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Los ocho días de protestas contra el gobierno de Iván Duque dejaron una cifra que aún retumba en el país: al menos 87 personas fueron dadas por desaparecidas en el marco del paro nacional, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Hoy organizaciones sociales reportaron que la cifra que tienen consolidada asciende a los 379 casos. La mayoría son jóvenes entre los 18 y 30 años que estaban en confrontaciones con el Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad).
Las redes sociales, durante estas largas noches, han estado inundadas de letreros de “se busca” y mensajes desesperados de familiares indagando por el paradero de sus seres queridos. Políticos, periodistas, organizaciones y artistas con miles de seguidores se han dedicado a replicar los mensajes hasta que alguien anuncia que “ya apareció”. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 47 de las personas reportadas como desaparecidas ya están en sus hogares. De las otras apenas se está verificando su paradero.
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En medio de esas circunstancias, este diario logró contactarse con las familias de 15 personas reportadas como desaparecidas en las redes sociales. Todas están con sus familias, pero muchas con graves heridas. Sus relatos están llenos de torturas y tratos crueles e inhumanos que vieron o padecieron por parte de los agentes del Estado que los capturaron en medio de la protesta. La mayoría no quiso hablar ni resguardando su identidad para esta publicación. El miedo se ha robado sus palabras y ahora solo esperan recuperarse de las horas de horror que vivieron. Solo tres de ellas aceptaron contar algunas de las arbitrariedades que, según estas personas, resistieron mientras estuvieron desaparecidas.
Tortura y tratos crueles
A Valezshka de la Hoz no le importa decir su nombre. “Al revés, yo quiero denunciar, yo no me voy a dejar meter miedo”, asegura. Como miles de personas en Barranquilla salió a marchar porque está en desacuerdo en la manera como se está gobernando el país. “Yo estaba el lunes 3 de mayo, en la circunvalar. Ese día estábamos con un colectivo de mujeres llamado Matronas. ¿Por qué salimos? por unas reformas que no queremos, el asesinato de líderes sociales, el hambre, el robo constante del Gobierno y la brutalidad policial. Esa última es la razón que más nos motiva ahora”.
Mientras caminaban, un grupo de encapuchados empezaron a apedrear un local comercial. Aunque los marchantes les gritaron que se fueran, el Esmad llegó y les lanzó gases lacrimógenos a todos, sin distinción. “Intentamos correr al barrio más cercano que se llama Las Gaviotas. Había como 200 motorizados para un pequeño grupo de personas que corríamos a pedir ayuda a la gente del barrio. Les tocábamos las puertas diciéndoles que nos iban a pegar, que por favor nos ayudaran y nadie nos abrió. Con las personas con las que estaba encontramos unas escaleras que daban a un segundo piso y creíamos que estábamos a salvo, pero ellos llegaron. Nos dijeron que bajáramos, que supuestamente no nos iba a pasar nada”, relata Valezshka.
La joven sacó su celular y comenzó a grabar sin que la policía se diera cuenta. Uno de los uniformados la descubrió y advirtió que tuvieran cuidado con ella, que mejor la subieran al camión junto con otra mujer. “Pero esa otra muchacha se opuso y los policías la empezaron a golpear”. Valezshka, aterrorizada, no opuso resistencia.
Aunque subió al camión, los policías continuaron con las amenazas: “Me dijeron: ‘si sacas ese hijueputa celular otra vez, te lo voy a reventar en la cara’. Tenía mucho miedo porque no podía comunicarme con mi familia, no sabía a dónde me iban a llevar, no nos decían nada”. La única comunicación que pudo enviar a escondidas fue a su mejor amiga, a quien le reportó los apellidos de los policías. Ella de inmediato difundió la información por las redes sociales.
Mientras tanto, en cada cuadra subían a más manifestantes al vehículo no sin antes quitarles sus pertenencias. Los hombres estaban muy golpeados. “A otros hasta les robaron sus celulares, la única herramienta para comunicarse”, denuncia Valezshka. Luego comenzaron con preguntas y afirmaciones intimidantes: “¿Por quién van a votar: por (Álvaro) Uribe o por (Gustavo) Petro? Ustedes son unos vándalos, por culpa de ustedes nos tenemos que quedar hasta tarde, por su pendejada”.
