“En Colombia hay un clima de intimidación sistémica a los líderes sociales”: CIEDH
Así lo dice el informe lanzado este jueves por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), que asegura que Colombia es uno de los países más peligrosos en el mundo para los defensores de Derechos Humanos, ambientalistas y sindicalistas.
Entre enero de 2020 y diciembre de 2021 el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) registró 58 casos de ataques hacia sindicalistas, activistas o defensores de Derechos Humanos cuya labor cuestionaba empresas o a prácticas empresariales en el país. Las cifras provienen del informe “Empresas y derechos humanos en Colombia: se necesita protección urgente para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, que fue presentado este jueves al público durante un evento en la Universidad Externado.
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La cifra de 58 ataques a defensores se suma los “más de 400″ defensores de Derechos Humanos asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en en 2016, de acuerdo con el CIEDH, que aseguró que el número es mayor y existe un subregistro, ya que sus conteos dependen de fuentes abiertas e información publicada en medios que luego es verificada, pero hay muchos casos que nunca trascienden a la opinión pública. Desde 2015 el CIEDH ha contabilizado 293 víctimas de algún tipo de ataque. No obstante, el Centro asegura que “el problema es significativamente más grave de lo que indican estas cifras”.
Según el Centro de Información, la violencia asociada a defensores en contextos empresariales se concentra principalmente en el sector extractivo y las agroindustrias, lo que se entrelaza además con conflictos por tierras o territorios. La mayoría de ataques en el periodo descrito fueron contra activistas o sindicalistas que se oponían a proyectos y dinámicas empresariales del sector del petróleo, carbón o el gas, y en menor medida a varias agroindustrias como la palma de aceite, el banano y la producción de azúcar.
“Décadas de conflicto armado interno, de violencia relacionada con el crimen organizado y el dominio de las industrias extractivas mediante el uso intensivo de tierras (para minería, el petróleo, el gas, el carbón y los proyectos de fracking), en la economía de Colombia han creado un clima de intimidación sistémica a los líderes sociales, sindicalistas y activistas”, asegura el informe, que además señala que el trabajo de la sociedad civil y los activistas es fundamental para hacer contrapeso a los riesgos sociales y ambientales que generan estas industrias. “Personas defensoras que expresan su preocupación acerca de las empresas continúan experimentando amenazas, violencia e incluso asesinatos para silenciar sus críticas a las prácticas irresponsables de las empresas”, asegura.
Según el CIEDH, en Colombia se constata un “fracaso” en la “diligencia debida reforzada” de las empresas para evitar que sus prácticas empresariales deriven por acción u omisión en dinámicas violentas en las zonas donde están operando.
El CIEDH discriminó los ataques registrados a los defensores por ramas de la producción de la siguiente manera: el sector del petróleo, carbón y gas (23 casos), agronegocios como palma, banano o azúcar (10 casos), minería (9 casos), hidroeléctricas y fuentes de energía renovable (4 casos), transporte (5 casos), seguridad privada (5 casos), turismo y empresas de agua un caso respectivamente.
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El informe apunta algo preocupante que ya ha sido alertado por movimientos ambientalistas: cada vez más se registran ataques contra defensores en torno a la producción de minerales que han tomado valor con la transición energética como el cobre o el coltán. Además, añade que de ese total de 58 casos de ataques reportados, por lo menos 42 corresponde a defensores de la tierra y el medio ambiente.
Los atacantes vienen de un amplio espectro que incluye desde empresas de seguridad privada hasta agentes estatales, pasando por miembros de las mismas comunidades afectadas, quienes ven amenazados sus intereses si los proyectos empresariales se acaban. No obstante, en Colombia la investigación demostraría que la mayoría de ataques viene por parte de grupos paramilitares y grupos de delincuencia organizada que “presuntamente a veces actúan en nombre de empresas privadas”, según el informe: “algunas de las empresas más grandes y bien establecidas en el sector extractivo fueron repetidamente vinculadas a la violencia en sus operaciones”.
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Durante la presentación del informe estuvieron presentes líderes ambientales de Cajamarca (Tolima), opuestos a la mina La Colosa, uno de los proyectos mineros más grandes del país, propiedad de la multinacional Anglo Gold Ashanti. También hubo delegados de departamento de Santander, opuestos al fracking y a hidroeléctricas como Hidrosogamoso.
Además hubo una intervención de Juan Carlos Monge, quien hace parte de la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. “Las medidas para evitar los ataques contra los defensores tienen que se eficientes, predictivas y concertadas”, aseguró Monge, refiriéndose a que año tras año los informes muestran que los ataques no cesan y la violencia persiste. La tendencia, según los autores, es a que se repitan los ataques contras las mismas personas y las mismas comunidades aun después de que se denuncian, es decir, las medidas de protección no están funcionando.
