La coca está en los mismos sitios de siempre: Bo Mathiasen

Por lo demás el mapa de cultivos en el territorio permanece similar al de los monitoreos de años anteriores. El mayor número de hectáreas sigue concentrado en los departamentos de Nariño, Cauca y Norte de Santander y Tumaco continúa siendo el municipio con más coca sembrada a pesar de que la coca se redujo en un 16%.

Con este panorama como telón de fondo los retos inmediatos del nuevo gobierno en materia de política antidrogas cobran más relevancia, sobre todo en momentos en que ha vuelto el debate sobre la aspersión aérea y para muchos sigue siendo incierto  el futuro del programa de sustitución voluntaria de cultivos  que se puso en marcha en cumplimiento con el punto 4 del Acuerdo Final de Paz. 

(Lea: Así se mueve un dealer de marihuana en tiempos de persecución)

Para Bo Mathiasen, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las cifras lo que revelan es la urgencia de atender el fenómenos en todas sus dimensiones pues no solo se trata de los números sino de  la situación de los campesinos y las más de 119.500 familias que viven del cultivo de coca.

Insiste en que se requiere la puesta en marcha de un proceso integral de desarrollo sostenible con visión a varios años, con enfoque diferencial para resguardos indígenas, mujeres, consejos comunitarios de comunidades negras y parques naturales, una labor que no será nada fácil.

 (Lea: Así es el negocio de las drogas sintéticas)

¿Cuál es la lectura principal que hace respecto a las cifras de aumento de cultivos de coca en Colombia?

El crecimiento de hectáreas cultivadas entre 2016 y 2017 fue de 25.000, las mismas que tiene sembradas Bolivia. Es decir, de un año a otro creció un Bolivia en coca. No es un crecimiento pequeño, es muy grande. Cuando se analiza un poco el mapa colombiano para ver el crecimiento, es evidente que se da en las zonas tradicionales. Nariño, Putumayo, bajo Cauca, Catatumbo y algunas partes del Cauca. Hay una tendencia muy fuerte de concentración. El 90% de la coca está en los mismos lugares de hace 10 años. Estamos hablando de los mismos territorios y las mismas comunidades.

Preocupa también el caso de Nariño que, según el censo, tiene la misma cantidad de hectáreas de coca que todo Perú…

El departamento de Nariño es el que tiene más coca en Colombia, con el 27% de hectáreas cultivadas en el país. Hemos visto en los últimos años el crecimiento que se ha dado. Las razones pueden estar asociadas a dos temas claves. Por un lado, la percepción de riesgo muy bajo. En 2017 hubo intervención en apenas el 14% del territorio con coca (sustitución o erradicación forzosa), pero en el otro 86% no había intervención. El otro tema tiene que ver con la idea de los beneficios de quien tiene coca. El problema de fondo es de comunicación con las poblaciones sobre en qué consiste el programa de sustitución y quienes pueden acceder a él. Por ejemplo, los que sembraron coca después de 2016 no deberían hacer parte.

(Lea: Así se mueve un dealer de marihuana en tiempos de persecución)

¿Fue una falencia del acuerdo?

Es un acuerdo con unas promesas que no tenían fundamento. Prometieron más de lo que podían cumplir. El Gobierno no tiene la plata para cumplir con los compromisos anteriormente. Faltó una comunicación realista en la que se hablara de los recursos que había y de lo que se podía entregar. Esto generó que los campesinos pensaran que si sembraban más coca podían tener los subsidios y hacer parte del programa de sustitución.

(Lea: El laberinto jurídico frente a la dosis personal)

¿Cree que la estrategia de combinar la erradicación forzosa con la sustitución voluntaria de cultivos fue acertada?

La implementación de un programa de sustitución al mismo tiempo  que la de un programa de erradicación forzosa hizo que entraran -en alguna medida- en competencia y eso no debería pasar porque las estrategias trabajan con tiempos diferentes. La sustitución es larga, con una modalidad de confianza entre la comunidad y el Estado, un proceso de desarrollo que toma años frente a un programa de erradicación forzosa en el que la tarea es más rápida, entran en el territorio y erradican. Son dos modalidades muy distintas. Vimos durante 2017 ejemplos de mala coordinación y mala planeación entre las varias entidades del Estado para evitar la erradicación forzosa en áreas de sustitución.

(Lea también: En Colombia se arman porros con nueve híbridos de marihuana)

¿Hay que seguir con los programas de sustitución voluntaria?

