Conflicto

1 May 2022 - 11:00 a. m.

Los desaparecidos en operativo de Putumayo que Defensoría hizo pasar por muertos

Los hermanos Daniel Eduardo y Lizandro Paredes Sanjuán aparecieron el 12 de abril en el listado oficial de la Defensoría del Pueblo de personas fallecidas por el operativo militar en la vereda Alto Remanso. Aunque esta entidad aseguró que se trató de un error de la Fiscalía y rectificaron que esas dos personas no murieron en este hecho, sus familiares dicen que no hay rastro de ellos o de sus cuerpos.
Valentina Parada Lugo

Valentina Parada Lugo

Periodista Colombia 2020
José Antonio Peña Otaya, de 40 años, fue una de las once víctimas del operativo militar en la vereda Alto Remanso. Su nombre desapareció del listado oficial de personas fallecidas durante dos semanas.
José Antonio Peña Otaya, de 40 años, fue una de las once víctimas del operativo militar en la vereda Alto Remanso. Su nombre desapareció del listado oficial de personas fallecidas durante dos semanas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La familia de Daniel Eduardo y Lizandro Paredes Sanjuán lleva cuatro días recorriendo morgues del Putumayo buscando pistas sobre sus familiares, de los que no tienen rastro desde el pasado 28 de marzo. Estuvieron en Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Una de sus hermanas, incluso, viajó hasta Neiva (Huila) con la esperanza de establecer si sus seres queridos estaban allí. Cuando llegó a Medicina Legal de esa ciudad le dijeron que había dos cuerpos de hombres sin identificar desde hacía varios días, pero no pudo reconocerlos porque estaban congelados.

A ambos hermanos la Defensoría del Pueblo los dio por muertos desde el pasado 12 de abril, cuando los nombró en el informe que presentó la misión humanitaria que llegó hasta la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo (Putumayo). El texto -de 40 páginas- documentó el operativo militar del 28 de marzo en esa vereda que cobró la vida de al menos once personas, entre las que había civiles, como lo reveló este diario en la alianza investigativa que hizo junto a Vorágine y revista Cambio. En la página 18 quedaron consignadas las once identidades de quienes serían las víctimas de ese ataque armado, según ellos, identificadas a través de necropsias por Medicina Legal.

Vea aquí el informe de la Defensoría.

Lo que llamó la atención del informe de la Defensoría es que aparecían dos identidades distintas a las que estaban consignadas en el expediente de la Fiscalía sobre el caso. Habían desaparecido los nombres de José Antonio Peña Otaya y Alexander Peña Muñoz y, en su lugar, aparecieron los de Daniel Eduardo y Lizandro Paredes Sanjuán. Sacaron por varios días de la lista de asesinados el nombre de José Antonio Peña, pero seis periodistas asistimos a su velorio el 1° de abril en Puerto Asís. Dos de nosotros, incluso, llegaron hasta el cementerio y acompañaron su entierro esa noche.

La versión de que serían trece muertos y no once como reportó el Ejército no tardó en ser desmentida. El mismo 26 de marzo, en medio de la debate de moción de censura al ministro Diego Molano, señaló que tenía un informe en el que la Defensoría corregía un “error” en los nombres. “Aquí no han aparecido dos muertos más y eso es necesario que lo determine la Fiscalía. Son las mismas once víctimas. Nadie ha querido ocultar nada”, respondió ante el Congreso.

A pesar de las dudas, el ministro no leyó ante el país los once nombres oficiales de quienes perdieron la vida en el operativo y, por el contrario, aseguró que la única entidad competente para determinar las identidades será la Fiscalía. A ellos también les endilgó la responsabilidad de determinar si las víctimas eran o no combatientes, pese a que el Ejército ha sostenido que todos los que cayeron estaban plenamente identificados y pertenecían a la estructura del Gaor 48 (Comandos de la Frontera, una disidencia de las Farc).

En contexto: Las inconsistencias del operativo militar en Putumayo que cobró la vida de civiles

Hasta ese momento, de Daniel y Lizandro no se conocía nada. Sus familiares los daban por desaparecidos, aunque no interpusieron ninguna denuncia formal por ese delito porque dicen que tenían la esperanza de que volvieran a casa en la vereda Nueva Paya -a dos horas y media en lancha de Alto Remanso- y donde vivían sus padres. Vivían, en pasado, porque según uno de los familiares, a quien le guardamos la identidad por seguridad, después del operativo del 28 de marzo fueron desplazados forzosamente.

La familia Paredes no conocía ese informe público de la Defensoría. Ni siquiera sabían que existía un documento oficial donde ellos aparecían como muertos. “A nosotros nos dijeron que ese día de la masacre ellos se desaparecieron. No sabíamos nada de ellos. Gente de la comunidad dijo que los vio en el bazar. Después les dijeron que ellos (Daniel y Lizandro) se iban a comunicar con el papá, pero solo por mensajes de WhatsApp. Ahora pues ya sale en las noticias que ellos están muertos”, cuenta uno de los familiares, que además asegura que el padre de los hermanos sí recibió unos mensajes días después de los hechos, pero afirmo que “no se sabe si eso sea verdad o sean otros haciéndose pasar por ellos”.

