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20 Apr 2022 - 6:41 p. m.

Los hallazgos de la Defensoría tras indagar en la operación militar en Putumayo

En Puerto Leguizamo, la Defensoría encontró una zona abandonada por el Estado, cuyas actividades tradicionales son manipuladas por actores armados. Recopiló denuncias por desplazamiento y desaparición forzada. Además, censuró al Ejército por escudar su cuestionada operación en las alertas tempranas emitidas.
Putumayo - Vereda Alto Remanso - Masacre
Putumayo - Vereda Alto Remanso - Masacre
Mauricio Alvarado
Putumayo - Vereda Alto Remanso - Masacre
Putumayo - Vereda Alto Remanso - Masacre
Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

La Defensoría del Pueblo entregó su radiografía de la vereda El Remanso de Puerto Leguizamo (Putumayo), que el pasado 28 de marzo vivió una incursión armada con inconsistencias. 11 personas murieron tras operación militar conjunta de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo sería dar con el disidente alias Bruno de los Comandos de la Frontera. No obstante, la Defensoría y organizaciones indígenas sostienen una teoría contraria a la reiterada por el Gobierno: fallecieron civiles, entre ellos líderes comunales y un menor de edad, presos de un contexto de violencia, economías ilegales y abandono estatal.

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En un documento de 40 páginas, la Defensoría presentó su informe de Misión Humanitaria a las veredas Alto Remanso y Bajo Remanso de Puerto Leguizamo. Allí, según la institución, un bazar para recolectar fondos para la construcción de una vía terminó en la muerte de 11 personas; la atención médica a cinco heridos, entre ellos una embarazada; la perdida de confianza de la comunidad hacia el Ejército; y serios cuestionamientos a las Fuerzas Armadas por las respuestas que han desplegado en redes sociales y medios de comunicación.

La vereda Alto Remanso cuenta con 118 habitantes y está organizada bajo la figura de Junta de Acción Comunal. Allí, como en Puerto Leguizamo, “recaen múltiples intereses relacionados con sus características geográficas y biológicas que lo hacen atractivo para diversos actores legales e ilegales. Esto sumado a conflictividades preexistentes como la tenencia de la tierra o las brechas socioeconómicas de sus habitantes con respecto a otros municipios del departamento, hacen que la situación humanitaria del municipio sea especialmente preocupante”.

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Como lo ha venido reiterando la Defensoría, en recientes Alertas Tempranas, hay una disputa territorial entre el Frente Primero Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, ambos de las disidencias de las Farc. Este último grupo recientemente se adhirió a la Segunda Marquetalia, comandada por el disidente Iván Márquez. Los habitantes están expuestos a homicidios, amenazas, desplazamientos, desaparición, retenciones y ocupación de territorios étnicos. La Defensoría hizo hincapié en que, además, los grupos armados interfieren en el desarrollo de sus actividades tradicionales y de subsistencia.

“El crecimiento vertiginoso de ambos grupos les ha llevado a apropiarse, en términos prácticos, del control de la ilegalidad en todo el municipio, y en detrimento del tejido social, de la autonomía de pueblos y comunidades étnicas, que han visto disminuida su capacidad para restringir la avanzada de estos actores en sus territorios. Vale mencionar que, en la actualidad, las acciones en materia de Defensa y Seguridad del Estado, se muestran ineficaces para protegerlas”, explicó la Defensoría. Y mientras no exista un real control de las autoridades, esos grupos seguirán “impartiendo órdenes”.

