mayor Central, de Iván Mordisco— y el Clan del Golfo.
Según el documento oficial, todos ellos representan “una amenaza directa a la seguridad nacional y a la salud pública” de Estados Unidos por su rol en el tráfico internacional de drogas y actividades asociadas como el lavado de activos y la corrupción transnacional.
El pasado 13 de febrero, el Departamento de Estado estadounidense anunció que clasificó como organización terrorista a grupos criminales de Colombia, El Salvador, México y Venezuela.
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ELN, la presión máxima sobre el último grupo insurgente activo
El ELN, activo en zonas rurales de Colombia y con presencia consolidada en Venezuela, ya figuraba en la lista OTE desde 1997, pero la nueva medida implica que podrá ser objeto de operaciones militares directas de EE. UU., incluyendo ataques selectivos y despliegues de fuerzas especiales.
Aunque Washington podría argumentar que sus acciones se centrarán en frenar el narcotráfico, un ataque selectivo contra estructuras del ELN —especialmente en la frontera con Venezuela— podría endurecer la posición de su comando central o incluso provocar una ruptura de la mesa.
Expertos advierten que esta acción limita de manera significativa el margen de negociación política, si el Gobierno aún tiene esperanza de reactivar el diálogo con el ELN, suspendido hace poco más de un año.
Disidencias de las FARC: golpe a economías ilícitas
Las facciones disidentes —en especial la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (EMC)— controlan rutas de narcotráfico estratégicas en el sur, oriente y Pacífico colombiano.
El EMC y la Segunda Marquetalia son, en la práctica, redes armadas con fuerte dependencia del negocio de la cocaína y minería ilegal. Para EE. UU., representan un eslabón clave en la conexión con cárteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Una ofensiva militar podría concentrarse en destruir laboratorios, pistas clandestinas y campamentos en selvas apartadas.
Sin embargo, esto podría también generar vacíos de poder que otros actores armados intenten ocupar, multiplicando la violencia local. Para Petro, significaría lidiar con un aumento de combates y desplazamientos en zonas donde apenas se intentaban diálogos exploratorios.
Clan del Golfo: el narcoparamilitarismo en la mira
El Clan del Golfo, considerado la organización criminal más poderosa del país, ya enfrentaba una ofensiva judicial con capturas y extradiciones de sus principales cabecillas. Ahora, la orden de Trump otorga a EE. UU. herramientas para atacar no solo su estructura en Colombia, sino también sus nexos internacionales, particularmente con cárteles mexicanos.
Esta política coloca a los grupos armados colombianos bajo el mismo paraguas legal que organizaciones como ISIS o Al Qaeda.
El gobierno Petro, que ha defendido la “paz total” como estrategia integral, enfrentará el dilema de coordinar con Washington sin poner en riesgo sus propias mesas de negociación. Cualquier acción militar estadounidense que cause bajas significativas podría reconfigurar la correlación de fuerzas en los territorios y, con ello, alterar los incentivos para dialogar.
En el plano diplomático, el desafío será mantener la cooperación con EE. UU. —fundamental para el financiamiento y la inteligencia en la lucha contra el narcotráfico—, ya de por sí con una relación tensionante entre Trump y Petro mientras se evita que la agenda militar impuesta desde Washington fracture la política interna de paz.
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