La propuesta del sur de Bolívar para la Paz Total de Petro, en medio de las balas
Las organizaciones sociales de la región se adelantaron y ya tienen listo un Acuerdo Humanitario para el Magdalena Medio, que esperan tenga eco en los grupos armados y en el Gobierno Nacional. Esto, mientras se vive una ofensiva de las Agc sin precedentes que quiere desalojar al Eln.
“Por el momento no se han metido con la gente, no han matado a nadie”, dice Ignacio* al otro lado del teléfono, mientras detalla el relato de la incursión que hombres de las Agc o Clan del Golfo llevaron a cabo de manera simultánea en varios puntos del Sur de Bolívar. “Lo que sí están diciendo es que si hay familias que han estado con el Eln, que mejor se vayan de la región”, puntualiza.
Desde el 6 de septiembre en la madrugada, decenas de hombres de las Agc penetraron en el corregimiento Canelos, a treinta kilómetros de Santa Rosa del Sur, donde pintaron con aerosoles varias casas y la iglesia. Al día siguiente el Ejército los desalojó de la zona en un combate en el que lograron capturar uno de sus mandos y varios fusiles.
Este combate ocurrió a cien metros del centro poblado a plena luz del día y varios habitantes lo grabaron con sus celulares, mientras los hombres de las Agc corrían huyendo en desorden por un cerro aledaño a las viviendas.
Pero no fue la única incursión: en el municipio de Norosí otro grupo llegó a una explotación de oro conocida como Mina Cielo: “ahí están y están anunciando que van a llegar a la quebrada de San Agustín, en el municipio de Arenal, van avanzando hacia ese sector”, cuenta Ignacio, añadiendo que también buscan controlar el caserío de Micoahumado en Morales. La región ha sido controlada históricamente por el Eln y posee enormes reservas de oro que son explotadas por las comunidades y medianos mineros.
Un líder juvenil de Santa Rosa del Sur contó a Colombia+20 que, aunque el Ejército repelió a las Agc en la zona rural de Santa Rosa, estos se han movido con total impunidad por las calles de varios municipios del sur como Simití, San Pablo y el propio Santa Rosa del Sur, donde incluso pintaron con aerosoles la sede de la Unidad de Víctimas con el nombre de un líder local, lo que motivó un comunicado de la Mesa de Víctimas del municipio.
La violencia ha escalado en toda la subregión del Magdalena Medio, incluso a Barrancabermeja, en Santander, considerada el epicentro económico de la zona, en donde según datos de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han ocurrido 43 homicidios este año con corte a agosto, lo que significa un incremento del 139% con relación a 2021. Estos asesinatos, concentrados en las comunas 1 y 5 de la ciudad, obedecerían a la disputa de las Agc con bandas locales por lograr el control de puerto petrolero, de acuerdo con CREDHOS.
Lea: Paz Total, así reaccionaron las regiones
¿Cuál es la propuesta del Sur de Bolívar?
Esta ofensiva llega justo cuando varias organizaciones con amplia trayectoria en la región acaban de consolidar una propuesta de Acuerdo Humanitario para el Magdalena Medio, que debía ser llevada al Eln, las Agc y un grupo de la disidencia de Gentil Duarte que llegó a la región en agosto del año pasado. Sin embargo, como reconoce alguien que participó en la elaboración del documento, muchos de los líderes “han reculado” y la propuesta quedó “embolatada con todo lo que ha sucedido en estos días”.
En el borrador de la propuesta de Acuerdo Humanitario, que fue conocido por Colombia+20, se establecen unos mínimos como que cese de inmediato el reclutamiento forzado, los confinamientos y restricciones a la locomoción, lo que incluye “eliminar prácticas de delimitación territorial por actores armados vinculadas a actividades ilícitas como forma de demostrar control o como estrategia de guerra para la disputa territorial en zonas urbanas”.
En concreto, el punto anterior tendría que ver con el control que los grupos han ejercido sobre los entables mineros de la región, control que genera permanentes disputas por las rentas que producen.