El diagnóstico del Centro sobre las acciones que las empresas deben tomar para evitar esta situación no es muy bueno. La Organización de Naciones Unidas ha señalado que las empresas tienen la obligación de garantizar que sus acciones o la falta de ellas no contribuyan a causar violaciones de los Derechos Humanos. Según el CIEDH, en Colombia se constata un “fracaso” en la “diligencia debida reforzada” de las empresas para evitar que sus prácticas empresariales deriven por acción u omisión en dinámicas violentas en las zonas donde están operando.
Varios casos concretos se citan en el informe, pero hay uno especialmente importante que tiene que ver con la oposición a los proyectos de fracking en el Magdalena Medio. Es importante recordar que impulsar los pilotos de fracking ha sido una de las prioridades del Gobierno Duque en materia petrolera, incumpliendo sus promesas de campaña. La oposición al fracking en municipios como Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Cimitarra se ha visto hostigada por amenazas de las Águilas Negras a tres funcionarios, un representante a la Cámara y 14 defensores ambientales después del 2020, de acuerdo con el informe a varios de los amenazados les dijeron que serían “asesinados si no abandonaban el territorio en un plazo de 24 horas”.
El caso del Magdalena Medio es emblemático además porque en Santander, el departamento que abarca parte de esta subregión, es en donde se concentra el mayor número de hostigamientos contra defensores y sindicalistas.
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El tipo de ataque más común fueron las amenazas e intimidaciones. No obstante, 14 personas defensoras fueron asesinadas en ese periodo. También se registraron desplazamientos, heridas, un secuestro y detenciones arbitrarias como las de José Gallo y Teófilo Acuña, quienes luego fueron asesinados en el sur de Bolívar, donde lideraban un proceso de organización campesina en litigios de tierras con grandes hacendados de la región.
El informe reseña además que la pandemia agravó la situación, pues dificultó el acompañamiento a los líderes y sus organizaciones, y además generó una crisis social que intensificó los conflictos en todo el país. Los autores señalaron que durante el 2021 buena parte de los ataques tuvo relación también con los hechos de violencia oficial durante el paro nacional.
Como recomendaciones el Centro propone a empresas y compañías “respetar los plenos derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y garantizar el acceso a reparación, cuando ocurran daños” y además “asumir compromisos políticos, reconocer el aumento del riesgo, respetar derechos sobre la tierra y los bosques de las comunidades étnicas”.
“El próximo gobierno debe detener estas intolerables violaciones a los derechos humanos”, apuntó en el prólogo del informe Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos. “Hacer negocios en zonas afectadas por el conflicto o el posconflicto tiene múltiples desafíos: considerar a las personas defensoras de derechos humanos como aliadas en lugar de enemigas es una forma positiva de abordarlos” concluyó Lawlor.
Entre enero de 2020 y diciembre de 2021 el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) registró 58 casos de ataques hacia sindicalistas, activistas o defensores de Derechos Humanos cuya labor cuestionaba empresas o a prácticas empresariales en el país. Las cifras provienen del informe “Empresas y derechos humanos en Colombia: se necesita protección urgente para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente”, que fue presentado este jueves al público durante un evento en la Universidad Externado.
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La cifra de 58 ataques a defensores se suma los “más de 400″ defensores de Derechos Humanos asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz en en 2016, de acuerdo con el CIEDH, que aseguró que el número es mayor y existe un subregistro, ya que sus conteos dependen de fuentes abiertas e información publicada en medios que luego es verificada, pero hay muchos casos que nunca trascienden a la opinión pública. Desde 2015 el CIEDH ha contabilizado 293 víctimas de algún tipo de ataque. No obstante, el Centro asegura que “el problema es significativamente más grave de lo que indican estas cifras”.
Según el Centro de Información, la violencia asociada a defensores en contextos empresariales se concentra principalmente en el sector extractivo y las agroindustrias, lo que se entrelaza además con conflictos por tierras o territorios. La mayoría de ataques en el periodo descrito fueron contra activistas o sindicalistas que se oponían a proyectos y dinámicas empresariales del sector del petróleo, carbón o el gas, y en menor medida a varias agroindustrias como la palma de aceite, el banano y la producción de azúcar.
“Décadas de conflicto armado interno, de violencia relacionada con el crimen organizado y el dominio de las industrias extractivas mediante el uso intensivo de tierras (para minería, el petróleo, el gas, el carbón y los proyectos de fracking), en la economía de Colombia han creado un clima de intimidación sistémica a los líderes sociales, sindicalistas y activistas”, asegura el informe, que además señala que el trabajo de la sociedad civil y los activistas es fundamental para hacer contrapeso a los riesgos sociales y ambientales que generan estas industrias. “Personas defensoras que expresan su preocupación acerca de las empresas continúan experimentando amenazas, violencia e incluso asesinatos para silenciar sus críticas a las prácticas irresponsables de las empresas”, asegura.
Según el CIEDH, en Colombia se constata un “fracaso” en la “diligencia debida reforzada” de las empresas para evitar que sus prácticas empresariales deriven por acción u omisión en dinámicas violentas en las zonas donde están operando.