Entiendo que el presidente Iván Duque confirmó que el nuevo gobierno va a honrar los compromisos ya adquiridos y firmados con los campesinos que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pero el tema del desarrollo alternativo tiene que ver con cómo cambiar las condiciones de los territorios que hoy presentan una alta vulnerabilidad frente a los cultivos ilícitos. Es necesario que las comunidades puedan vivir e integrarse de manera lícita a la economía colombiana. Se debe tener una intervención integral, bien coordinada para sustituir los cultivos ilícitos con actividades lícitas. Estas son inversiones plurianuales que necesitan apoyo constante a las comunidades para que puedan crear asociaciones productivas, tener títulos de tierras, empezar a sembrar cultivos y comercializar sus productos. Cuando hablamos de cultivadores de coca hablamos de que hoy hay cerca de 119.500 hogares que dependen de eso. Si estimamos que cada familia tiene como cuatro integrantes estamos hablando de casi medio millón de colombianos están solamente en el tema de cultivos.

(Le puede interesar: Marihuana medicinal, la industria para mejorar la calidad de vida)

Y a eso se suman los problemas de la violencia y los actores ilegales…

Si uno ve el mapa de la presencia de grupos armados ilegales -históricamente- y las zonas en las que hay cultivos ilícitos, hay una clara coincidencia: los cultivos ilícitos han financiado estos grupos al margen de la ley durante muchos años, es el combustible del conflicto en Colombia. Muchos pensaron que con la desmovilización de las Farc eso terminaría, pero otros grupos ilegales coparon el territorio y querían no solo seguir sino crecer. Es muy grave porque las aspiraciones de construcción paz en el territorio y de convivencia pacífica necesitan condiciones de seguridad y protección mínimas para que las comunidades decidan libremente si se involucran en un programa de sustitución y se integran en la economía licita.

¿Cuál es el principal desafío en ese sentido?

Con el acuerdo con las Farc había muchas expectativas en Colombia, y también fuera, de que se cerrara un capítulo de conflictividad. Pero no se dieron cuenta del papel que jugaban los otros grupos armados ilegales en el país, y el crecimiento rápido que esos grupos han tenido, en términos de poder, copar el territorio, para muchos ha sido una mala sorpresa. Había dos dinámicas, una con las Farc y otra que tal vez no se tomó con la seriedad que debía y que acabó cambiando mucho la situación en el territorio. Los campesinos dicen en algunas zonas que se sentían más seguros con las Farc de lo que se sienten hoy con los otros grupos porque con las Farc había claridad y reglas de lo que se podía y no se podía hacer. Además en muchos territorios hay disputa todavía por el control. Por eso hemos visto desplazamientos y asesinatos de líderes sociales, en su mayoría en la zona en las que las economías ilegales son muy fuertes. Creo que nadie esperaba eso. La realidad de la construcción de paz en el territorio cambió de carácter y eso es un gran desafío para el nuevo gobierno.

(Lea: Así camina América Latina en políticas de drogas)

Con la llegada del nuevo gobierno volvió el debate sobre el regreso de la aspersión aérea y con glifosato.

Naciones Unidas no tiene una opinión ni a favor ni en contra del uso del grifosato y tengo que agregar que se usa mucho en la agricultura en Colombia y en muchos países. La eficacia de la erradicación forzosa tiene límites. Sí, se acaba con la planta pero la resiembra históricamente ha sido alta en las zonas de erradicación donde no hay un programa de intervención social y económico que vaya de la mano. Si quieren un resultado más sostenible en el tiempo hay que combinar la erradicación forzada o voluntaria con programas de inversión para desarrollar estos territorios.

¿Hacia donde debería ser el primer paso del Gobierno para empezar a enfrentar el problema desde ya?

Al gobierno le vamos a entregar un nuevo informe que da una idea de cómo van las cosas en los territorios en rasgos más grandes. Un nuevo censo, que no es lo mismo del informe que entregamos este miércoles. Tarda más tiempo en elaborarse pero es útil porque da una indicación sobre, por ejemplo, si hay una tendencia de aumento, estabilidad o descenso en los cultivos y eso puede ser también un norte para orientar la política pública y que sepan por dónde intervenir. Será como una línea de base para el Gobierno y a partir de agosto podrá tener su medición frente a su política. Porque el resultado del informe de monitoreo de cultivos que vamos a lanzar el año entrante probablemente va a tener un número más alto de hectáreas, que el entregado esta vez. De todas formas, es importante que se siga trabajando con los principios entre lo que es la erradicación forzosa y lo que es desarrollo alternativo. Debería tener una visión hacia una Colombia que algún día no tenga cultivos ilícitos y con una integración económica y social de las comunidades con todo el país. Hay mucho por hacer, muchas inversiones, pero sí se puede empezar. Y aunque el gobierno ha dicho varias veces que está desfinanciado es claro que frente a una situación de recursos escasos hay que tomar unas decisiones.