También piden no afectar las prácticas tradicionales de las comunidades y sus liderazgos, ni incidir en los procesos de reparación a las víctimas, esto sería particularmente importante en una región con múltiples reclamaciones de tierras y procesos organizados de víctimas.
Además, el documento plantea que es urgente dar “cumplimiento integral al Acuerdo Final de Paz” y a sus componentes principales, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma rural: “los PDET, PNIS, fondo de tierras, adjudicación de baldíos, catastro multipropósito con perspectiva de género, desmonte de grupos paramilitares, fortalecimiento de la política de salud pública en el marco de solución del problema de drogas ilícitas”, insisten. Esta parece más una petición directa al Gobierno Nacional que a los grupos armados de la zona, que no hicieron parte de esos acuerdos.
Lea: La ambiciosa propuesta de Paz Total del gobierno Petro
Sacar a las mujeres de la guerra
La propuesta tiene un componente de género que busca comprometer a los grupos armados a no vulnerar los derechos de las mujeres con sus prácticas. Por ejemplo, claramente se exige “no utilizar tácticas de enamoramiento como estrategia de guerra, herramienta de control social, fraccionamiento del entorno cultural, comunitario y destrucción del tejido social”.
También les piden “respeto a las diversidades interseccionales” y “respeto a los mecanismos y acciones de prevención, erradicación y no repetición de todas las formas de Violencias Basadas en Género”. Este punto fue impulsado especialmente en los debates, según una fuente, por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una iniciativa con casi tres décadas de trayectoria en la zona, que fue impulsada en sus inicios por el padre Francisco de Roux, ahora expresidente de la Comisión de la Verdad.
Para dar cumplimiento al acuerdo se propone un “comité de seguimiento y verificación el cual estará integrado por quienes suscriben el mismo en articulación con la Mesa Humanitaria del Magdalena Medio” y además se apela al “acompañamiento de organismos multilaterales y otras organizaciones e instituciones garantes y acompañantes que hacen presencia en el territorio”.
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La propuesta paralela
A la par de esta propuesta, que ya fue suscrita por varias de las organizaciones y procesos sociales con mayor arraigo en la zona como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Movimiento por la Paz o la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, ha surgido una mesa paralela llamada “Mesa de Paz del Sur de Bolívar”, con delegados de ocho municipios. Dicha iniciativa contó con el apoyo de Arturo Londoño, alcalde de Norosí. Allí se materializó una propuesta genérica al gobierno de Gustavo Petro el pasado 27 de agosto para que la región sea incluida en los diálogos regionales y se le dé implementación al Acuerdo de Paz.
Esta mesa busca impulsar sobre todo viejos proyectos como la Troncal del sur de Bolívar, una carretera que iría desde Yondó en Antioquia, hasta Barranco de Loba, con un puente para cruzar el río Magdalena y conectar la región con el departamento del Cesar, pero además ha resucitado una vieja idea de la región que consiste en crear un nuevo departamento en el sur del Caribe con capital en Aguachica. La idea tomó fuerza después de las declaraciones de Gustavo Petro de crear el gran departamento del Magdalena Medio.
Los críticos de aquella propuesta aseguran que responde más a intereses de políticos locales, y sus iniciativas “no tienen fines con el Derecho Internacional Humanitario”, dijo una persona que participa de ambos espacios: “esa mesa llega hasta el día que lleguen las elecciones el próximo año”, aseguró.
Vea: ¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln?
Esta misma persona insistió en que la propuesta más consolidada es la del Acuerdo Humanitario para el Magdalena Medio y sostuvo que el borrador ya está en manos del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Márquez.
Por ahora hay incertidumbre en la región, donde la violencia no ha parado de escalar, sin que sean claros cuáles serán los mecanismos para que se concrete el acuerdo de mínimos que proponen las organizaciones. Ni siquiera hay una respuesta de los grupos armados sobre la propuesta o su aceptación, y ninguna de las fuentes consultadas pudo confirmar que el documento ya hubiera llegado a los grupos armados en disputa, o que estos se hubieran pronunciado sobre el contenido del mismo.