El CIEDH discriminó los ataques registrados a los defensores por ramas de la producción de la siguiente manera: el sector del petróleo, carbón y gas (23 casos), agronegocios como palma, banano o azúcar (10 casos), minería (9 casos), hidroeléctricas y fuentes de energía renovable (4 casos), transporte (5 casos), seguridad privada (5 casos), turismo y empresas de agua un caso respectivamente.
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El informe apunta algo preocupante que ya ha sido alertado por movimientos ambientalistas: cada vez más se registran ataques contra defensores en torno a la producción de minerales que han tomado valor con la transición energética como el cobre o el coltán. Además, añade que de ese total de 58 casos de ataques reportados, por lo menos 42 corresponde a defensores de la tierra y el medio ambiente.
Los atacantes vienen de un amplio espectro que incluye desde empresas de seguridad privada hasta agentes estatales, pasando por miembros de las mismas comunidades afectadas, quienes ven amenazados sus intereses si los proyectos empresariales se acaban. No obstante, en Colombia la investigación demostraría que la mayoría de ataques viene por parte de grupos paramilitares y grupos de delincuencia organizada que “presuntamente a veces actúan en nombre de empresas privadas”, según el informe: “algunas de las empresas más grandes y bien establecidas en el sector extractivo fueron repetidamente vinculadas a la violencia en sus operaciones”.
Especial multimedia: Defender la paz, una labor de alto riesgo
Durante la presentación del informe estuvieron presentes líderes ambientales de Cajamarca (Tolima), opuestos a la mina La Colosa, uno de los proyectos mineros más grandes del país, propiedad de la multinacional Anglo Gold Ashanti. También hubo delegados de departamento de Santander, opuestos al fracking y a hidroeléctricas como Hidrosogamoso.
Además hubo una intervención de Juan Carlos Monge, quien hace parte de la Oficina de la Alta Comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas. “Las medidas para evitar los ataques contra los defensores tienen que se eficientes, predictivas y concertadas”, aseguró Monge, refiriéndose a que año tras año los informes muestran que los ataques no cesan y la violencia persiste. La tendencia, según los autores, es a que se repitan los ataques contras las mismas personas y las mismas comunidades aun después de que se denuncian, es decir, las medidas de protección no están funcionando.
El diagnóstico del Centro sobre las acciones que las empresas deben tomar para evitar esta situación no es muy bueno. La Organización de Naciones Unidas ha señalado que las empresas tienen la obligación de garantizar que sus acciones o la falta de ellas no contribuyan a causar violaciones de los Derechos Humanos. Según el CIEDH, en Colombia se constata un “fracaso” en la “diligencia debida reforzada” de las empresas para evitar que sus prácticas empresariales deriven por acción u omisión en dinámicas violentas en las zonas donde están operando.
Varios casos concretos se citan en el informe, pero hay uno especialmente importante que tiene que ver con la oposición a los proyectos de fracking en el Magdalena Medio. Es importante recordar que impulsar los pilotos de fracking ha sido una de las prioridades del Gobierno Duque en materia petrolera, incumpliendo sus promesas de campaña. La oposición al fracking en municipios como Barrancabermeja, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Cimitarra se ha visto hostigada por amenazas de las Águilas Negras a tres funcionarios, un representante a la Cámara y 14 defensores ambientales después del 2020, de acuerdo con el informe a varios de los amenazados les dijeron que serían “asesinados si no abandonaban el territorio en un plazo de 24 horas”.
El caso del Magdalena Medio es emblemático además porque en Santander, el departamento que abarca parte de esta subregión, es en donde se concentra el mayor número de hostigamientos contra defensores y sindicalistas.
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El tipo de ataque más común fueron las amenazas e intimidaciones. No obstante, 14 personas defensoras fueron asesinadas en ese periodo. También se registraron desplazamientos, heridas, un secuestro y detenciones arbitrarias como las de José Gallo y Teófilo Acuña, quienes luego fueron asesinados en el sur de Bolívar, donde lideraban un proceso de organización campesina en litigios de tierras con grandes hacendados de la región.
El informe reseña además que la pandemia agravó la situación, pues dificultó el acompañamiento a los líderes y sus organizaciones, y además generó una crisis social que intensificó los conflictos en todo el país. Los autores señalaron que durante el 2021 buena parte de los ataques tuvo relación también con los hechos de violencia oficial durante el paro nacional.
Como recomendaciones el Centro propone a empresas y compañías “respetar los plenos derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes y garantizar el acceso a reparación, cuando ocurran daños” y además “asumir compromisos políticos, reconocer el aumento del riesgo, respetar derechos sobre la tierra y los bosques de las comunidades étnicas”.
“El próximo gobierno debe detener estas intolerables violaciones a los derechos humanos”, apuntó en el prólogo del informe Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos. “Hacer negocios en zonas afectadas por el conflicto o el posconflicto tiene múltiples desafíos: considerar a las personas defensoras de derechos humanos como aliadas en lugar de enemigas es una forma positiva de abordarlos” concluyó Lawlor.