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Desde los albores de la década del noventa, el sector Defensa ha ido moldeando paso a paso el compendio doctrinario de su actuar en materia del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho aplicable en el marco de los conflictos armados.
En esta carrera nada fácil −en la que el Estado ha enfrentado acérrimos enemigos, representados principalmente en organizaciones armadas ilegales de diferente talante y naturaleza y otros aparatos de crimen organizado−, el Ejército Nacional es quizá la fuerza que mayores avances registra en estas dos normativas del derecho internacional público. Tal afirmación no pretende desconocer de soslayo los esfuerzos que en este mismo sentido vienen haciendo la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y nuestra Policía Nacional.
Me explico. Toda vez que el conflicto armado en Colombia ha sido en esencia de naturaleza terrestre, el Ejército es la fuerza armada que, en todos los órdenes, ha soportado el mayor peso en la confrontación. Esto indefectiblemente la ha llevado a compaginar su actuar con arreglo a las exigencias del imperio de la ley.
Es precisamente esta condición sine qua non la que convocó en el emblemático Teatro Patria de Bogotá al alto mando castrense y a algunas autoridades civiles para acompañar al Ejército en la presentación de los nuevos Lineamientos de comando en derechos humanos, derecho internacional humanitario y derecho operacional.
La intención del general Nicacio de Jesús Martínez Espinel, actual comandante del Ejército, no puede ser más que oportuna. Dotar a los hombres que comanda con herramientas jurídicas que, en primer lugar, se correspondan con los nuevos escenarios que generan las dinámicas sociales en el país y, en segundo lugar, les permita afrontar los nacientes desafíos para la defensa y seguridad de los colombianos.
¡Qué no haya lugar a confusiones! Para nada el Ejército está descubriendo el agua tibia. Asistimos a la indispensable y necesaria actualización de tales lineamientos, pero con un plus: la institución está compaginando el uso de la fuerza con los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y, particularmente, el derecho operacional.
He aquí la almendra del documento nombrado Bicentenario, que dedica especial atención a las reglas de enfrentamiento con estándares internacionales, vitales a la hora de regular el uso de la fuerza, como quiera que estas serán confeccionadas a la medida del ADN de cada operación militar.
Blindarán jurídicamente a la tropa en los ámbitos estratégico, operacional y táctico, pues les permitirá a los soldados resolver las dudas de en qué momento pueden aplicar o no la fuerza. Asimismo, aparecerán consignadas religiosamente en las órdenes de operaciones de manera precisa e individualizada, por así decirlo, y estarán bajo el faro de los asesores jurídicos operacionales.
Los lineamientos Bicentenario también se fundan en acciones concretas en otros aspectos: educación en DD. HH., DIH y derecho operacional; defensa técnica de los integrantes de esa institución y del Estado ante el contencioso administrativo; atención de víctimas y grupos de especial protección a la luz de la Constitución; la cooperación institucional y con los países fronterizos y la comunicación transparente sobre el ser y el actuar de los soldados de Colombia.
Pero el comandante del Ejército va más allá y en el documento consigna una orden a los comandantes en todos los niveles del mando: su obligatoria asistencia a los comités de justicia transicional. Un elemento dinamizador en el relacionamiento estratégico con los tribunales instituidos tras los acuerdos entre el Gobierno y las Farc en La Habana. A estos deberán asistir en compañía de los oficiales de operaciones, de inteligencia, de acción integral y de los asesores jurídicos.
Bienvenidos los lineamientos Bicentenario, que, de seguro, coadyuvarán a la grandeza de esta institución de los colombianos próxima a cumplir 200 años de existencia.