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Durante el periodo 193 de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Colombia tuvo un capítulo aparte para presentar un caso de judicialización contra ocho líderes ambientales del departamento del Casanare. El objetivo de esa audiencia, que lideró el Centro Internacional de Justicia (Cejil), era entregar un panorama del continente frente a las agresiones que están viviendo los líderes ambientales por cuenta de su defensa al territorio y al cambio climático que vive el planeta.
En general, según el Comité de Solidaridad de los Presos Políticos, el uso indebido del sistema de justicia se ha convertido en una modalidad de agresión y ha venido en aumento durante los últimos 8 años: “desde el 1 de enero del 2012 hasta el 15 julio de 2019, las judicializaciones se incrementaron un 244%”. Durante ese periodo, 249 personas defensoras fueron judicializadas, de las cuales, el 74% corresponden a defensores de la tierra y del medio ambiente. Uno de esos casos, que se presentó ante la CIDH, es el de los ocho líderes Ambientales de San Luis de Palenque, capturados en noviembre de 2018 y a quienes la Fiscalía General de la Nación acusó de conformar un Grupo Delictivo Organizado (GDO) en el año 2016.
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El 27 de noviembre de 2018, a las 2:45 de la mañana, un operativo de 200 hombres, entre miembros de la Policía y el Ejército Nacional. Algunos desembarcaron por aire desde dos helicópteros, mientras otros lo hicieron por tierra. Llegaron al municipio de San Luis de Palenque (Casanare) con el objetivo de capturar a Ferney Salcedo, Yulivel Leal, Jesús Leal Salcedo, Carmen Iraida Salcedo, Miguel Ángel Rincón, Josué Eliecer Rincón, María Teresa Rincón y Salcedo Betancourt, a quienes la Fiscalía acusó de haber conformado en 2016 un Grupo Delictivo Organizado (GDO), el cual tiene como “facha la protesta social”, se lee en el informe entregado a la CIDH.
De acuerdo con el ente investigador, este grupo “planeó ataques a la Fuerza Pública y a los vehículos petroleros bajo las órdenes de Ferney Salcedo” durante las protestas del 26 de febrero de 2018 en contra de la empresa petrolera Frontera Energy. Los ocho líderes fueron señalados por la Fiscalía de haber amarrado y arrastrado con un caballo a un Policía durante las manifestaciones. Éstas, según le contaron los abogados de las víctimas a la CIDH, se desarrollaron porque dichos líderes desde 2012, cuando inició la exploración del Bloque petrolero Cubiro, vienen denunciando, sin tanto eco de las autoridades estatales, la afectación al medio ambiente desde la entrada en operación de la empresa petrolera. “Se ha deteriorado el estado de la vía y ha aumentado la muerte de animales, además se ha hecho más difícil la comunicación de esta comunidad con la capital del departamento”, dice el documento presentado este viernes el organismo internacional.
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Las personas reseñadas en este caso actualmente están privadas de su libertad (tres en centros carcelarios y cinco con detención domiciliaria). Completaron 10 meses en esta situación, sin que existan avances judiciales que les permita vencer o ser vencidos en juicio. Dada la imputación hecha por la Fiscalía, dijo el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, podrían durar hasta 3 años con esta restricción sin que exista una sentencia. “Se han paralizado los procesos de exigibilidad de derechos y se ha desincentivado la creación de nuevos liderazgos”, sentencia el documento.