La familia de Daniel y Lizandro Paredes tiene más preguntas que certezas. Quieren saber de dónde la Defensoría y la Fiscalía sacaron los nombres de ellos, si no existe una denuncia por desaparición. Tampoco entienden por qué, de ser cierto que estén muertos, no aparecen sus cuerpos. “¿Está confirmado que ellos dos están muertos? Ninguno de nosotros sabe dónde están los cuerpos, nadie los ha visto. ¿De dónde habrán sacado esa información? ¿Dónde quedaron los cuerpos de Daniel y Lizandro el día de la masacre? Entonces, ¿por qué el ministro quiere reemplazar los otros dos nombres diciendo que fue un error? Muy confuso eso”, reclama uno de sus allegados. Todavía no tienen respuesta.

Este diario consultó a la Defensoría del Pueblo para entender quién suministró las identidades de los hermanos Paredes Sanjuán, a lo que la oficina de prensa respondió que “fue de manera directa verbal que la Fiscal de la URI de Mocoa le entregó el listado de once personas (entre las que estaban Daniel Paredes Sanjuán y Lizandro Paredes Sanjuán) al Defensor Regional Putumayo el día 30 de marzo, dos días después de los hechos”.

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Sin embargo, desde la jefatura de comunicaciones de la Fiscalía explicaron que: “No hay nada que la Defensoría tenga para afirmar que fue un error de la Fiscalía porque todo fue verbal. Nosotros mantenemos nuestro informe en el que ya dijimos que son once personas, los nombres están claros y tenemos las actas de entrega de los cuerpos a los familiares. Fue un asunto de la Defensoría Regional del Putumayo. No fue nuestro error”.

Aunque ninguna de las dos entidades quiere asumir la responsabilidad del “error” y todavía no hay explicaciones sobre cómo surgieron esos nuevos nombres sobre la mesa, la Defensoría rectificó: “Los dos señores Paredes no aparecen como víctimas del Alto Remanso, sino los señores José Antonio Peña Otaya y Alexander Peña Muñoz”.

Esta versión coincide con los reportes de cadáveres ingresados de Medicina Legal, en los que se evidencia que no hay cuerpos identificados con esos nombres en ninguna morgue del país. No obstante, en esa misma plataforma, sí hay registro de que los cuerpos de las otras once víctimas ingresaron el 29 de marzo a la sede de Medicina Legal de Mocoa y que todos ya fueron entregados.

Los muertos que quisieron desaparecer de la lista

Aunque las autoridades ya reiteraron que José Antonio Peña Otaya y Alexander Peña Muñoz sí son dos de las once víctimas del operativo militar en Putumayo, pasaron 14 días en los que sus nombres desaparecieron del listado oficial de muertos de las autoridades. La familia de José Antonio veló su cuerpo el pasado 1° de abril en Puerto Asís, tras cuatro días del operativo militar en Alto Remanso en el que fue asesinado.

Esa tarde el féretro llegó envuelto en plástico, según personas de la funeraria, por el alto grado de descomposición en el que estaba el cuerpo. Alrededor del ataúd se reunieron cuatro de sus hermanos junto a su madre y su hija. Desde hacía tres meses no lo tenían tan cerca porque, afirman, que se había ido de la vereda Nueva Paya a trabajar a la vereda El Hacha. Cuando recibieron la noticia de su muerte, apenas uno de los hermanos pudo viajar hasta Mocoa para identificar el cuerpo en Medicina Legal. “Esperábamos que no fuera él y que estuviera con vida, pero era imposible no reconocerlo”, cuenta Marcos Peña Otaya, el hermano mayor.

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José Antonio tenía 40 años, los había cumplido apenas 10 días antes del operativo militar. Dejó dos hijos menores de edad y a su madre, a quien él ayudaba económicamente. Su velorio duró poco más de dos horas. Detrás del coche fúnebre salió una caravana de motos que cargaba dos arreglos florales con girasoles y flores blancas, adornado con una cinta púrpura que llevaba su nombre. El recorrido desde la funeraria hasta el cementerio duró casi media hora. Frente al portón del cementerio, al llegar, una vivienda retumbaba con un parlante a alto volumen en el que sonaban canciones populares que hablaban sobre difuntos, sobre la muerte y el último adiós.

Cuando el carro llegó al camposanto el llanto se hizo más fuerte y la tristeza más profunda. Antes de que el sepulturero empezara a poner ladrillos y cemento, acordó con la familia que debían pagar alrededor de $100.000 por el trabajo. A medida que iba subiendo el pequeño muro de ladrillos el sol fue bajando y los familiares buscaban consuelo en medio de las sombras. La bóveda quedó cerrada y en medio de la oscuridad espantada, con la luz de un celular, una mujer graba el nombre de su hermano sobre el cemento fresco, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte y una frase que dice ‘Siempre vivirás en nuestro corazón’.

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