Entre 2016 y 2020, 75 líderes de sustitución de coca fueron asesinados

El caso de la cuenca del río Guayabero está incluido en el informe como uno de los cinco sucesos emblemáticos de agresiones a líderes de sustitución de cultivos. / Gustavo Torrijos

Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Hacia las 4 de la tarde del 26 de junio de 2019, el campesino Manuel Gregorio González Segura salió de su parcela en el corregimiento El Palmar, del municipio de Montelíbano, sur de Córdoba, para abastecer de víveres a su familia. De él no volvieron a saber nada hasta el día siguiente, cuando pobladores de la zona lo encontraron muerto con las manos atadas y signos de tortura. Poco más de una semana después, el 6 de julio, el campesino Manuel Osuna Tapias fue encontrado degollado en su vivienda en el corregimiento Versalles, del vecino municipio de San José de Uré. Ambos labriegos eran miembros activos de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Ascsucor) e impulsaban la sustitución voluntaria de los cultivos de coca en esa región.

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Con esos dos homicidios, hasta esa fecha ya iban 15 beneficiarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) -creado en el cuarto punto del Acuerdo de Paz- asesinados en el sur de Córdoba desde que se puso en marcha el programa en 2017. El caso de las agresiones a Ascsucor está recogido en el informe que el programa Somos Defensores, la Corporación Viso Mutop y la Asociación Minga presentan hoy, en el que documentaron las agresiones y la persecución a los liderazgos de sustitución de cultivos en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016.

El documento revela que desde la firma de ese pacto de paz hasta el 30 de junio de 2020 fueron asesinados 75 líderes de sustitución de cultivos de coca en el país. Homicidios que ocurrieron en 12 departamentos, de los cuales solo cinco concentraron el 82 % de los casos: Antioquia, con 24 asesinatos; Cauca, con 18; Norte de Santander, con 8; Putumayo, con 7, y Nariño, con 5. El año en que más se registraron estos asesinatos fue 2018, con 27 homicidios; seguido de 2020, en el que solo entre enero y junio se confirmaron 20 asesinatos; luego 2019 con 16 casos; 2017 con 11, y 2016, cuando se presentó un caso.

Entre las víctimas mortales documentadas en el informe hay cuatro mujeres que lideraban la sustitución voluntaria de la coca. El 30 de marzo de 2018 fue asesinada María Magdalena Cruz Rojas, que impulsaba la sustitución en la vereda Brisas de Iteviare, inspección Rincón del Indio, en Mapiripán (Meta). Hombres armados llegaron hasta su finca y en frente de su esposo y su hijo la ultimaron a disparos. El 7 de abril de 2019 fue abaleada Lucero Jaramillo Álvarez, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda Puerto Valdivia en Curillo (Caquetá) que participaba activamente del proceso de sustitución de cultivos en su vereda. Las autoridades dijeron en su momento que el crimen habría sido cometido por el frente Primero de las disidencias de las Farc.

Los otros dos casos se registraron en 2020. Primero, el de la lideresa Gloria Isabel Ocampo, asesinada en su casa en la vereda La Estrella de Puerto Guzmán (Putumayo) el 7 de enero, y luego, en ese mismo departamento, el de Leidy Viviana Trompeta, de 24 años, una guardia indígena del Cabildo Nasa Kuesh Kiwe de Bellavista, en Orito, que hacía parte del PNIS. La mujer habría sido ahorcada por el agresor, el 9 de junio.

En la publicación también se indagó por los responsables y se encontró que si bien en el 46 % de los asesinatos no fue posible identificar al victimario, se pudo establecer que en el 28 % de los casos los posibles responsables son grupos paramilitares entre las Agc y otros sin identificar plenamente; en el 13 % se trata de disidencias de las antiguas Farc; en el 9 %, la guerrilla del Eln; en el 3 %, la Fuerza Pública, y un caso se le atribuyó al Epl.

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¿Por qué es grave que asesinen a líderes de sustitución de cultivos? El caso del líder de Puerto Asís (Putumayo) Marco Rivadeneira, detallado en el informe, es ilustrador. El labriego fue asesinado el 19 de marzo de 2020 en el corredor Puerto Vega-Teteyé, de Puerto Asís, cuando asistía a una reunión con campesinos de veredas de la zona para socializarles los avances de la mesa de concertación que habían logrado con el Gobierno Nacional para buscar una alternativa a quienes habían quedado por fuera del PNIS. Rivadeneira era el presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís (Asocpuertoasís), vocero de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, dirigente del Coordinador Nacional Agrario y del Congreso de los Pueblos.

