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Sobre el costado izquierdo de la vía que entra a Puerto Libertador, después de pasar un letrero desvencijado de bienvenida, se levantan amontonadas decenas de cambuches que se han ido volviendo casas donde hoy viven cientos de familias —unas 700, según los cálculos de la Alcaldía— en lo que ya es un barrio de invasión. Siguen llegando todos los días, de a pocos, huyendo de los controles de los grupos armados en las veredas, dejando abandonada la tierra en la que se criaron como campesinos. Lo hacen porque en esas veredas y en los caminos que las conectan siguen apareciendo muertos. El 14 de agosto pasado, en la vía que une los corregimientos de La Rica y Juan José apareció asesinado el labriego Ofénix de Jesús Concha Taborda, cuyo cadáver duró tirado 36 horas, porque en la zona rural no hay quien levante los cuerpos. Es la misma vía en la que el pasado 21 de septiembre, un camión del Ejército fue atacado con explosivos y murieron cinco militares.
A veinte kilómetros del casco urbano, por una vía destapada que se recorre en algo más de media hora, se ubica la mina El Alacrán. El camino es solitario y por él van y vienen camionetas marcadas con el logo Minerales Córdoba, la empresa que opera en la zona, seguidas por su maquinaria, que mantiene la vía transitable. El Alacrán es una vereda que fundaron los primeros mineros que llegaron, hace cuarenta años, cuando corrió el rumor de que había oro. Se quedaron, montaron sus entables y tuvieron hijos. Ahora esos hijos tienen hijos y en la vereda habitan alrededor de 1.200 personas. El centro del poblado lo marcan la iglesia y las tiendas de abarrotes. En una de ellas, donde venden zapatos y perfumes, resalta un grafiti pintado de verde: “Agc presente”.
Allí nos recibió, en la segunda semana de septiembre, Eliécer Velásquez, el líder más representativo de la comunidad, pero también el que está más en riesgo. Es el presidente de la junta de acción comunal desde 2012 y ha sido candidato dos veces, en 2015 y 2019, al Concejo de Puerto Libertador. La primera vez, en octubre de 2015, fue capturado días antes de las elecciones porque la Fiscalía lo señalaba de pertenecer al grupo paramilitar que estaba en la zona, el Clan Úsuga, hoy Autodefensas Gaitanistas (Agc). Duró cinco meses encarcelado y luego recuperó su libertad, pues no se le probó ningún vínculo con los armados.
Ha asumido el liderazgo de la comunidad en las conversaciones con Minerales Córdoba, la empresa que ejecuta el proyecto de cobre San Matías, en Puerto Libertador, que comprende alrededor de 15.000 hectáreas en 23 contratos de concesión, que están en su fase de exploración. San Matías es uno de los proyectos mineros más ambiciosos del país; de hecho, es uno de los 45 proyectos declarados de interés nacional. Actualmente, la única mina que produce cobre en Colombia es El Roble, en Chocó, a un ritmo de cerca de 850 toneladas al día. Cuando San Matías empiece a operar, según el gerente general de la empresa, Santiago Varela, producirá en sus primeros años 8.000 toneladas al día y podrá llegar hasta las 16.000 toneladas al día. Están proyectados US$180 millones en regalías
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Minerales Córdoba es filial de Cordoba Minerals Corp., una compañía canadiense listada en la Bolsa de Toronto y en la de Nueva York. Pertenece al grupo Ivanhoe Mines, que opera el segundo y el tercer proyecto de cobre más grandes del mundo. “Quien está detrás de todo el grupo es Robert Friedland, la persona más exitosa en la industria minera en términos de descubrimientos en los últimos años”, explica el gerente general de la compañía.
El problema es que el área del proyecto incluye el territorio donde está asentada la comunidad de El Alacrán. Los diálogos han estado mediados por las autoridades locales y nacionales, pero, como reconoce el secretario de Gobierno de Puerto Libertador, Rafael Martínez, la concertación no ha sido fácil y en los encuentros la empresa multinacional ha hecho sentir su posición dominante.
