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Varios han sido los episodios en los cuales las escuelas se han visto afectadas por la guerra en Colombia. El pasado 18 de junio autoridades indígenas del pueblo awá, en Tumaco (Nariño), denunciaron la ocupación de una escuela por parte de uniformados, al parecer, del Ejército Nacional. Este es sólo un ejemplo de lo que sucede con la educación primaria en el país rural, un reclamo de las organizaciones defensoras de los derechos de los niños que le solicitan al electo presidente, Iván Duque, suscribir la Declaración de escuelas seguras de la ONU, un pedido aplazado desde 2015 y que no ha tenido éxito.
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La coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), documentó en el 2017 nueve ataques de grupos armados u ocupaciones de instituciones educativas. Además, Colombia llegó a ser el quinto país más riesgoso para ser docente en el 2014, según un informe de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques. La Declaración ha sido firmada por 72 países y en América Latina faltan por suscribirla Bolivia, Venezuela, Perú y Colombia.
El documento contiene varios compromisos que adquieren los Estados firmantes para que los conflictos armados no afecten a las escuelas y a las universidades. Entre otros, comprometerse a que las instituciones educativas no van a ser utilizadas militarmente y a recoger datos sobre ataques a las instituciones. “Jurídicamente la declaración no tiene un carácter vinculante, pero es una manera de llevar a los Estados a una declaración ética y comprometida en términos políticos del cumplimiento de esos parámetros”, explica Hilda Molano, vocera de la Coalico.
Los pedidos de organizaciones como la Coalico y Save the Children no han sido atendidos. Sus representates afirman que en reiteradas ocasiones le pidieron al gobierno de Juan Manuel Santos firmar la declaración. No obstante, tanto Hilda Molano como Luz Alcira Granada, de Save the Children, fueron testigos de la negación de este Gobierno a acceder a tal petición- La razón, según les dijeron: que el país no iba a firmar más declaraciones de derechos humanos por el proceso de negociación que adelantaba en ese entonces el Gobierno y la exguerrilla de las Farc.
Luego de que se firmó el acuerdo de paz de La Habana dichas organizaciones, ante la persistencia del conflicto en zonas rurales del país, insistieron en la petición. Les volvieron a decir que no, en esta ocasión, argumentando que la firma de la declaración conllevaría a unos gastos muy elevados. Por ejemplo, el traslado de algunas guarniciones militares que están en inmediaciones a escuelas. "Esto puede salir caro, pero se puede hacer una transición. Que el Gobierno se comprometa a no construir más guarniciones militares al lado de escuelas y tomar medidas transitorias para aminorar el riesgo a los niños donde ya están construidas”, dijo Granada.
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La última vez que las organizaciones le pidieron al Gobierno que firmara la Declaración fue en mayo pasado, cuando la incluyeron como una de las recomendaciones ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. La respuesta fue negativa bajo el argumento de que el periodo presidencial estaba llegando a su final. “Nos parece bastante triste porque el gobierno se comprometió con vigencias futuras, por ejemplo, para el metro de Bogotá, pero la niñez no mereció ese tipo de compromisos”, lamentaron las voceras de las organizaciones civiles.
Colombia2020 contactó a la Cancillería y la entidad respondió que el Gobierno no puede firmar dicha Declaración sin un "concepto técnico" por parte del Ministerio de Educación. De esta última institución dijeron que, junto con el Ministerio de Defensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja, están elaborando un "lineamiento técnico sobre escuelas seguras" que está en revisión de las oficinas jurídicas de ambos ministerios. Sin embargo, eso no implica la firma de la Declaración de escuelas seguras.
Tanto Molano como Granada reconocen que hay avances en cuanto a la protección de las instituciones educativas en Colombia. Por ejemplo, afirman que han disminuido los reportes de amenazas contra profesores. Granada resalta que en algunas zonas del país los uniformados de la Fuerza Pública toman precauciones para no pasar por las escuelas en sus desplazamientos. “Firmar la Declaración sería consolidar lo que ha avanzado Colombia en esa materia”, resalta.
Pero también hay retos que las escuelas siguen afrontando en medio de la guerra. A pesar de que las Farc dejaron las armas, la confrontación armada con otros actores como el Eln, el Epl y las disidencias del acuerdo de paz persiste. Según la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, en el 2017, Naciones Unidas registró cuatro ataques a escuelas: dos en Chocó, uno en Norte de Santander y otro en Nariño. En 2017 se registraron cuatro asesinatos de profesores en Colombia.
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“Durante el conflicto armado, proteger las escuelas y universidades, puede permitir a los niños y jóvenes acceder más fácilmente a servicios humanitarios amplios e información crítica que pueda protegerlos del tráfico, la violencia sexual y el reclutamiento por parte de actores armados”, realza Granada.
“Una herramienta como la declaración es importante no porque seamos como Siria, donde atacan y matan a 200 niños en un solo ataque, pero sí vemos que aumenta las posibilidades de protección de las instituciones educativas”, resalta Molano, quien dice que en todas las regiones donde trabaja la Coalico hay preocupación por el consumo de estupefacientes que es utilizado para vincular a los niños y adolescentes a los grupos delincuenciales.
“La escuela no se puede quedar sola enfrentando las expresiones de violencia contra los niños como se están dando”, enfatiza Molano. Por eso tanto la Coalico como Save the Children le pedirán al gobierno de Iván Duque que firme la Declaración. El documento, según Molano “puede ser apoyo al momento de tener las discusiones, por ejemplo, con las autoridades locales”.
La Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques sigue considerando a Colombia como uno de los 28 países en los cuales más ataques se dan contra la educación del mundo. Los niveles del país son similares a los que se dan en República Centroafricana, Libia y Tailandia. Las organizaciones colombianas que defienden los derechos de los niños reconocen avances, pero buscan mecanismos para que los grupos armados y el Estado garanticen el derecho a la educación de los niños en medio de la guerra. Plantean que un paso en esa dirección es firmar la Declaración, lo cual dependerá del gobierno de Iván Duque.