Una vez conocidas las respuestas del Gobierno y las Fuerzas Militares, las cuales se escudan en la hipótesis de una operación legítima, sumado a la incautación de material bélico en la zona, la Defensoría recomendó no escudarse en el sistema de alertas tempranas. La documentación de la institución se publica con un enfoque de derechos humanos, que de ninguna manera orienta a las autoridades a realizar acciones militares. La Defensoría recomienda al Ejército, de nuevo, que encamine sus operaciones bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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Justamente, expertos en DIH le explicaron a El Espectador que el Ejército siempre debe actuar teniendo presente el principio de distinción. Es decir, diferenciar los objetivos militares con los civiles. Todo porque resultó muerto Didier Hernández Rojas, presidente electo de la Junta de Acción Comunal de la vereda, así como su esposa que estaba embarazada. También murió el gobernador indígena de Bajo Remanso, Pablo Panduro Coquinche. Asimismo, entre los baleados está un joven de 16 años, a quien habrían intentado hacer pasar por un disidente, armándolo falsamente con material de guerra.

Hace unos días, en rueda de prensa, el ministro de Defensa Diego Molano, ad portas de enfrentar un debate de control político en el Senado, incluso acudió a documentos emitidos por la Defensoría como uno de los argumentos decisivos para llevar a cabo la operación: “Estaban señaladas las alertas tempranas de la Defensoría, en las cuales se estipula que la fuerza pública debía actuar en contra de esa estructura criminal. Esta es una operación que tenía que hacer nuestra fuerza pública”.

Los datos que encontró la Defensoría

La institución tiene los nombres de todos los muertos que cayeron en operación. Se trata de: Óscar Olivia Yela, Juan Pablo Pandora Coquinche, Enuar Ojeda Sánchez, Brayan Santiago Pama, Divier Hernández Rojas, Ana María Sarrias (embarazada), Rubén Darío Peña, Daniel Eduardo Paredes, Lizandro Paredes Sanjuan, Jhon Jairo Silva y Luis Alfonso Guerrero. Asimismo, heridos quedaron cinco personas, entre ellos una menor de 17 años embarazada y un militar que fue remitido a Bogotá.

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“También se conoció información según la cual, algunas personas que estaban en el lugar y pertenecen a la comunidad se lanzaron al río, otros pasaron la frontera a través del río Putumayo y otros se internaron en el monte”, agregó la Defensoría. Asimismo, la institución recibió denuncias por el desplazamiento forzado de familias que salieron del territorio a causa de las muertes. Incluso, según información del Cabildo Indígena el Hacha, se presume que al menos ocho personas se encuentran desaparecidas desde el pasado 28 de marzo.

La Defensoría cuenta con un resumen ejecutivo de apreciación allegado por las Fuerzas Militares, las cuales señalaron que la disidencia de Iván Márquez tiene un total de 470 integrantes con sus redes de apoyo. “Se evidencia una operación militar legítima, planeada con anticipación ante una necesidad y un blanco militar lícito, en aras de quitarle el yugo opresor (GAO) a la población civil y permitir su progreso lícito, sostenible, sustentable, legítimo y esperado”, señalaron las fuerzas. Explicaron que fueron decomisadas cinco armas de guerra, las cuales fueron usadas desde viviendas aledañas al bazar.

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Testimonios en terreno le explicaron a la Defensoría que una vez baleado el gobernador Panduro Coquinche, el Ejército les enseñó una foto de él armado, pero en realidad lo único que tenía era su bastón de mando. Tras diversas reuniones con la comunidad, la institución evidenció la perdida de confianza con el Ejército, que ahora representa, para ellos, una entidad a la cual temer, al mismo nivel de las disidencias de las Farc. “No quieren verlos en su territorio, los niños, adultos, las mujeres, sienten mucho temor cuando escuchan ruidos fuertes o escuchan el ruido de las pirañas o de los helicópteros”, se lee en el informe.

Tal es el abandono estatal, que la Defensoría recomendó al Ministerio del Interior impulsar acciones para que la presencia oferta institucional deje de ser escasa. Al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, recomendó garantizar el consumo de agua en condiciones aptas. Al Ministerio de Educación, atender los requerimientos de infraestructura, que hoy permiten el trabajo infantil, la prostitución y el consumo de sustancias psicoactivas. Y, en conclusión, la Defensoría informó que, mientras exista abandono estatal, se desarrollarán las economías ilegales y se incrementarán los hechos violentos en esta población vulnerable de Colombia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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