Antes de llegar al CAI Metropolitano, donde horas después llegó el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, bajaron a las personas golpeadas. “Dijeron que así no los iban a recibir. Y repetían que si alguien no quería ir al lugar a donde nos iban a llevar, primero tenían que partirle la cara”. A escondidas, de nuevo, Valezshka logró enviar su ubicación en tiempo real a su hermana.
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En el CAI, cuenta la joven, le tomaron alrededor de 20 fotos y la obligaron a firmar un papel, en el que debía aceptar que estaba promoviendo riñas en las marchas. Quería salir rápido, tenía miedo de que la golpearan como a otros que se opusieron, así que puso su nombre rápido. Además, en el CAI escuchó el relato de dos mujeres que estaban asustadas porque los policías amenazaron con violarlas. “Estuve más o menos siete horas encerrada con otras estudiantes. Nos dejaron salir cuando llegó el alcalde, a pesar de que mi papá había llegado desde temprano”.
Valezshka repite que estuvo desaparecida, después de haber sido incomunicada y sin saber hacia dónde se dirigía, y hoy agradece que su familia y amigas la hayan buscado. No tiene miedo de contar esta historia, pero sí de marchar: “A quienes salgan solo les digo que se cuiden, que nadie les puede garantizar la vida ni su seguridad. La Policía no está protegiendo a nadie. Al contrario, se reían de las circunstancias. Soltaban carcajadas porque mi familia me buscaba a través de las redes sociales”.
Pero no todos tuvieron la misma suerte de Valezshka. Andrés Quintero*, de 19 años y quien también fue reportado como desaparecido, hoy se está recuperando de los golpes que recibió de la Policía. Su historia comenzó el 4 de mayo a las 7:00 p.m. cuando salió a marchar en Bosa Piamonte, una localidad al sur de Bogotá. Estaba con un grupo de personas y señala que, de repente, unos marchantes desconocidos, que lo acompañaron durante un buen tiempo, se fueron en su contra y empezaron a lanzarle gases lacrimógenos.
“Habían infiltrados que nos tiraron gases de diferentes puntos y salidas. Nos comenzaron a rodear y taparon las salidas que teníamos. Nosotros comenzamos a reaccionar buscando salida y enfrentándonos contras los del Esmad, pero nos cogieron. A mí y a un grupo de jóvenes. Nos cascarón (golpearon), nos llevaron a un CAI, no sé cuál era exactamente”, cuenta Andrés, quien prefiere no identificarse con su nombre real. Las personas que lo capturaron no tenían uniformes ni identificaciones. Y el vehículo al que lo montaron era un camión negro que no tenía símbolos de la Policía.
Cuando llegaron al CAI los juntaron con otros jóvenes gravemente heridos. A todos los patearon en repetidas ocasiones: “El que hablara, gritara, llorara o cualquier sonido que hiciera, le cascaban otra vez”. El peor momento, recuerda, fue cuando encerraron a varios en una celda y les lanzaron gases lacrimógenos. “Lo hicieron para asfixiarnos. Solo nos apartaban cuando ya veían que estábamos caídos, en las últimas”, relata el estudiante. No pudo identificar a los policías. En ese momento, Andrés solo intentaba buscar cómo escaparse o llamar a algún familiar o amigo para que lo sacara de allí, donde los golpes no cesaron en toda la noche.
Solo hasta la mañana siguiente, los policías lo soltaron en el caño que une a Bosa con Soacha. “Estoy golpeado en todo lado, me dieron atención en mi casa, ya que prefiero no ir al hospital. Me rompieron la cabeza, me pegaron en todo el cuerpo”. A Andrés le preocupa la vida de otros jóvenes que quedaron en el CAI y a quienes, según él, “les fue mucho peor”.
Los mismos tratos crueles e inhumanos recibió Araceli Ramírez*, una menor de edad reportada como desaparecida en Bogotá, en la noche del 5 de mayo. Su madre, desesperada, pidió ayuda a través de Facebook y Twitter para encontrar a su hija de 15 años que estaba a las 6:30 p.m. en la marcha de la plazoleta de La Mariposa, en el centro de la capital, cuando dos hombres del Esmad se la llevaron.
“Salió a marchar con uno de mis hermanos a la Plaza de Bolívar. Aproximadamente a las 7:00 p.m. llegó mi hermano a la casa llorando, diciéndome que dos policías del Esmad se habían llevado a mi hija, aprovechando que todos estaban huyendo de los gases lacrimógenos. Dijeron que estaba haciendo vandalismo. La estaba llamando, porque ella se llevó el celular de mi hermano y no contesta, sale apagado. No saben la desesperación que sentimos sus familiares, ayúdenme a difundir por favor”, reportó la mujer.
Araceli apareció tres horas después de la difusión de los mensajes. En su cuenta de Facebook asegura que los policías la llevaron a un CAI, donde le golpearon en las costillas y los senos. “En el momento en el que lanzaron los gases lacrimógenos, me alzaron, me metieron en una patrulla y me llevaron a un CAI. Me quitaron el celular, la plata que llevaba. En eso les volví a decir: ‘Tombos hijos de puta’, y me empezaron a pegar en la cara y, mejor dicho, donde me cayeran los golpes”.
A través de sus redes sociales, porque se quedó sin celular, le contó a Colombia 2020 que en la unidad policial tuvo que ver cómo torturaban y maltrataban a otros jóvenes. A ella la golpearon tanto, que uno de los policías intervino porque le parecía excesivo. “Ahí me alejaron, pero siguieron trayendo más personas, muy jóvenes. La mayoría estaba gritando, pidiendo que nos dejaran salir. Estaban golpeando a los hombres, y a los que no llegaban con algo de valor les empezaban a pegar sin razón alguna”. También hubo denuncias de posible violencia sexual: “A todos los estaban requisado, incluso hasta llegaron a decir que si las mujeres tenían relaciones (sexuales) con ellos, nos soltaban”.
Aún no sabe por qué la soltaron. Cree que fueron los mensajes de auxilio de su madre. Pero antes de liberarla, le pidieron las claves de su celular y le pegaron otra cachetada “para que aprendiera a no estar en contra de la autoridad”. Luego la subieron a una patrulla y unos minutos más tarde la tiraron en una calle desconocida. Otra mujer que pasaba por ahí, al verla tan golpeada, la auxilió y llamó a sus familiares.
Aunque está muy herida, asegura que este abuso de autoridad aumentó sus ganas de salir a marchar: “Aumentaron mis ganas de salir a protestar por mis derechos, porque este no es el país que quiero para mí, ni para nadie”. Aranceli ha vivido, con tan solo 15 años, una vida marcada por la precariedad y la violencia. Asegura que la misma Policía que la golpeó, hace una década, también la sacó de su casa y la alejó de su madre para llevarla a un internado.
“Mi madre siempre ha sido una vendedora ambulante. Tengo tres hermanos. Cuando yo tenía 5 años llegó la Policía a la casa donde vivíamos y nos llevaron a un internado porque estábamos solos. Mi madre estaba trabajando para llevar el sustento a la casa”. En los lugares donde debían protegerla fue agredida por sus cuidadoras y durante dos meses no tuvo contacto con sus familiares.
Araceli tampoco olvida que cuando por fin pudo salir de ese lugar, a los dos años fue violentada sexualmente por su padrastro. Denunció ante la Fiscalía hace un par de años, pero la respuesta de los funcionarios es que “eso había pasado hacía mucho tiempo” y no atendieron su caso. Y mientras todo esto ocurría, su familia pasaba hambre.
¿Cuándo se habla de una desaparición forzada?