(Lea: Sin químicos ni violencia: la marihuana hecha en casa)

Por lo demás el mapa de cultivos en el territorio permanece similar al de los monitoreos de años anteriores. El mayor número de hectáreas sigue concentrado en los departamentos de Nariño, Cauca y Norte de Santander y Tumaco continúa siendo el municipio con más coca sembrada a pesar de que la coca se redujo en un 16%.

Con este panorama como telón de fondo los retos inmediatos del nuevo gobierno en materia de política antidrogas cobran más relevancia, sobre todo en momentos en que ha vuelto el debate sobre la aspersión aérea y para muchos sigue siendo incierto  el futuro del programa de sustitución voluntaria de cultivos  que se puso en marcha en cumplimiento con el punto 4 del Acuerdo Final de Paz. 

(Lea: Así se mueve un dealer de marihuana en tiempos de persecución)

Para Bo Mathiasen, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las cifras lo que revelan es la urgencia de atender el fenómenos en todas sus dimensiones pues no solo se trata de los números sino de  la situación de los campesinos y las más de 119.500 familias que viven del cultivo de coca.

Insiste en que se requiere la puesta en marcha de un proceso integral de desarrollo sostenible con visión a varios años, con enfoque diferencial para resguardos indígenas, mujeres, consejos comunitarios de comunidades negras y parques naturales, una labor que no será nada fácil.

 (Lea: Así es el negocio de las drogas sintéticas)

¿Cuál es la lectura principal que hace respecto a las cifras de aumento de cultivos de coca en Colombia?

El crecimiento de hectáreas cultivadas entre 2016 y 2017 fue de 25.000, las mismas que tiene sembradas Bolivia. Es decir, de un año a otro creció un Bolivia en coca. No es un crecimiento pequeño, es muy grande. Cuando se analiza un poco el mapa colombiano para ver el crecimiento, es evidente que se da en las zonas tradicionales. Nariño, Putumayo, bajo Cauca, Catatumbo y algunas partes del Cauca. Hay una tendencia muy fuerte de concentración. El 90% de la coca está en los mismos lugares de hace 10 años. Estamos hablando de los mismos territorios y las mismas comunidades.

Preocupa también el caso de Nariño que, según el censo, tiene la misma cantidad de hectáreas de coca que todo Perú…

El departamento de Nariño es el que tiene más coca en Colombia, con el 27% de hectáreas cultivadas en el país. Hemos visto en los últimos años el crecimiento que se ha dado. Las razones pueden estar asociadas a dos temas claves. Por un lado, la percepción de riesgo muy bajo. En 2017 hubo intervención en apenas el 14% del territorio con coca (sustitución o erradicación forzosa), pero en el otro 86% no había intervención. El otro tema tiene que ver con la idea de los beneficios de quien tiene coca. El problema de fondo es de comunicación con las poblaciones sobre en qué consiste el programa de sustitución y quienes pueden acceder a él. Por ejemplo, los que sembraron coca después de 2016 no deberían hacer parte.

(Lea: Así se mueve un dealer de marihuana en tiempos de persecución)

¿Fue una falencia del acuerdo?

Es un acuerdo con unas promesas que no tenían fundamento. Prometieron más de lo que podían cumplir. El Gobierno no tiene la plata para cumplir con los compromisos anteriormente. Faltó una comunicación realista en la que se hablara de los recursos que había y de lo que se podía entregar. Esto generó que los campesinos pensaran que si sembraban más coca podían tener los subsidios y hacer parte del programa de sustitución.

(Lea: El laberinto jurídico frente a la dosis personal)

¿Cree que la estrategia de combinar la erradicación forzosa con la sustitución voluntaria de cultivos fue acertada?

La implementación de un programa de sustitución al mismo tiempo  que la de un programa de erradicación forzosa hizo que entraran -en alguna medida- en competencia y eso no debería pasar porque las estrategias trabajan con tiempos diferentes. La sustitución es larga, con una modalidad de confianza entre la comunidad y el Estado, un proceso de desarrollo que toma años frente a un programa de erradicación forzosa en el que la tarea es más rápida, entran en el territorio y erradican. Son dos modalidades muy distintas. Vimos durante 2017 ejemplos de mala coordinación y mala planeación entre las varias entidades del Estado para evitar la erradicación forzosa en áreas de sustitución.

(Lea también: En Colombia se arman porros con nueve híbridos de marihuana)

¿Hay que seguir con los programas de sustitución voluntaria?

