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El 2026 encontró a Filo Gringo convertido en un pueblo arrasado.
La guerra en Catatumbo entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC –que desde enero de 2025 desató la peor crisis humanitaria del país en los últimos 20 años– volvió a destruir con todo a su paso.
Este 31 de diciembre, el hospital de ese corregimiento del municipio de El Tarra fue blanco de un ataque con drones que causó graves daños en su infraestructura, y la iglesia cuadrangular quedó marcada por las balas.
En medio de un pueblo devastado, al menos 56 familias del corregimiento no tuvieron más remedio que huir hacia Ocaña. El personal médico del Catatumbo también solicitó su traslado de la zona, por temor a quedar en medio del fuego cruzado entre los grupos armados.
En el territorio persiste la misma pregunta: ¿dónde ha estado el Gobierno mientras la guerra ya deja unas 78.000 personas desplazadas desde que se desató la crisis en enero del año pasado?
Colombia+20 habló con Diógenes Quintero, representante de la curul de paz del Catatumbo, quien advierte que la violencia puede seguir expandiéndose en la región y cuestiona la falta de acciones concretas del Gobierno Nacional. Para él, lo ocurrido en el último año evidencia una ausencia de control territorial y una respuesta insuficiente frente a la crisis humanitaria que hoy vuelve a repetirse.
¿Qué información tiene sobre lo que está pasando en El Tarra, donde se están concentrando los combates?
Desde hace unos días, a finales de año, el Frente 33 tomó la iniciativa de atacar territorios que ya estaban siendo controlados por el ELN. Entre esos, el corregimiento de Pacelli, en Tibú, y el corregimiento de Filogringo, en El Tarra, un territorio que comparte límites entre los dos municipios. En Pacelli la situación fue más o menos tranquila, pero también se presentaron hechos de desplazamiento y amenazas a la población.
En Filo Gringo la situación fue mucho más compleja. La toma del corregimiento dejó casas completamente afectadas por artefactos explosivos e incluso incendios en viviendas. Hubo cruce de disparos, uso de drones y combates en todo el corregimiento. La consecuencia más trágica ha sido el desplazamiento de la gente y el confinamiento de la población civil, que aún sigue siendo afectada. Los desplazamientos se han producido principalmente hacia el casco urbano de Tibú, el casco urbano de El Tarra, Ocaña y Cúcuta, sin contar las familias que han tenido que salir hacia otras ciudades del país.
¿Cuáles son sus mayores preocupaciones frente a lo que se está viviendo en Filo Gringo? ¿Temen que se replique en otras zonas?
Definitivamente hay una amenaza de que lo que se está viendo en Filo Gringo se extienda a los demás municipios y corregimientos de la región. Eso es completamente previsible en este momento.
Además, hay información o rumores de un fortalecimiento que ha obtenido el Frente 33 en materia militar y que esto va a hacer que la confrontación se agudice mucho más, porque lo que sí hay que reconocer es que el mayor control hoy lo tiene el ELN.
Ha pasado un año desde que los combates desataron la peor crisis humanitaria en 20 años. ¿Cree que el departamento estaba preparado para una nueva ola de violencia?
No. Claramente ni el departamento ni los municipios están preparados para eso, y menos en fin de año y comienzo de año, cuando los presupuestos están agotados y prácticamente se están desliquidando procesos contractuales. La reflexión que hay que hacer es sobre la preparación del Gobierno Nacional, que es el que ha tenido las herramientas. Esas herramientas son el estado de conmoción interior y los impuestos que se recaudaron fruto de esa conmoción: tres impuestos de destinación exclusiva para el Catatumbo, que involucraban medidas de seguridad, medidas humanitarias y medidas de mayor impacto y duración.
Nada de esto se ha producido. Lo que estamos viviendo hoy genera una infinita tristeza, pero también frustración por lo que no se ha hecho, empezando por el control del territorio. De los 3 billones de pesos que se recaudaron con los impuestos de la conmoción interior, más de 1 billón de pesos era para la Fuerza Pública.
El ministro (de Defensa) sale con unas declaraciones que dejan la sensación de que está completamente desubicado, como cuando dice que tenía controlado el 70 % del Catatumbo. Ahora anuncia la creación de un puesto de mando unificado y el envío de más tropas a la región. Pero esto no es nuevo: esto viene pasando desde hace un año. No le creemos al Gobierno.
Más allá de la intervención militar y de los anuncios del ministro de Defensa, ¿tienen información sobre acciones concretas que esté adelantando el Gobierno Nacional frente a lo que está ocurriendo en la región?
No, por ahora la atención solo la han brindado los municipios de Tibú y El Tarra y el departamento con el tema de ayuda humanitaria y demás. No conocemos ninguna otra intervención más allá de los anuncios que ha hecho el ministro de Defensa.
