A menos de dos semanas de la posesión del presidente electo Gustavo Petro, la Oficina de la Alta Comisionada de ONU para los Derechos Humanos presentó un informe en el que analiza los impactos de la violencia en Colombia los dos últimos años, bajo la administración de Iván Duque. La conclusión es contundente: “La respuesta del Estado ha sido insuficiente para reducir los niveles de violencia, y prevenir los abusos cometidos por grupos armados no estatales y organizaciones criminales y proteger adecuadamente a las comunidades de los territorios”.
Ante ello, la ONU le recomienda al próximo gobierno reformar la política de seguridad del Estado para enfrentar a los grupos armados y organizaciones criminales y proteger a las comunidades afectadas. Las recomendaciones están divididas en tres ejes que van en línea con el Acuerdo de paz. Reducir hasta eliminar la presencia de grupos armados en los territorios, esto mediante una política estatal de desmantelamiento, estrategias de sometimiento colectivo y la consideración de los llamados a acuerdos humanitarios de las comunidades. También, priorizar la implementación de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y relanzar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Y, tercero, consolidar el Estado de derecho, reforzando capacidad de los gobiernos locales y recuperando la confianza en la institucionalidad.
En entrevista con El Espectador, Juliette de Rivero, representante de ese organismo en Colombia, aseguró que la mayor preocupación es que se proteja a las comunidades desde un enfoque de derechos humanos. “Lo único que pedimos es que el Gobierno llegue hasta las comunidades y que haya una estrategia eficaz para protegerlas. Esto no puede ser solo una estrategia militar contra los grupos que se mida en capturas y bajas. Los indicadores deben ser el bienestar de las comunidades y la protección de sus derechos”, señaló.
De Rivero pone de presente uno de los mayores cuestionamientos del informe. Aunque la estrategia de las Zonas Futuro planteada por el Gobierno Duque pretendía hacer una intervención integral en las regiones más afectadas por la violencia, en la práctica esa política solo derivó en el aumento de la presencia de fuerzas militares en estos lugares. Como resultado, dice “se observó un progresivo crecimiento de la inseguridad, la cual se expandió territorialmente, así como la falta garantías para el ejercicio y disfrute de los derechos humanos en dichas zonas”, dice el documento.
La violencia, en lugar de disminuir, aumentó. En esta entrevista De Rivero habla sobre las recomendaciones al Gobierno Petro para reformar la política de seguridad, los diálogos y negociaciones con el Eln y el Clan del Golfo, la relación entre la violencia y la pobreza multidimensional en los territorios más afectados por el conflicto colombiano y la necesidad de una implementación efectiva, descentralizada y territorial del Acuerdo de paz con las Farc.
