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Las vidas detrás de las mujeres privadas de la libertad en Colombia

La última investigación realizada por la Universidad Javeriana, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, detalla las condiciones que han atravesado centenares de mujeres reclusas en siete centros penitenciarios del país. Violencia intrafamiliar, pobreza y condenas por delitos relacionados con tráfico de drogas son algunas de las principales características de esta población.

Redacción Colombia +20
19 de junio de 2021 - 03:58 p. m.
Entre 1991 y 2018, en Colombia la tasa de mujeres en prisión aumentó tres veces más pasando de 9.9 en 1991 a 31.5 en junio de 2018. / Cristian Garavito.
Entre 1991 y 2018, en Colombia la tasa de mujeres en prisión aumentó tres veces más pasando de 9.9 en 1991 a 31.5 en junio de 2018. / Cristian Garavito.

Cada día más mujeres colombianas son privadas de la libertad. En los últimos 27 años, el número de de esta población ha aumentado en un 492 %. Mientras que el ingreso de hombres a las cárceles ha aumentado en un 300 %. Pero, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Cómo terminaron allí?

La última investigación realizada por la Universidad Javeriana, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, “Mujeres y prisión en Colombia: desafíos para la política criminal desde un enfoque de género”, detalla las condiciones que han atravesado centenares de mujeres reclusas en siete centros penitenciarios del país. Entre ellos, las cárceles de Buen Pastor, Cómbita, Jamundí, Montería, Cúcuta, Pedregal y Picaleña.

Lo primero para tener en cuenta son los perfiles de estas mujeres y las características más generalizadas, las cuales incluyen contextos de violencia intrafamiliar, pobreza y bajos niveles de escolaridad. De las más de 500 mujeres entrevistadas para la investigación, el 67 % de ellas vivía en viviendas de estratos 1 y 2, antes de ingresar a la cárcel. Además, el 75 % de ellas eran madres cabezas de familia y el 60 % de estas mujeres no finalizaron los estudios de bachillerato. Es decir, las mujeres que se encuentran privadas de la libertad son en su mayoría mujeres que percibían bajos recursos económicos, que no finalizaron su secundaria y eran las principales responsables del mantenimiento de sus familias.

Sumado a esto, aseguran los investigadores, “un alto porcentaje de las mujeres privadas de la libertad se caracteriza por la presencia de situaciones problemáticas en el contexto familiar del hogar de la infancia”. Sobre esto, se encontró que el 41 % de las mujeres abandonó el hogar antes de los 15 años y el 37 % señaló que su madre era golpeada por su padre. Ellas también han sido víctimas de violencia contra las mujeres. Al menos el 48 % de las mujeres privadas de la libertad sufrió de violencia física, el 43 % de violencia psicológica y el 22 % de violencia sexual.

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La mayoría de las mujeres privadas de la libertad en Colombia se caracterizan por no haber pertenecido a grupos delincuenciales durante la adolescencia y también por no haber sido condenadas por la justicia penal de menores. En el 80 % de los casos, esta suele ser su primera vez en prisión. Sobre las penas que están cumpliendo, en su mayoría tienen a ser penas relativamente cortas, el 43 % de ellas cumple una de 0 a 5 años.

Como lo muestra la siguiente gráfica, la mayoría de las mujeres está condenada por algún delito relacionado al tráfico de drogas o estupefacientes.

Las mujeres que se encuentran privadas de la libertad por delitos relacionados al tráfico de estupefacientes reportaron que hacían parte de las posiciones más bajas de la cadena del tráfico como el transportador, vendedor minorista o distribuidor. De hecho, se reportó que las conductas cometidas con mayor frecuencia fueron la venta (44 %), transporte (41 %) y almacenamiento (16 %).

La principal sustancia que portaban o traficaban era marihuana y los ingresos mensuales de un alto porcentaje eran inferiores a un millón de pesos, es decir que no eran las principales receptoras de las utilidades en el mercado de drogas. De acuerdo con los investigadores, “la privación de la libertad de estas mujeres que cumplen roles fácilmente sustituibles no afecta significativamente las redes de narcotráfico”.

