La figura del cura Betancur era más parecida a la de un pistolero del lejano Oeste que a la del misionero claretiano que fue. Quienes conocieron a José Antonio Betancur en las selvas que marcan la frontera entre Chocó y Risaralda lo recuerdan como un tipo áspero e implacable, montado en su caballo con un revolver al cinto, obligando a los indígenas katíos a venderle únicamente a él todo el oro que sacaban del río Andágueda y que les pagaba con carne, sal o remesas traídas a lomo de mula desde Andes, en Antioquia, o desde Pueblo Rico en Risaralda.
Aquel cura-pionero resumía el espíritu colonizador de la iglesia católica encarnando el firme propósito de “civilizar” a los indígenas, a la vez que los utilizaba como siervos feudales para su empresa personal. Betancur dirigió la construcción de un internado en Aguasal, una remota comunidad del río Andágueda en el Chocó, donde poseía potreros y decenas de cabezas de ganado. Le prohibía a los katíos hablar su lengua nativa y persiguió a los jaibanás, que es el nombre que los indígenas dan a sus médicos tradicionales.
En contexto: El Informe Final de la Comisión de la Verdad
El padre Betancur quedó inmortalizado en “El oro y la sangre”, la famosa investigación del reportero Juan José Hoyos, quien recorriera aquella región durante muchos viajes por más de una década como corresponsal de El Tiempo. Hoyos reconstruyó de viva voz la historia de la sangrienta guerra desatada entre varias familias indígenas por la posesión de una mina de oro que colonos antioqueños habían fundado y explotado en las cabeceras del río Andágueda.
Aquella disputa fue instigada por la Policía y algunos mineros adinerados del municipio de Andes, además intervinieron otros agentes externos como las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular de Liberación (Epl). Esta última organización fue, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y con la investigación periodística previa de Juan José Hoyos, la única que consiguió parar el desangre entre indígenas a finales de los 80, cuando se clausuró la mina de oro.
Datos de la Unidad de Víctimas hablan de once enfrentamientos entre 1987 y 1989, con un saldo de 52 muertos, 30 heridos, 7 desaparecidos y 6 secuestrados, acá se incluye a las víctimas de una masacre cometida por el Eln en 1987 en una de sus primeras incursiones al Chocó. Todos eran habitantes del mismo resguardo indígena.
Un anexo de la Comisión de la Verdad titulado «Concesiones mineras a empresas en territorios colectivos, control armado, minería ilegal y desplazamiento en el territorio colectivo de Cocomopoca y el resguardo indígena del Alto Andágueda» recapitula esta historia, que es el preámbulo de un caso concreto en el que los intereses de grandes empresas y particulares sobre los territorios terminaron alimentando la guerra.
Además: Tras décadas de silencio, una exEpl busca a su compañero desaparecido hace 36 años
El “testaferrato” de títulos mineros
La región del río Andágueda fue donde se escrituró a los emberá katíos el primer resguardo indígena del departamento del Chocó en 1979. Posteriormente en 1999 los afrocolombianos asentados en la cuenca media y baja del río solicitaron la titulación de sus territorios, un proceso que demoró 12 años por los retrasos burocráticos e impedimentos institucionales, que ocurrieron principalmente durante el gobierno de Álvaro Uribe.
La zona está comprendida por los municipios chocoanos de Lloró y Bagadó, que fueron declarados como Áreas Estratégicas Mineras casi en su totalidad “a pesar de la existencia de traslapes con el resguardo indígena y los territorios colectivos de las comunidades negras, proceso en el que se ha socavado el derecho al consentimiento previo, libre e informado”, asegura la Comisión.
Para los investigadores aquello no es fortuito: las dilaciones para reconocer la propiedad a los afrocolombianos sobre sus territorios colectivos coinciden con el interés de grandes compañías mineras que buscaban apoderarse de los enormes recursos que hay en la zona, dónde existe desde los noventa una fuerte dinámica de minería ilegal.
Le puede interesar: Los empresarios que financiaron a los paramilitares
“Primero llegaron los actores armados, luego la maquinaria amarilla y con los dos se tejió una red de extracción que devastó el territorio”, se lee en el documento: “La minería con maquinaria pesada no es un problema legal, sino de vulnerabilidad económica: las comunidades más pobres son las que «permiten» la llegada de mineros ilegales y los municipios que han sido históricamente abandonados por el Estado son más propensos al despliegue de la actividad, lo que demuestra que la minería sería un efecto y no una causa de la violencia”.