En julio de 2020, Eliécer Velásquez interpuso una denuncia ante la Fiscalía en la que detalló que un jefe paramilitar de las Agc en la zona le advirtió que una funcionaria del área social de la empresa Minerales Córdoba (nos reservamos el nombre por seguridad) habría acudido a ese grupo armado para ofrecerle $2 millones por asesinarlo. Según le dijo el jefe paramilitar, en presencia de un testigo, él se negó a la petición al conocer su trabajo en la mina. El paramilitar era José Matides Lora, conocido como “Pollo Gordo”, quien fue abatido por las autoridades en la Operación San Jorge ejecutada en Puerto Libertador en julio de 2020. Tras el operativo, la fuerza pública sostuvo que era el segundo al mando de la subestructura Rubén Darío Ávila de las Agc o Clan del Golfo, presente en la zona, que fue abatido en el marco de la Campaña Agamenón II, que las Fuerzas Armadas desplegaron para combatir ese grupo armado especialmente en Antioquia, Choco y Córdoba.
Por haber denunciado en medios locales que una funcionaria de la compañía ofreció dinero por asesinarlo, Eliécer Velásquez fue denunciado ante la Fiscalía por Minerales Córdoba por el delito de injuria. Sobre la denuncia contra la funcionaria, el gerente Santiago Varela confirmó que la persona señalada está vinculada a la compañía, pero que no tienen conocimiento ni han sido notificados formalmente de ningún proceso. “Minerales Córdoba siempre actúa en el marco de la ley y en el respeto a los derechos humanos. Cualquier práctica que atente contra los derechos de un ciudadano la rechazamos categóricamente. No tenemos conocimiento de ningún proceso iniciado por Eliécer, el que conocemos a raíz de eso es el que nosotros iniciamos por injuria”, sostuvo. La investigación por la denuncia de Eliécer fue asignada, en febrero de 2021, a la Fiscalía 219 especializada en violaciones a derechos humanos, en Bogotá.
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Cerca del 70 % del territorio de Puerto Libertador está concesionado o solicitado por empresas mineras. Según los datos de la Agencia Nacional de Minería, los 37 títulos mineros vigentes en el municipio ocupan un área de 46.000 hectáreas y las 62 solicitudes mineras cubren otras 62.000 hectáreas. La firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, y la posterior salida de las antiguas Farc del territorio fueron un potencializador para la actividad minera en el sur de Córdoba.
“En un despertar, a Puerto Libertador le cambiaron la vocación del suelo; de un municipio con vocación agrícola, de un momento a otro, terminó siendo un municipio minero energético. Pero aquí la gente ancestralmente no ha vivido de la minería; excepto en el caso específico del Alacrán”, dice José David Ortega, directivo y vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), desde la Universidad Pontificia Bolivariana, en Montería, adonde acudió a un encuentro de líderes de la zona.
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Vive en Montería desde hace varios años, porque tuvo que salir de Puerto Libertador, pues estaba en riesgo su vida y por eso se mueve en una camioneta blindada con dos escoltas, que le asignó la Unidad Nacional de Protección. Ascsucor y la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) son las dos principales organizaciones de base en el sur de Córdoba que se han echado al hombro la implementación del Acuerdo de Paz, en medio del avance minero energético en el territorio. Han impulsado el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y promovido la reforma rural.
Desde allí tienen una visión distinta a la del Gobierno Nacional sobre la guerra en el sur de Córdoba. “Los cultivos de coca son el combustible del conflicto armado”, han repetido las autoridades. De hecho, según Naciones Unidas, en el sur de Córdoba, de 2019 a 2020, la coca aumentó en un 30 %, ubicándose en alrededor de 3.740 hectáreas, en Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano y San José de Uré.
Pero Ortega entregó otra lectura. En mayo de 2019, Los Caparrapos o bloque Virgilio Peralta Arenas (una facción de las Agc que está en guerra con ese grupo en la región), ejecutaron una incursión al corregimiento Brazo Izquierdo, en San José de Uré, reunieron a los habitantes, y, ante la mirada impotente del pueblo, asesinaron a Jader Manuel Pertuz y Jader Leonel Polo, beneficiarios del PNIS como recolectores. “Dejaron el mensaje de que no quieren que haya gente en ese territorio”, dijo Ortega. Ese mismo día, el mismo grupo en su recorrido por la zona asesinó al agricultor Luis Fernando Velásquez y lo decapitó. Un mes después, la víctima fue el campesino Manuel Osuna Tapias, torturado en el rostro con un alicate y decapitado con un machete. En esa época, se produjo uno de los desplazamientos recientes más grandes en la zona, cuando se desplazaron alrededor de 1.700 personas.
“Si fuera por la coca, lo primero que hacen los grupos es generarle condiciones a la gente para que se quede cultivando, no matan a la gente y le dicen que desocupe. ¿Cómo un territorio desocupado va a cultivar coca para los grupos armados si no hay nadie que siembre? La pregunta es ¿a quién le conviene que el territorio esté solo? Y ahí uno revisa la cantidad de títulos mineros que hay concesionados en el territorio”, enfatizó José David Ortega.