“Con todo lo que ocurrió últimamente las organizaciones se echaron para atrás”, asegura un líder local: “están planteando que el documento sea algo público a ver si responden”.
“Por el momento no se han metido con la gente, no han matado a nadie”, dice Ignacio* al otro lado del teléfono, mientras detalla el relato de la incursión que hombres de las Agc o Clan del Golfo llevaron a cabo de manera simultánea en varios puntos del Sur de Bolívar. “Lo que sí están diciendo es que si hay familias que han estado con el Eln, que mejor se vayan de la región”, puntualiza.
Desde el 6 de septiembre en la madrugada, decenas de hombres de las Agc penetraron en el corregimiento Canelos, a treinta kilómetros de Santa Rosa del Sur, donde pintaron con aerosoles varias casas y la iglesia. Al día siguiente el Ejército los desalojó de la zona en un combate en el que lograron capturar uno de sus mandos y varios fusiles.
Este combate ocurrió a cien metros del centro poblado a plena luz del día y varios habitantes lo grabaron con sus celulares, mientras los hombres de las Agc corrían huyendo en desorden por un cerro aledaño a las viviendas.
Pero no fue la única incursión: en el municipio de Norosí otro grupo llegó a una explotación de oro conocida como Mina Cielo: “ahí están y están anunciando que van a llegar a la quebrada de San Agustín, en el municipio de Arenal, van avanzando hacia ese sector”, cuenta Ignacio, añadiendo que también buscan controlar el caserío de Micoahumado en Morales. La región ha sido controlada históricamente por el Eln y posee enormes reservas de oro que son explotadas por las comunidades y medianos mineros.
Un líder juvenil de Santa Rosa del Sur contó a Colombia+20 que, aunque el Ejército repelió a las Agc en la zona rural de Santa Rosa, estos se han movido con total impunidad por las calles de varios municipios del sur como Simití, San Pablo y el propio Santa Rosa del Sur, donde incluso pintaron con aerosoles la sede de la Unidad de Víctimas con el nombre de un líder local, lo que motivó un comunicado de la Mesa de Víctimas del municipio.
La violencia ha escalado en toda la subregión del Magdalena Medio, incluso a Barrancabermeja, en Santander, considerada el epicentro económico de la zona, en donde según datos de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) han ocurrido 43 homicidios este año con corte a agosto, lo que significa un incremento del 139% con relación a 2021. Estos asesinatos, concentrados en las comunas 1 y 5 de la ciudad, obedecerían a la disputa de las Agc con bandas locales por lograr el control de puerto petrolero, de acuerdo con CREDHOS.
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¿Cuál es la propuesta del Sur de Bolívar?
Esta ofensiva llega justo cuando varias organizaciones con amplia trayectoria en la región acaban de consolidar una propuesta de Acuerdo Humanitario para el Magdalena Medio, que debía ser llevada al Eln, las Agc y un grupo de la disidencia de Gentil Duarte que llegó a la región en agosto del año pasado. Sin embargo, como reconoce alguien que participó en la elaboración del documento, muchos de los líderes “han reculado” y la propuesta quedó “embolatada con todo lo que ha sucedido en estos días”.
En el borrador de la propuesta de Acuerdo Humanitario, que fue conocido por Colombia+20, se establecen unos mínimos como que cese de inmediato el reclutamiento forzado, los confinamientos y restricciones a la locomoción, lo que incluye “eliminar prácticas de delimitación territorial por actores armados vinculadas a actividades ilícitas como forma de demostrar control o como estrategia de guerra para la disputa territorial en zonas urbanas”.
En concreto, el punto anterior tendría que ver con el control que los grupos han ejercido sobre los entables mineros de la región, control que genera permanentes disputas por las rentas que producen.
También piden no afectar las prácticas tradicionales de las comunidades y sus liderazgos, ni incidir en los procesos de reparación a las víctimas, esto sería particularmente importante en una región con múltiples reclamaciones de tierras y procesos organizados de víctimas.