La región y otras cuencas aledañas sufrieron varias tomas guerrilleras muy violentas, como los ataques a Bagadó, Carmen de Atrato, Santa Cecilia y San Marino, además hubo presencia de por lo menos siete actores armados diferentes entre la década del 80 y los 2000. Allí operaron frentes del Eln, el M-19, el Epl, las Farc, el Erg, los paramilitares y la Fuerza Pública.
Este anexo se remite a las entrevistas con 18 víctimas, cinco testigos y seis expertos conocedores de la región, pero también apela a un amplio acervo documental que prueba, entre otras cosas, como durante el gobierno de Álvaro Uribe se otorgaron una veintena de títulos mineros dentro de los territorios colectivos del río Andágueda. La mayoría de estos títulos mineros pertenecían a la multinacional surafricana Anglo Gold Ashanti o a empresas vinculadas con ella, también a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente quién ha sido investigado por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.
Vea: Los títulos mineros de Santiago Uribe Vélez
Como lo reveló en 2013 una investigación de El Espectador citada por la Comisión en el documento, por lo menos tres de los títulos mineros que luego quedaron en poder de la multinacional le fueron adjudicados en un primer momento a Santiago Uribe Vélez, en lo que la Comisión de la Verdad califica como un modelo de testaferrato: “este caso permite evidenciar la conexión de dichas concesiones con el conflicto armado, mostrando cómo el fenómeno del testaferrato minero operó de forma simultánea a la negación del derecho a la titulación colectiva de Cocomopoca entre 2002 y 2016″, asegura la Comisión.
Por ello los investigadores no dudan en relacionar los intereses mineros con la violencia: “a la presión violenta ejercida por grupos armados (legales e ilegales) se le suma la presión sobre los territorios ejercida por instituciones administrativas del sector minero-energético”.
Lea: Anglo Gold Ashanti rechaza cuestionamientos
La relación de las multinacionales con la guerra
La Comisión de la Verdad habla con nombre propio en este caso: responsabiliza a la multinacional surafricana Anglo Gold Ashanti, una de las mayores empresas dedicada a la minería de oro en el mundo, poseedora de la mayoría de títulos mineros en el río Andágueda.
De acuerdo con la Comisión, Anglo Gold Ashanti suscribió un convenio con el Ejército Nacional con el cual aportó 10.176 millones de pesos a unidades militares de la Séptima División que operaban precisamente en la región en dónde se encontraban sus concesiones para realizar minería en el Chocó. Este mismo modelo de convenios del Ejército Nacional con multinacionales se habría replicado en otras regiones del país, aunque aquello no se profundiza en el documento.
Algunas de las unidades que recibieron dinero de la multnacional estarían involucradas en la confrontación con las guerrillas, asentadas en la zona desde los años ochenta, justo en el marco de aquella confrontación entre 2002 y 2006 trece comunidades afrocolombianas asentadas en el territorio colectivo del Concejo Comunitario del Alto Atrato (COCOMOPOCA) “desaparecieron durante el periodo más severo de la confrontación”, asegura el documento, además “cientos de familias embera katío se han desplazado del resguardo a ciudades como Medellín, Pereira y Bogotá buscando escapar de la violencia, la vulnerabilidad económica y los riesgos a la salud”.
Lea: Así es una región controlada por el Eln en el Chocó
La Comisión documentó también once bombardeos del Ejército y la Fuerza Aérea al resguardo entre 2007 y 2015 que provocaron desplazamientos masivos de las comunidades y vaciamiento del territorio. “Es claro que el vínculo entre unidades militares y empresas con concesiones mineras en el territorio del resguardo del Alto Andágueda tiene una relación directa con una grave violación de los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, que prohíbe el desplazamiento forzado”, concluye el anexo de la Comisión.
Como punto final, en el 2021 un juzgado de restitución de tierras terminó por darle la razón a los afrocolombianos del río Andágueda con la orden de restituir 73.317 hectáreas de sus territorios, sobre los que no pueden desarrollarse proyectos mineros sin que exista una consulta previa e informada con las comunidades.
Conozca el anexo completo de la Comisión de la Verdad aquí:
