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Este lunes se hizo en Bogotá la presentación del informe anual que hace el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en el cual se hace una radiografía sobre las afectaciones que tiene el conflicto armado en la sociedad colombiana.
La presentación estuvo a cargo de Juan Carlos Monge, representante encargado de esa oficina en Colombia, quien señaló que una de las mayores problemáticas, que también está expuesta en el informe, es las afectaciones contra la niñez en el país.
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Según el informe, durante 2024 se reportaron 216 casos de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupos armados, lo que implica un deterioro respecto a 2023.
Colombia+20 habló con el representante encargado, quien asumió la alta consejería hace dos meses, justo cuando el país tiene varios focos de violencia encendidos en varios departamentos.
¿Cómo encontró al país en materia de Derechos Humanos, teniendo en cuenta el panorama de violencia que se vive en Catatumbo, Chocó, sur de Bolívar y otras regiones?
En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante 2024, el Alto Comisionado Volker Türk presenta un complejo panorama del país y que no es fácil de explicar. Hay grandes avances como documentos de políticas y medidas que se han tomado en los últimos años, entre los cuales destacan las políticas de seguridad, desmantelamiento y paz. Se reportan, además, avances en investigaciones por homicidios de personas defensoras de los derechos humanos por parte de la Fiscalía; Sin embargo, los esfuerzos desplegados no parecen ser suficientes para proteger a la población civil en los territorios. Tenemos un alarmante indicador de reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y un aumento del 58 % en las cifras de confinamiento en el país.
¿Cuál es el mayor reto que tiene Colombia en este momento sobre las afectaciones contra Derechos Humanos?
El gran desafío es que el Estado en su conjunto despliegue todos sus esfuerzos y redoble su capacidad para implementar las políticas y decisiones que permitan garantizar la protección de la población civil y la realización efectiva de sus derechos humanos en todo el territorio nacional. Sigue siendo un reto para el Estado terminar con los homicidios de personas defensoras; con las masacres; con las privaciones arbitrarias de la vida y con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
¿Cuáles son las regiones más afectadas por el conflicto armado en este momento en Colombia?
Coincidimos casi totalmente con las alertas que ha lanzado la Defensora del Pueblo que señala 11 regiones del país que están bajo grave afectación. Nosotros coincidimos en varias de ellas y tenemos otras más que sufrieron graves afectaciones en 2024 y siguen en riesgo, entre las cuales están: Arauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Chocó, Magdalena Medio, Sur de Bolívar, Sierra Nevada de Santa Marta, Caquetá, Guaviare, Huila, Putumayo, entre otras.
Las afectaciones contra la niñez ha sido uno de los flagelos más difíciles de combatir en los últimos meses. ¿Qué visión le da a problemáticas como el reclutamiento forzado y la instrumentalización de menores de edad para la guerra? ¿Cómo trabajar esta problemática?
Condenamos enérgicamente el reclutamiento y el uso de niños, niños y adolescentes por parte de distintos grupos armados no estatales. El único comportamiento aceptable para estos grupos es parar de reclutar niños, niñas y adolescentes, liberar a los que tienen en su poder y respetar sus derechos. Pudimos verificar en 2024 un aumento importante con relación a 2023 que nos lleva hasta 216 casos verificados en diferentes zonas del país. El reclutamiento implica adicionalmente gravísimas violaciones de los derechos humanos, entre otras, violencia sexual, amenazas, tortura, lo que pone en riesgo la vida, la integridad y la salud física y mental de estos niños y sus familias. Con el reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes se compromete el futuro de este país.
Para prevenir esta problemática el Estado debe aumentar la inversión social en todos los territorios, con oferta de salud, educación, oportunidades de empleo para las familias de los niños y niñas, con creación de oportunidades para los adolescentes y jóvenes, y brindando seguridad y protección en los territorios para la población civil. Se debe trabajar una agenda desde los territorios y con amplia participación de la población que habita estas regiones que permita sacar a las familias de la pobreza, la marginalidad, la exclusión y la discriminación que sufren, tomando en cuenta el hecho de que el reclutamiento afecta más gravemente a los Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes.
