Los reclamos de las comunidades negras del norte del Cauca

La reunión se llevó a cabo esta semana en Santander de Quilichao, Cauca. / Ministerio del Interior

Hacia las 5:30 de la tarde se escuchó un tiroteo en la finca La Trinidad, del municipio de Santander de Quilichao, Norte del Cauca. Dos escoltas resultaron heridos ese 4 de mayo, mientras que salieron ilesos los 25 líderes del Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN), la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), quienes eran el blanco del ataque.

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En el lugar se encontraban, por ejemplo, Carlos Rosero, fundador del PCN en los años 90 y quien, además, participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991; Francia Márquez, ganadora del Premio Goldman 2018 por dar la batalla contra la minería ilegal en la región; Sofía Rincón, coautora del libro Derrotar la invisibilidad: un reto para las mujeres afrodescendientes en Colombia, y Clemencia Carabalí, vocera en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc en Cauca y una de las líderes el enfoque de género del PCN.

Para Víctor Hugo Moreno, representante legal de la Aconc y vocero de la comunidad, lo ocurrido es una señal clara del riesgo permanente en el que viven los líderes en este territorio, sobre todo teniendo en cuenta que en la zona operan más de cinco grupos al margen de la ley, entre los que se cuentan paramilitares, disidencias de las Farc y la guerrilla del Eln.

Moreno, quien ha representado a 41 pueblos desplazados y ha sido uno de los rostros más visibles en la lucha por la protección de quienes defienden los intereses de las comunidades, asegura que además de las intimidaciones que reciben individualmente, también existe una amenaza colectiva para aquellos que participaron en la minga del suroccidente por la defensa de la vida y el territorio, declarada por las autoridades indígenas el 10 de marzo en Cauca y que derivó en un bloqueo de más de veinte días en la vía Panamericana.

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El lunes, dos días después del atentado, una nueva amenaza llegó a las manos del defensor. “Señor Víctor Hugo, lo del sábado es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes. La próxima vez morirán todos los miembros de su organización”, se lee en una parte del mensaje de texto que llegó a su celular.

Por eso el tema de seguridad fue uno de los principales puntos que llevaron a la mesa de diálogo esta semana —el 7 y 8 de mayo— en el consejo extraordinario entre delegados del Gobierno y líderes de las comunidades negras. A la cita, que tuvo lugar en Santander de Quilichao y que había sido pactada hace más de un mes durante el desarrollo de la minga indígena, asistieron la viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos, Camila Rivera, y la subdirectora de reparación colectiva, Juanita Ibáñez Santamaría.

Aunque inicialmente las comunidades habían presentado al Gobierno un pliego con más de 300 puntos, en una depuración fueron reducidos a 250. “Como han cumplido en aspectos tan mínimos como, por ejemplo, al enviar una comisión que verifique la presencia de pueblos en una zona determinada, han ido disminuyendo el número de peticiones”, explicó Víctor Hugo Moreno en diálogo con El Espectador.

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Las exigencias fueron organizadas en cinco ejes principales. El primero agrupa los temas de tierras, territorio y proyectos agropecuarios y ambientales. Incluye la reubicación de fincas que se perdieron cuando se construyó la reserva de Salvajina en 1986, así como una solicitud de 60.000 hectáreas de las que, por falta de recursos, solo 3.500 han sido compradas y otorgadas a 12 Consejos Comunitarios.

Otro de los ejes se centra en la protección y la garantía de derechos humanos. Las comunidades piden que se fortalezca la Guardia Cimarrona como una movilización social y de justicia ancestral, y el cumplimiento del Auto 005 de 2009 de la Corte Constitucional, que le exige al Gobierno que, tratándose de una población vulnerable, proteja a los afrocolombianos. “El auto dice que se tienen que evitar los desplazamientos, las masacres y las muertes de los pueblos negros del país y no se está cumpliendo”, sostiene Víctor.

Frente al bienestar social, la infraestructura, el buen vivir, la protección del medioambiente y la salud, piden la construcción de acueductos y el arreglo de vías, además de la consolidación de una casa de medicina ancestral.

Otro eje por discutir son los títulos mineros y la minería ilegal del norte del Cauca. Además de pedir el fortalecimiento de la minería ancestral que se realiza de forma manual, los afros quieren que se deroguen títulos mineros que, según señala Moreno, son “inconstitucionales, pues se consiguieron sin respetar el derecho de la Consulta Previa del que gozan los pueblos”.

Finalmente, el quinto eje contenido en las peticiones de las comunidades trata asuntos inconclusos que tiene el Gobierno con la Movilización de Mujeres Afro por el cuidado de la Vida y el Territorio, liderada por Francia Márquez. Lo que los líderes quieren es establecer un decreto que reúna sus exigencias y cree una mesa de trabajo mixta (un trabajo conjunto entre comunidades y Gobierno) para garantizar su cumplimiento.

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“No aceptaron que se firme un decreto, pero no hubo argumentos ni razones claras. Dijeron que lo único que podían firmar era una propuesta de plan de trabajo, pero no estamos de acuerdo porque sentimos que un decreto nos da más fuerza e incluso se puede demandar si se necesita”, asegura Víctor Hugo al agregar que “parece que no pueden hacer un decreto con la gente negra, con los indígenas y con otras poblaciones sí los hacen”.

Pese a que una visita del presidente Iván Duque al Cauca no fue considerada, el primer mandatario invitó a los líderes a la Casa de Nariño el 21 de mayo a las 8:30 a.m. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, con quien las comunidades negras esperaban reunirse esta semana en Santander de Quilichao, extendió una invitación para el 16 de mayo a las 4:00 p.m. en el Ministerio y dijo que visitaría el territorio el 7 de junio.

Las comunidades aseguran que, pese a que no han logrado consenso alguno, están abiertas al diálogo y esperan que pronto puedan avanzar en los acuerdos.