Yo lo que quiero decir es que hoy hay una nueva emergencia. La gente que se desplazó hoy ya se había desplazado en enero. Eso es lo crítico. Esa misma gente había retornado sin condiciones de seguridad, sin dignidad, sin garantías e incluso sin voluntariedad, más por el estado de precariedad e indignidad que estaban viviendo en los albergues en Cúcuta, en Ocaña y en las ciudades donde estaban. Entonces retornaron sin garantías.
El Gobierno no tomó las medidas y hoy están repitiendo el desplazamiento que sufrieron hace un año. El tema que hay que analizar aquí es la responsabilidad política que tiene que asumir el Gobierno: qué hizo en este año. Para nosotros fue un simple espectador de lo que estaba ocurriendo, de la tragedia que estamos viviendo en el Catatumbo.
¿Desde el Congreso se va a pedir algún tipo de ayuda para atender la situación del Catatumbo o se va a gestionar algún apoyo con el Gobierno nacional?
En nuestra labor de congresista también está el tema de gestión y el control político, así como la comunicación que debemos tener con la Unidad para las Víctimas, que es la directamente responsable de ayudar y subsidiar la atención que deben brindar los municipios y el departamento. Estamos en eso, pero no hemos logrado hasta ahora el contacto o, por lo menos, la respuesta adecuada para poder decirle a la gente cómo va a ser la atención.
¿Qué piensa de los comunicados de las delegaciones del Gobierno de los diálogos con el ELN y del Frente 33?
Nosotros ya vimos esta experiencia en 2018 con la guerra entre los Pelusos y el ELN. Sabemos en qué terminó y cuál ha sido la posición del ELN, que es el actor predominante, el que tiene mayor control y mayor poder. Están en la posición de acabar con el Frente 33. Hoy no se ve una posición distinta de acercamiento, de diálogo o de que entre ellos puedan dejar la confrontación. Sin duda, aquí tiene que actuar el Gobierno.
El Gobierno es el que no ha tomado medidas, el que no ha protegido a la población, y la misionalidad constitucional de proteger a la gente y generar garantías para que la gente viva con dignidad en este territorio es del Gobierno, y está fallándole a la región.
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¿Ha tenido contacto con las autoridades locales? ¿Qué dicen sobre las necesidades más urgentes en este momento en materia de ayuda humanitaria?
El corregimiento de Filo Gringo prácticamente quedó vuelto un pueblo fantasma. La gente que no ha podido salir es porque sabe que la va a pasar muy mal en los albergues, por el estado de indignidad que se vive en los albergues. Hay que decirlo: un albergue en medio de una crisis humanitaria no solamente es comida y colchonetas. Están los componentes de salud, recreación, espacio, uso del tiempo libre, educación y que la habitabilidad sea digna. Eso no se está garantizando. Los municipios hacen lo que pueden con lo que tienen y no es responsabilidad de los municipios.
Aquí definitivamente se necesita ayuda. He conversado con alcaldes, con la Defensoría del Pueblo, incluso con la misma Fuerza Pública y con la Gobernación del departamento, y definitivamente se necesita mucho apoyo en la atención de la crisis desde el punto de vista humanitario.
Y desde luego medidas de fuerza para controlar la zona y el territorio. En el Catatumbo suceden cosas que son conocidas por todo el mundo. En la vía Cúcuta–Tibú se sabe dónde están los retenes, todo el mundo lo sabe, incluso la Fuerza Pública.
En la vía entre Tibú y La Gabarra y Tibú–El Tarra pasa igual. Aquí no se necesita tanta inteligencia para hacer intervenciones. Aquí pasan cosas a la vista de todos, en plena luz del día, sin siquiera la vergüenza de ocultar nada, y las acciones no llegan.
En medio del escalamiento del conflicto en Catatumbo, el presidente Gustavo Petro extendió por siete meses el plazo para la construcción en Tibú de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT). ¿Qué opinión tiene sobre la ampliación del plazo para estos espacios, teniendo en cuenta las alertas de que la violencia puede incrementarse?
Desde el inicio de la llamada paz total, el Gobierno ha subestimado a los actores armados. Cree que está negociando con interlocutores distintos a los que realmente son. Quienes vivimos en la región los conocemos mejor. La situación actual permite prever que esto no va a salir bien, tanto por la confrontación como por la falta de estrategia y método en las negociaciones.
En contexto: En plenos combates en Catatumbo, Gobierno amplió plazo para Zona de Ubicación del Frente 33
¿Qué impacto puede tener esta arremetida de los grupos armados en el contexto electoral?
De cara a las elecciones, la violencia tendrá un impacto claro. Habrá falta de garantías, problemas de movilidad y zonas a las que no se podrá acceder. La afectación será especialmente grave en la elección de la curul de paz, que se realiza en territorios rurales donde hoy la Fuerza Pública no tiene control y difícilmente lo tendrá durante las elecciones.
Sin embargo, el enfrentamiento entre los dos grupos también puede hacer que no impulsen candidatos propios, como sí ocurrió en el pasado. Al estar enfrentados, es posible que opten por no interferir ni inclinarse por ningún candidato o candidata.
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