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Patricia Tobón Yagarí es una funcionaria con las botas puestas. Desafiando las trochas del Alto Andágueda, en el Chocó, se dio a la tarea de liderar lo que ella llama una “intervención integral del Estado” que pueda revertir o, por lo menos, frenar el desplazamiento masivo de indígenas a Bogotá y otras capitales, donde algunos terminan en la mendicidad. En la zona, la presencia de Tobón -quien también pertenece al pueblo embera- fue celebrada por indígenas y campesinos, que saludaron la llegada de altos directivos del Estado por primera vez a sus territorios.
¿Por qué es histórica esta visita?
Por muchas razones: es un territorio aislado, es indígena y ha tenido una ocupación por diferentes grupos armados. La institucionalidad llegaba hasta el casco urbano más cercano, donde dejaba algunos alimentos, pero nunca un director y diferentes entidades habían entrado a convivir y a estar tres días. Además, con una metodología que reconoce que en esos territorios el Estado son esas autoridades étnicas, hicimos una asamblea comunitaria donde la gente que viene del centro del país les reconoce un trato digno, un reconocimiento a una sabiduría y unas experiencias, y aquellos tienen en primera mano la lectura del conflicto de sus territorios de sus necesidades.
¿Cómo ha sido hasta hoy la atención a estas comunidades?
Se interviene sin tener en cuenta la realidad del territorio. Lo que hicimos fue sentarnos como un miembro más de su asamblea para escuchar desde esa perspectiva y tener una comprensión real de las necesidades. Es algo sencillo, pero nunca se había hecho, y creo que nos demuestra lo mal que estamos en la atención de la ruralidad del país. Acá vimos una realidad rural que habla por sí sola.
Las comunidades tienen más complejidades históricas, sociales y geográficas, hay que entender la historia del pueblo embera del Alto Andágueda, que tuvo una guerra interna con intervención de la minería y el conflicto armado. Los grupos armados intentaron intermediar y resolver los conflictos de las comunidades generando una violencia masiva, que terminó en una ruptura social y comunitaria. Eso llevó hace 40 años a que el pueblo embera saliera expulsado huyendo de una guerra invisible hacia las ciudades. Este es uno de los territorios que tiene mayor cantidad de personas en situación de desplazamiento, de mendicidad y de calle en diferentes ciudades del país.
En las ciudades no los comprenden, porque no conocen la situación, para entenderlo hay que remontarse a la historia, cuando salieron las primeras familias, la guerra sigue y ellos siguen saliendo, sobre todo las mujeres se ven abocadas a la mendicidad como práctica para sobrevivir en medio del desplazamiento. Esto se hizo habitual sin una atención de las entidades. Lo que encontramos, por ejemplo, es que hoy la ciudad se volvió el escenario para vivir y la mendicidad es una forma de subsistencia. Vienen varias generaciones en la misma situación. Transformar esta realidad parte de atender los asuntos estructurales en el territorio, como la conexión vial, porque son más de 9.000 personas que exigen una vía, acueducto y servicios básicos.
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¿Los emberas tienen disposición a retornar?
Están dispuestos, pero en condiciones dignas, como ellos lo han pedido. Creo que es más que justo, porque es una condición muy fuerte para cualquier ser humano que tenga que cargar, durante tres días, un bulto de cemento para construir una casa, o que tenga que caminar cinco días para que le atiendan una emergencia de salud o una de las mujeres embarazadas. Haciendo Estado en estos territorios es como de verdad podemos solucionar y ayudar a que esa población tenga condiciones dignas.
Usted recalcó la importancia de que los funcionarios del Estado se embarren las botas y vean lo que la comunidad tiene que sufrir, ¿cómo fue el viaje?
Muchas decisiones se han tomado históricamente de los escritorios en Bogotá y en las ciudades capitales sin conocer los territorios. Yo entraba con funcionarios que han tomado decisiones sobre esta comunidad y no habían estado acá. Esto les genera tener una comprensión distinta: escuchando a la comunidad pueden entender cuáles son los problemas que tenemos que ayudar a resolver, también nos hace una reflexión: caminando el territorio es como hacemos Estado en la ruralidad, nos queda muy claro que la Unidad de Víctimas debe tener equipos veredales, equipos en la ruralidad.
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La asamblea fue muy importante para las comunidades porque por primera vez viene una institución como la Unidad de Víctimas, que además tenía la confianza erosionada. Entrar allá, dormir y cocinar con la comunidad, que los equipos de la Unidad estén ayudando a facilitar y a exigir sus derechos, a ser su mano para que el Estado llegue a estos territorios, es un tema esperanzador para ellos y para ellas. Nos toca liderar una política de atención a las víctimas que debe ser ajustada y en eso estamos, porque en todos estos años hemos visto más de 800 sujetos rurales que requieren reparación colectiva integral y es algo muy básico: vías para que el Estado llegue, agua potable, saneamiento...
Esta es una gran apuesta, pero, ¿qué pasa si sale mal?
Pienso que es necesario empezar este trabajo, lo debieron empezar muchos gobiernos que nos antecedieron. Si las comunidades han transformado y han mejorado sus condiciones de vida sin presencia del Estado, imagínense lo que lograrían colaborando con el Estado para transformar esa realidad. Creo y confío en que ese trabajo lo vamos a hacer entre el territorio y la institución, si no es imposible. Hay que lograr que las instituciones vengan a los territorios, que puedan ver la situación de las comunidades, ese cambio es imparable, es el cambio por el que votaron los colombianos. Un funcionario me decía: “Ya entiendo a los emberas, por qué prefieren quedarse allá en Bogotá en un albergue, que estar acá”. Sorprende porque estamos acostumbrados a ver que un director se vaya a un hotel y no duerma con las comunidades, pero eso somos y es la expresión de la participación, la diversidad, la apertura democrática que reconoce al país rural.