La vida de las mujeres en prisión

De acuerdo con los hallazgos de la investigación se logró concluir que las mujeres viven en las prisiones bajo condiciones precarias habitacionales y en algunos centros penitenciarios el acceso a algunos bienes y servicios básicos es limitado. Por ejemplo, el 76 % de las mujeres participantes indicó que la cantidad de toallas higiénicas no es suficiente.

Frente a las actividades laborales y educativas que se llevan a cabo dentro de los centros penitenciarios, predominan las áreas de artesanía y aseo. Lo cual refuerza estereotipos de género en el mercado laboral que tienen poca relevancia o no aporta significativamente a la mejoría de las condiciones económicas de estas mujeres. De hecho, según el reporte, el 67 % de las mujeres que han estado en prisión al menos una vez en el pasado indicó que las habilidades que adquirieron en los programas laborales o educativos en su anterior detención no fueron útiles para obtener ingresos económicos ni encontrar empleo al salir de la cárcel la última vez.

A nivel nacional, este es un problema que impacta tanto a hombres como a mujeres. De acuerdo con el Observatorio de Drogas de Colombia, del total de personas privadas de la libertad por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el 68 % corresponde a condenados y el 31 % a sindicados, es decir personas que ya se encuentran en prisión sin que se les haya resuelto su situación jurídica. “El aumento de la privación preventiva en el país, es uno de los factores que está influyendo en el nivel de hacinamiento en las cárceles”, aseguran en su reporte.

Frente a la realidad de las mujeres reclusas dentro de las prisiones, a continuación una visualización sobre las principales áreas de preparación de las mujeres privadas de la libertad en Colombia.

Sobre este aspecto, la recomendación principal de los investigadores es que se diversifiquen los programas laborales a los que tienen acceso las mujeres dentro de los centros penitenciarios. Comenzando por la preparación educativa de las reclusas, quienes en su mayoría tienen bajo nivel de escolaridad, lo cual limita el acceso a oportunidades laborales en un futuro.

(Le recomendamos escuchar este pódcast sobre las historias de personas privadas de la libertad en asocio a la organización Acción Interna)

“Acá nosotras soñamos minuto a minuto. Uno se la pasa soñando las 24 horas del día”, son las palabras de una interna de la cárcel Buen Pastor (Bogotá). La perspectiva frente a la vida de estas mujeres se impacta gravemente dentro de las prisiones y sus efectos continúan después de quedar en libertad. Las principales dificultades que las encuestadas creen que van a enfrentar son: conseguir un trabajo (53 %); económicas (48 %); estigmatización o rechazo social (29%); relación con sus hijos (26 %), y encontrar un lugar para vivir (17.9%).

Pese a la esperanza que guardan muchas reclusas sobre el futuro que la espera, la situación familiar (que resulta siendo la principal red de apoyo) se ha deteriorado por su condena. “‘¿Quién la mandó a delinquir?’ me decía mi mamá y mientras tanto mis hijos: ‘mami no hay ni pa’ las onces’”, asegura una de las reclusas. De hecho, después de su detención el 40 % de las mujeres aseguran que la relación con su familia ha empeorado y en el 52 % de los casos, la relación afectiva previa de estas mujeres terminó luego de su condena.

Con este panorama detallado, los investigadores aseguran que una de las propuestas a tener a consideración en materia de política pública del sistema penitenciario en Colombia es ampliar y potencializar las alternativas a la prisión para aquellas mujeres que no representan un riesgo alto para la seguridad ciudadana.

De este modo, se reservaría el encarcelamiento para las mujeres que cometan delitos que generen un mayor impacto y representen un verdadero riesgo para la sociedad. Aseguran que “las alternativas a la prisión pueden contribuir a garantizar el principio de proporcionalidad de la pena, reducir las tasas de hacinamiento, disminuir los costos, en términos humanos, económicos y sociales, y lograr mayor efectividad para el cumplimiento de los objetivos de reinserción social”.

Si desea conocer la investigación completa, puede encontrarla aquí.

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