Las cifras de confinamiento en el país están aumentando. ¿Qué consecuencias tiene este flagelo sobre las comunidades y cómo combatirlo?
El confinamiento es una violación de los derechos más fundamentales de las personas, significa estar bajo el control de un actor armado no estatal que ha consolidado su poder. En particular, se afecta la libertad de las personas, no solo su circulación, sino su libertad de expresión y pensamiento. Las personas confinadas no tienen acceso a derechos básicos como alimentación para la supervivencia o salud. El Estado debe implementar todas las medidas necesarias para la prevención del confinamiento y la protección de los derechos humanos de las personas, a través de su llegada integral al territorio, con el fortalecimiento de la gobernabilidad, de los liderazgos sociales, de la justicia y la implementación acelerada de las políticas de seguridad y desmantelamiento, entre otras medidas.
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¿Qué mirada le da al proyecto de paz total del presidente Petro? En el informe se menciona la necesidad de implementar estrategias territoriales para fortalecer la gobernabilidad y proteger a la población. ¿En qué ha fallado el Gobierno?
La ONU está construida sobre cuatro pilares fundamentales: paz y seguridad; desarrollo, los derechos humanos y el Estado de derecho. La paz será siempre una aspiración legìtima para todos los pueblos del mundo. La paz es la garantía de una vida digna con protección de los derechos humanos de todas las personas. Todo esfuerzo de diálogo, como lo ha reiterado el Secretario General de la ONU, debe ser apoyado. Para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, todo esfuerzo de diálogo y negociación debe tener como objetivo principal la protección de la población civil, y esto significa que el Estado debe estar presente en todos los territorios y ejercer la autoridad no solo militar, sino con el portafolio integral de la oferta Estatal en educación, salud, empleo, entre otros., con el fin de garantizar que las negociaciones de paz se materialicen siempre en la protección y garantía de los de los derechos de la población civil en los territorios.
Una de las críticas más fuertes que se ha hecho contra la apuesta de paz total es la expansión de los grupos armados durante los últimos dos años. ¿Qué ha identificado ONU Derechos Humanos sobre esta problemática?
Se han tomado muchas medidas muy bien orientadas con enfoque correcto en derechos humanos, pero ha faltado celeridad en su implementación y lo que hemos visto en Catatumbo y Chocó es que los esfuerzos desplegados hasta ahora no han permitido prevenir las violaciones que se han presentado y han abierto una brecha a nivel de protección de la población.
Las comunidades señalan que hay control social y consolidación de varios grupos armados no estatales en los territorios. Por eso el Alto Comisionado llama con insistencia al Estado a garantizar y proteger los derechos a la población civil y a prevenir violaciones y vulneraciones por parte de los grupos armados no estatales. La búsqueda de la paz debe centrarse en proteger a la población civil y mejorar sus condiciones de vida en los territorios.
Aunque el Gobierno hizo varios anuncios para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz el año pasado, aún no se han materializado esas acciones. ¿Qué rezagos ha dejado la lenta implementación del Acuerdo y en qué ha fallado el Gobierno respecto a la implementación?
La implementación de los acuerdos de 2016 viene arrastrando rezagos importantes desde su inicio. A pesar de que en este período se han registrado avances como la política de desmantelamiento de organizaciones criminales o la reorientación de la política de seguridad, aún hay retrasos en estas áreas y otras, como las relacionadas con el desarrollo rural. En relación con el capítulo étnico, aunque hay avances, es probablemente en el que existen rezagos más importantes. No llegar oportunamente a los sitios dejados por las antiguas FARC-EP, desde 2016, podría explicar en parte el hecho de que otros grupos armados no estatales expandieran su presencia y se consolidaran en vastas partes del territorio.
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¿En qué ha fallado la política de seguridad del presidente Gustavo Petro?
El Alto Comisionado reconoce los esfuerzos del gobierno para implementar el enfoque de seguridad humana de la denominada Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, particularmente aquellos encaminados a implementar el enfoque de seguridad humana, como herramienta para prevenir violaciones de derechos humanos y proteger la vida de las personas. Sin embargo, es necesaria una mayor coordinación interinstitucional para su implementación efectiva en el territorio
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