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Partiendo desde el puerto de Frasquillo, en Tierralta, aguas arriba por el río Sinú a través del embalse Urrá, después de cerca de una hora en lancha, entre montañas y vegetación espesa, aparece el caserío Puerto Ceniza. En la caseta comunal, de madera y techo de zinc, unos cincuenta líderes y presidentes de junta de la zona esperan a Arnobis Zapata, presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), vocero nacional de los cocaleros y miembro de Ascsucor. Llegó, junto con Asodecas, a explicar la figura que por estos días el Gobierno ha estado socializando en la zona: los contratos de conservación para quienes están en zona de reserva forestal.
Los asistentes lo escuchan atentos mientras él describe la inconveniencia de suscribir un contrato con el que, dice, no se les formalizará la tierra a los campesinos. Luego, lo escuchan también hablar del estado actual del PNIS, pues Arnobis fue uno de los principales líderes que, cuando se estaba formulando ese programa tras la firma del Acuerdo de Paz, fue comunidad por comunidad, junto con el Gobierno Nacional y los representantes de las Farc, a convencer a los campesinos de que la sustitución era la alternativa.
Hoy él tiene que hacerles frente a esas familias que reclaman haber sido traicionadas, pues arrancaron la coca, pero no les llegaron los proyectos. Según Naciones Unidas, las más de 6.350 familias que se inscribieron al programa en el sur de Córdoba cumplieron en un 99 %. En la reunión, la comunidad denuncia que, después de los pagos bimensuales para seguridad alimentaria, los proyectos productivos de largo plazo nunca llegaron y se quedaron en las huertas caseras de las que les vienen entregando insumos en especie en mal estado.
Los paramilitares de las Agc no permitieron que a esa reunión asistiera el delegado de la exguerrilla al PNIS. Su control sobre el territorio es férreo, aunque se lo disputan, según la Defensoría del Pueblo, el nuevo frente 18 Román Ruiz de las disidencias de las Farc y Los Caparrapos o Bloque Virgilio Peralta Arenas.
“Ahora mismo lo que estamos haciendo es tratar de que la gente vuelva de nuevo a reunirse, de que vuelva a hablar del Acuerdo de Paz. El Gobierno está en una reactivación económica, nosotros en reactivación organizativa. Sí, está difícil, pero creemos que tenemos la posibilidad de mover a la gente a favor de la implementación del Acuerdo de Paz”, sostiene Arnobis.
Ese caudal que todavía se mueve en el sur de Córdoba a favor de lo pactado, las asociaciones campesinas buscan canalizarlo en la curul de paz en la Cámara de Representantes, pues este territorio es una de las 16 circunscripciones especiales que revivieron por decisión de la Corte Constitucional. Sin embargo, los principales líderes de las organizaciones han tenido que salir desplazados del territorio y tienen que andar en camionetas blindadas y con escoltas. “¿Cómo un líder se va a un territorio del que fue expulsado, donde es señalado, donde es declarado objetivo militar, a hacer campaña? Ahora, si ese líder fue expulsado porque su posición ha generado choques con el actor armado que está, ¿será que ese actor armado va a permitir que la gente vote por ese líder allá?”, explica José David Ortega.
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Saben que los intereses a los que se enfrentan no son de poca monta. Arnobis los resume: los sectores económicos que quieren hacer explotación minero energética en el territorio; los clanes políticos locales tradicionales, que van a buscar la manera de hacerse con la curul a través de organizaciones controladas por ellos, y el Gobierno Nacional, que los ve como un obstáculo en la implementación de su política de Paz con Legalidad.
Antes de las 6:00 p.m., Arnobis debe estar de regreso en Montería, donde está radicado hace un par de años. A principios de 2021, fue detenido por las autoridades por portar un arma sin permiso, y a raíz de ese proceso, que todavía no se resuelve, tiene restricciones a la movilidad y solo puede desplazarse entre Montería y los municipios del sur de Córdoba, pero en todo caso debe pasar la noche en la capital del departamento.
*Esta producción hace parte del especial ‘Defender la paz: una labor de alto riesgo’, apoyado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung Colombia - FESCOL, a través de su proyecto ‘Violencia y Órdenes Políticos Locales en el Posacuerdo’.
**Con la colaboración en terreno del periodista local Yamir Jhan Pico, de Caribe Noticias 24/7.