Además, el documento plantea que es urgente dar “cumplimiento integral al Acuerdo Final de Paz” y a sus componentes principales, sobre todo lo que tiene que ver con la reforma rural: “los PDET, PNIS, fondo de tierras, adjudicación de baldíos, catastro multipropósito con perspectiva de género, desmonte de grupos paramilitares, fortalecimiento de la política de salud pública en el marco de solución del problema de drogas ilícitas”, insisten. Esta parece más una petición directa al Gobierno Nacional que a los grupos armados de la zona, que no hicieron parte de esos acuerdos.
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Sacar a las mujeres de la guerra
La propuesta tiene un componente de género que busca comprometer a los grupos armados a no vulnerar los derechos de las mujeres con sus prácticas. Por ejemplo, claramente se exige “no utilizar tácticas de enamoramiento como estrategia de guerra, herramienta de control social, fraccionamiento del entorno cultural, comunitario y destrucción del tejido social”.
También les piden “respeto a las diversidades interseccionales” y “respeto a los mecanismos y acciones de prevención, erradicación y no repetición de todas las formas de Violencias Basadas en Género”. Este punto fue impulsado especialmente en los debates, según una fuente, por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, una iniciativa con casi tres décadas de trayectoria en la zona, que fue impulsada en sus inicios por el padre Francisco de Roux, ahora expresidente de la Comisión de la Verdad.
Para dar cumplimiento al acuerdo se propone un “comité de seguimiento y verificación el cual estará integrado por quienes suscriben el mismo en articulación con la Mesa Humanitaria del Magdalena Medio” y además se apela al “acompañamiento de organismos multilaterales y otras organizaciones e instituciones garantes y acompañantes que hacen presencia en el territorio”.
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La propuesta paralela
A la par de esta propuesta, que ya fue suscrita por varias de las organizaciones y procesos sociales con mayor arraigo en la zona como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Movimiento por la Paz o la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, ha surgido una mesa paralela llamada “Mesa de Paz del Sur de Bolívar”, con delegados de ocho municipios. Dicha iniciativa contó con el apoyo de Arturo Londoño, alcalde de Norosí. Allí se materializó una propuesta genérica al gobierno de Gustavo Petro el pasado 27 de agosto para que la región sea incluida en los diálogos regionales y se le dé implementación al Acuerdo de Paz.
Esta mesa busca impulsar sobre todo viejos proyectos como la Troncal del sur de Bolívar, una carretera que iría desde Yondó en Antioquia, hasta Barranco de Loba, con un puente para cruzar el río Magdalena y conectar la región con el departamento del Cesar, pero además ha resucitado una vieja idea de la región que consiste en crear un nuevo departamento en el sur del Caribe con capital en Aguachica. La idea tomó fuerza después de las declaraciones de Gustavo Petro de crear el gran departamento del Magdalena Medio.
Los críticos de aquella propuesta aseguran que responde más a intereses de políticos locales, y sus iniciativas “no tienen fines con el Derecho Internacional Humanitario”, dijo una persona que participa de ambos espacios: “esa mesa llega hasta el día que lleguen las elecciones el próximo año”, aseguró.
Vea: ¿Por qué es tan difícil negociar con el Eln?
Esta misma persona insistió en que la propuesta más consolidada es la del Acuerdo Humanitario para el Magdalena Medio y sostuvo que el borrador ya está en manos del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Márquez.
Por ahora hay incertidumbre en la región, donde la violencia no ha parado de escalar, sin que sean claros cuáles serán los mecanismos para que se concrete el acuerdo de mínimos que proponen las organizaciones. Ni siquiera hay una respuesta de los grupos armados sobre la propuesta o su aceptación, y ninguna de las fuentes consultadas pudo confirmar que el documento ya hubiera llegado a los grupos armados en disputa, o que estos se hubieran pronunciado sobre el contenido del mismo.
“Con todo lo que ocurrió últimamente las organizaciones se echaron para atrás”, asegura un líder local: “están planteando que el documento sea algo público a ver si responden”.