Entiendo que el presidente Iván Duque confirmó que el nuevo gobierno va a honrar los compromisos ya adquiridos y firmados con los campesinos que hacen parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pero el tema del desarrollo alternativo tiene que ver con cómo cambiar las condiciones de los territorios que hoy presentan una alta vulnerabilidad frente a los cultivos ilícitos. Es necesario que las comunidades puedan vivir e integrarse de manera lícita a la economía colombiana. Se debe tener una intervención integral, bien coordinada para sustituir los cultivos ilícitos con actividades lícitas. Estas son inversiones plurianuales que necesitan apoyo constante a las comunidades para que puedan crear asociaciones productivas, tener títulos de tierras, empezar a sembrar cultivos y comercializar sus productos. Cuando hablamos de cultivadores de coca hablamos de que hoy hay cerca de 119.500 hogares que dependen de eso. Si estimamos que cada familia tiene como cuatro integrantes estamos hablando de casi medio millón de colombianos están solamente en el tema de cultivos.

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Y a eso se suman los problemas de la violencia y los actores ilegales…

Si uno ve el mapa de la presencia de grupos armados ilegales -históricamente- y las zonas en las que hay cultivos ilícitos, hay una clara coincidencia: los cultivos ilícitos han financiado estos grupos al margen de la ley durante muchos años, es el combustible del conflicto en Colombia. Muchos pensaron que con la desmovilización de las Farc eso terminaría, pero otros grupos ilegales coparon el territorio y querían no solo seguir sino crecer. Es muy grave porque las aspiraciones de construcción paz en el territorio y de convivencia pacífica necesitan condiciones de seguridad y protección mínimas para que las comunidades decidan libremente si se involucran en un programa de sustitución y se integran en la economía licita.

¿Cuál es el principal desafío en ese sentido?

Con el acuerdo con las Farc había muchas expectativas en Colombia, y también fuera, de que se cerrara un capítulo de conflictividad. Pero no se dieron cuenta del papel que jugaban los otros grupos armados ilegales en el país, y el crecimiento rápido que esos grupos han tenido, en términos de poder, copar el territorio, para muchos ha sido una mala sorpresa. Había dos dinámicas, una con las Farc y otra que tal vez no se tomó con la seriedad que debía y que acabó cambiando mucho la situación en el territorio. Los campesinos dicen en algunas zonas que se sentían más seguros con las Farc de lo que se sienten hoy con los otros grupos porque con las Farc había claridad y reglas de lo que se podía y no se podía hacer. Además en muchos territorios hay disputa todavía por el control. Por eso hemos visto desplazamientos y asesinatos de líderes sociales, en su mayoría en la zona en las que las economías ilegales son muy fuertes. Creo que nadie esperaba eso. La realidad de la construcción de paz en el territorio cambió de carácter y eso es un gran desafío para el nuevo gobierno.

(Lea: Así camina América Latina en políticas de drogas)

Con la llegada del nuevo gobierno volvió el debate sobre el regreso de la aspersión aérea y con glifosato.

Naciones Unidas no tiene una opinión ni a favor ni en contra del uso del grifosato y tengo que agregar que se usa mucho en la agricultura en Colombia y en muchos países. La eficacia de la erradicación forzosa tiene límites. Sí, se acaba con la planta pero la resiembra históricamente ha sido alta en las zonas de erradicación donde no hay un programa de intervención social y económico que vaya de la mano. Si quieren un resultado más sostenible en el tiempo hay que combinar la erradicación forzada o voluntaria con programas de inversión para desarrollar estos territorios.

¿Hacia donde debería ser el primer paso del Gobierno para empezar a enfrentar el problema desde ya?

Al gobierno le vamos a entregar un nuevo informe que da una idea de cómo van las cosas en los territorios en rasgos más grandes. Un nuevo censo, que no es lo mismo del informe que entregamos este miércoles. Tarda más tiempo en elaborarse pero es útil porque da una indicación sobre, por ejemplo, si hay una tendencia de aumento, estabilidad o descenso en los cultivos y eso puede ser también un norte para orientar la política pública y que sepan por dónde intervenir. Será como una línea de base para el Gobierno y a partir de agosto podrá tener su medición frente a su política. Porque el resultado del informe de monitoreo de cultivos que vamos a lanzar el año entrante probablemente va a tener un número más alto de hectáreas, que el entregado esta vez. De todas formas, es importante que se siga trabajando con los principios entre lo que es la erradicación forzosa y lo que es desarrollo alternativo. Debería tener una visión hacia una Colombia que algún día no tenga cultivos ilícitos y con una integración económica y social de las comunidades con todo el país. Hay mucho por hacer, muchas inversiones, pero sí se puede empezar. Y aunque el gobierno ha dicho varias veces que está desfinanciado es claro que frente a una situación de recursos escasos hay que tomar unas decisiones.

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