Tras su asesinato, otro dirigente de la Asociación, Deobaldo Cruz, y el secretario de la mesa de concertación con el Gobierno, que ese día estaban con Rivadeneira, se vieron forzados a salir de Puerto Asís y hasta hoy siguen manejando un bajo perfil. Como consecuencia de ello, los avances en la mesa de concertación se frenaron y, aunque ha sesionado algunas veces, no se continuó con la ruta de trabajo que se había acordado por los riesgos que implica moverse por las veredas del corredor Puerto Vega-Teteyé. Además, Deobaldo Cruz es víctima de los operativos de erradicación forzada por parte de la Fuerza Pública, pues en junio de 2019 perdió su ojo izquierdo al recibir el impacto de un perdigón disparado por el Esmad en medio de una manifestación campesina contra esos operativos.

Esos choques ocurridos entre la Fuerza Pública y el campesinado cocalero también quedaron recogidos en el documento que se presenta hoy como otra forma de persecución a los labriegos que viven de ese cultivo. Allí se retoma el estudio del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, que registró 95 incidentes entre campesinos y Fuerza Pública entre 2016 y la primera mitad de 2020. En ese estudio se hablaba de 12 campesinos o indígenas muertos a manos de militares o policías antinarcóticos.

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Algunos de esos casos quedaron documentados en este informe, como los dos ocurridos en Norte de Santander. El de Digno Emérito Buendía, líder campesino del Catatumbo que participaba de una protesta contra la erradicación y que murió por un disparo al parecer de un integrante del Batallón Hermógenes Maza en zona rural de Cúcuta. Dos meses antes de él murió también por un disparo de un soldado del Ejército, esta vez del Batallón de Operaciones Terrestres número 9 de la Fuerza Vulcano, Alejandro Carvajal, que impulsaba un proyecto de sustitución de coca por caña en Sardinata.

Además de esos casos de Norte de Santander, el de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba y el de Marco Rivadeneira, el informe ahondó también como caso emblemático en el de la masacre de El Tandil, en Tumaco (Nariño), ocurrida en octubre de 2017, en la que siete campesinos murieron por disparos presuntamente de policías antinarcóticos que ejecutaban un operativo de erradicación forzada.

Ese hecho hasta hoy permanece en la impunidad, pues nadie ha sido condenado o sancionado por lo sucedido, pese a que en la Procuraduría hay abierta una investigación disciplinaria y el proceso está hoy en la justicia penal militar. De hecho, a finales del año pasado las víctimas y sus representantes pidieron que el caso sea investigado en la justicia ordinaria. Y el quinto caso que el informe incluyó como emblemático es el del despliegue militar en la cuenca del río Guayabero, donde las comunidades han denunciado excesos por parte de los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, que han derivado, según las denuncias, en campesinos heridos con arma de fuego, quema de viviendas, robo de ganado, destrucción de propiedades privadas, entre otros.

Y al crudo panorama de agresiones a impulsores de sustitución se le suma la precaria implementación del PNIS, al que están inscritas 99.000 familias en 56 municipios del país. Según el documento, a junio de 2020 los pagos por asistencia alimentaria los habían recibido 74.199 familias y la asistencia técnica llegaba a 61.183 familias. Mientras tanto, los proyectos productivos rondaban el 1 % de avance en todo el país. “El panorama indica que varias familias terminaron de recibir el apoyo económico sin contar con la asistencia técnica y la realización de los proyectos estipulados en el Acuerdo para garantizar otro tipo de economías campesinas”. Ello ha llevado, dice el documento, a que una parte de las familias haya tenido que recurrir a la resiembra y, por lo tanto, sean expulsadas del programa. Situación que se agrava, pues hasta la fecha no existe la Ley de Tratamiento Penal Diferencial para Pequeños Cultivadores, que no ha podido salir adelante en el Congreso y que sigue siendo una deuda con el cuarto punto del Acuerdo de La Habana.