Adriana Arboleda, miembro de la Corporación Jurídica Libertad, explica que estos hechos antes narrados pueden constituirse como desapariciones forzadas: “Hay un mito que siempre ronda y es que este delito sólo ocurre cuando pasa mucho tiempo o cuando la persona aparece muerta y no sabemos de su paradero, pero hay que irse a la definición de la Convención Internacional de Protección de Desapariciones Forzadas, suscrita por el país”.
Según dicha convención, “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Y a esto se suma, de acuerdo con Amnistía Internacional, otra característica: “Muchas veces, las víctimas sufren tortura y viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero, y que no es probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecen”.
Arboleda, quien también hace parte de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, advierte que no importa que sean dos horas, una noche, tres días o 10 años mientras las autoridades no reconozcan que tienen a las personas capturadas. “Es como cuando los grupos armados secuestran. No importa cuánto tarda en devolverlo, de todas maneras hubo un secuestro. Lo mismo ocurre con estas circunstancias”, explica.
Hoy no tiene dudas de que muchos casos que se han presentado en el paro cumplen con todos los criterios para catalogarse como desapariciones: “Son personas capturadas en medio de la marcha por la Policía, el Esmad o el Ejército; se les incomunica, a pesar de que se llevan a los CAI o incluso a sitios civiles como los coliseos, que nos recuerdan las peores dictaduras del Cono Sur; se les niegan comunicarse con sus familiares y se les roban los celulares, y además se les maltrata. Las organizaciones hemos ido a buscarlas, gracias a los reportes ciudadanos, y las autoridades nos niegan que las tienen bajo su poder”.
La defensora de derechos humanos alerta que lo más grave es que las autoridades encargadas no han reportado ni acompañado con juicio los casos. “La Fiscalía, Procuraduría o Defensoría del pueblo deben estar ahí con la gente. Deben ir a los centros de detención, verificando. Es su obligación y no lo han hecho, no han cumplido”.
Aunque las organizaciones han pedido a la fuerza pública que, como parte de su mandato, cree el mecanismo para que se pueda publicar automáticamente los nombres y número de cédula de las personas que están siendo privadas de la libertad, tampoco se ha construido. Eso, por supuesto, dificulta el reporte de los casos y también provoca la disparidad en las cifras.
(Vea más: Temblores reporta aumento de detenciones y violencia policial en el Paro Nacional)
“En la Mesa de Trabajo de Desaparición Forzada tenemos un listado de 135 personas que están desaparecidas sólo en Antioquia. Y no podemos dejar de hablar de estas personas hasta que aparezcan. Muchas de ellas quizá hayan aparecido, como se reporta en las redes sociales, pero el problema es que no lo hacen frente las autoridades. No quieren hacerlo porque tienen miedo y desconfían de la institucionalidad. No quieren ir ni a Medicina Legal, después de las torturas y tratos crueles vividos”, señala Arboleda.
En otros casos sucede que, esquivando ser capturados por la Policía y por el temor de ser golpeados, piden ayuda a habitantes de los sectores donde están marchando y se quedan sin herramientas para comunicarse. Así le sucedió a Felipe Saavedra, quien fue reportado como desaparecido en Buga (Valle del Cauca), después de que sus familiares no supieran más de él tras un enfrentamiento contra el Esmad. Lo buscaron por redes sociales durante toda la noche y sólo hasta al día siguiente Felipe pudo reportarse y contar que estaba en una casa de familia que le brindó un espacio seguro.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entidad que se creó después del Acuerdo de Paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el Estado colombiano, también apoya en estos momentos la articulación del Estado “para actuar rápidamente con la protección de la ciudadanía”. Junto a las organizaciones sociales, la UBPD entregó un reporte de 379 personas posiblemente desaparecidas en el marco de las manifestaciones, para que sean verificadas por la Defensoría del Pueblo.
La entidad hace un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla con las garantías de no repetición para evitar este tipo de desapariciones. Las actuaciones de la fuerza pública, reprocha la Unidad, “antes que garantizar la no repetición, está reproduciendo prácticas de violencia y abusos que no pueden ser admisibles a la luz de la dignidad de las personas”.
En ese sentido, le recuerda a la fuerza pública que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “las labores de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada, y se debe cumplir con la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas”.
¿Qué dice la Policía?
Consultado por este diario, el general Jorge Luis Ramírez, inspector general de la Policía Nacional, dice que hablar de desapariciones es apresurado: “Cuando se están haciendo las verificaciones, van apareciendo porque los muchachos se quedaron en otra casa o se fueron con los amigos”. También aclaró que, en ocasiones, tardan en los procesos de identificación dentro de los CAI y por eso no hay contacto tan rápido con los familiares.
Sin embargo, el oficial asegura que no está evadiendo que esos casos puedan existir e invita a la ciudadanía a que los denuncie en la Policía u otras entidades, en caso de temer por otras presuntas agresiones. “Tenemos una buena comunicación con el ministerio público, que nos remite las denuncias. La Defensoría habló de 140 quejas que han recibido, a través de sus oficinas, y yo le pedí en un pronunciamiento que nos hicieran llegar esa documentación para avocarlas como investigaciones”.
Aunque este periódico le explica que las víctimas contactadas sienten miedo y además creen que no tienen cómo comprobar las torturas y los tratos crueles, pues no quieren asistir a un centro médico y no confían en una institucionalidad como Medicina Legal, el general responde que “toda acusación debe ir encaminada con pruebas, para asegurar el debido proceso de los uniformados. Estamos en un país en derecho y todo tiene que tener un procedimiento para sancionar”.
Sobre los casos conocidos por El Espectador señala que no tenía conocimiento, pero que está dispuesto a recibir las denuncias pues su entidad no avala estos comportamientos en contra de la ley. Actualmente, afirma el general Ramírez, existen 47 investigaciones formales dentro de su inspección en contra de uniformados, de las cuales 10 han sido tomadas por la Procuraduría, y 76 quejas en el Sistema de Recepción de Quejas y Reclamos del Servicio Policial.
En cuanto al manejo de las cifras de las personas reportadas como desaparecidas, el inspector resalta la importancia de seguir con el protocolo que la Policía y el MInisterio Público tuvieron que crear después de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, tras los hechos violentos ocurridos en manifestaciones de 2019, para la atención de las personas capturadas y conducidas a una unidad policial.
“Nosotros trabajamos ese protocolo a través de los Puestos de Mandos Unificados, donde hay representantes de todas las entidades, como la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría. Allí vamos verificando esta y otras cifras de los delitos que nos llegan”, agrega el funcionario.
La organización Temblores, que se ha dedicado a rastrear los casos de brutalidad policial durante el paro, asegura que hasta el 5 de mayo en la noche se presentaron 1.708 casos de violencia policial. De ellas, 831 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 222 víctimas de violencia física, 37 homicidios, 22 víctimas de agresión de ojos, 110 casos de disparos de arma de fuego, 10 víctimas de violencia sexual Y 312 intervenciones violentas.
El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional evidenció, a través de material audiovisual, “el uso excesivo e innecesario de la fuerza” ante las manifestaciones. “Las autoridades colombianas deben investigar de forma rápida, independiente e imparcial todas las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes, que ha dejado como saldo decenas de personas muertas y heridas, detenciones arbitrarias, actos de tortura y violencia sexual, y denuncias de personas desaparecidas”, afirma Erika Guevara, directora para las Américas de AI.
Tan delicada es la situación en Colombia que esta ONG, la campaña Defender la Libertad y la Coordinación Colombia Estados Unidos enviarán una comunicación a la Corte Penal Internacional por los graves delitos de lesa humanidad que se han cometido hasta ahora en el marco de las manifestaciones.
Desde la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada está dispuesto un correo electrónico para recibir reportes de personas desaparecidas en el marco del paro y apoyar su búsqueda. Si conoce de algún caso puede escribir a desaparicionescol@gmail.com
*Los nombres de las fuentes fueron cambiadas por petición de estas.