El nombre de Giovanny Andrés Rojas, Araña, de 42 años, salió a la esfera pública en el país desde 2021, aproximadamente, cuando fue reseñado por las autoridades como el jefe máximo de la organización Comandos de Frontera, una disidencia de FARC adscrita a la Segunda Marquetalia. Sin embargo, sus procesos ante la justicia comenzaron en 2008, cuando las autoridades lo identificaron como integrante de la banda Los Rastrojos y luego en 2010, cuando apareció en los registros judiciales como integrante de la otrora guerrilla de las FARC. Araña es caleño, pero se crió en el Putumayo desde los 7 años y, desde entonces, ha permanecido en ese departamento.
Este diario conoció un Auto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el que se detalla el prontuario del hombre que estaría detrás de uno de los grupos armados ilegales con más control territorial en la región amazónica del país. En 2010 Rojas fue condenado a 29 años de prisión por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravados; fabricación, tráfico y porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Según la condena, todos esos delitos fueron cometidos como integrante de Los Rastrojos, más no como miembro de las FARC.
El tema de los gestores de paz no es nuevo para Rojas: en agosto de 2017, luego de la firma del Acuerdo de Paz, el Gobierno designó como “gestor o promotor de paz” a varias personas privadas de la libertad que aparecían en los listados que entregaron las FARC, una figura que les permitió salir en libertad condicional durante tres meses bajo el compromiso de cumplir con ciertas labores sociales en sus territorios. Según “Araña”, ese benefició cobijó a 702 personas. Él, durante ese período de tres meses en libertad, decidió rearmarse: el 27 de noviembre de 2017, según él, comenzó el grupo armado Comandos de Frontera.
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El 17 de agosto de 2017 salió en libertad de la cárcel de Cómbita, Boyacá. Durante ese tiempo en la cárcel, según cuenta, Rojas terminó el bachillerato y estudió un técnico en administración ambiental. El expediente judicial indica que también se le otorgó un permiso especial para “acudir a los Espacios Territoriales de Reincorporación y Normalización (ETCR) o asistir a las diligencias judiciales donde sea requerido”. “Teníamos que pasar informes periódicos al Gobierno de qué estábamos haciendo como gestores de paz. Yo estuve reunido con niños en un polideportivo de Puerto Asís, pinté un puesto de salud y una escuela”, contó Rojas en la entrevista con este diario.
Giovanny Andrés Rojas señaló que fue por intimidaciones y persecuciones que decidió volver a la guerra. “Yo no encontraba garantías de seguridad para estar acá, a pesar de que tenía funciones de gestor de paz, la Policía me detenía y me perseguía, entonces un día me tocó amanecer en el monte y ahí decidí que tenía que volver a las armas para protegerme”, dijo a Colombia+20.
Según el expediente judicial, mientras Rojas ya se había rearmado en el primer trimestre de libertad condicionada, “ese beneficio se prorrogó por tres meses en repetidas ocasiones. El 3 de mayo de 2018, el despacho judicial decidió prorrogar la suspensión (de su orden de captura) “hasta que se defina su situación jurídica”. Es decir, durante varios meses más -el expediente no especifica cuántos-, Rojas seguía figurando como “gestor o promotor de paz” bajo libertad condicionada, cuando ya había vuelto a la guerra.
Este diario conoció que el 16 de agosto de 2017 fue su ingreso formal ante la Agencia de Reincorporación y Normalización. Como excombatiente en proceso de reincorporación, la ARN le alcanzó a dar $18.974.269 (en varios desembolsos) por la primera asignación económica que se le dio a los exguerrilleros después de la dejación de armas y por renta básica mensual. Actualmente, ante esa entidad, Rojas aparece como “ausente” y fuera del proceso.
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Sobre sus funciones al interior de la exguerrilla no hay mucha información. Este diario pudo confirmar, con excombatientes del Bloque Sur, que su nombre de guerra al interior de las FARC era “Lucas”. En una entrevista que le hizo la JEP en marzo de 2022, ya estando en armas, aseguran que fue miliciano del Frente 48 de las FARC desde 2008 hasta junio de 2010. El 14 de junio de 2010 fue capturado, y sus funciones al interior de la guerrilla eran principalmente de inteligencia en los municipios del Putumayo. “Se advierte que en este evento se encuentra plenamente acreditado un supuesto de doble militancia del interesado con la organización criminal Los Rastrojos y las FARC”, se lee en el documento judicial.
Sobre esa doble militancia, Giovanny Andrés Rojas niega haber pertenecido a Los Rastrojos y asegura que aceptó los cargos en 2010 solo para acceder a una rebaja de condena. Durante 2017 y 2018 -estando en libertad material y ya rearmado-, Giovanny Andrés Rojas solicitó a la justicia ordinaria beneficios transicionales como la libertad condicionada y la amnistía para resolver su situación jurídica. La primera vez que ese beneficio le fue negado en la justicia ordinaria fue el 14 de septiembre de 2017.
Su caso fue escalando hasta llegar el 5 de marzo de 2019 a la JEP. El Juzgado Penal de Tunja que había dejado en firme su condena trasladó todo el expediente a la justicia transicional para que fueran ellos quienes definieran la situación jurídica de Rojas. La JEP comenzó a evaluar un eventual otorgamiento de amnistía e indulto por los delitos por los que había sido condenado en 2010.
En medio de la recolección de pruebas y de todo el expediente, la JEP determinó que, además del proceso judicial por el que fue condenado, Giovanny Andrés Rojas estaba vinculado a seis procesos más: El primero por hechos cometidos en diciembre de 2009 por concierto para delinquir con fines de homicidio. Tenía un proceso más ese año por los mismos delitos, pero en otro juzgado. El tercero por homicidio, por hechos cometidos en 2019.
El cuarto proceso judicial era por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, por hechos del 2010. En su contra había una investigación por los delitos de feminicidio agravado (en etapa de juicio), feminicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir agravado; y fabricación, porte, tráfico de armas de fuego, por casos sucedidos en 2019. El último proceso era una indagación por homicidio en 2021.
Durante todo 2020 y 2021, la JEP continuó recaudando pruebas y material de la Fiscalía sobre los procesos judiciales de Giovanny Andrés Rojas. En ese proceso, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) le reportó a esa justicia que tenía una orden de captura vigente por la investigación en 2021 por feminicidio, concierto para delinquir y fabricación y porte de armas de fuego.
Aunque la solicitud de amnistía e indulto que hizo Rojas fue únicamente por su condena en 2010 por los delitos cometidos, según el expediente judicial, como integrante de Los Rastrojos, la JEP conoció todos los procesos judiciales posteriores y lo citó a entrevista en febrero de 2022 para aclarar su solicitud de beneficios. Fue después de eso que la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP, el 15 de julio de 2022 negó el proceso de amnistía de Giovanny Rojas porque “los hechos por los que fue condenado el señor Rojas no tuvieron ninguna relación con el conflicto armado no internacional”. Además, porque la persona que lo acompañó en la entrevista ante la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP “le susurraba las respuestas”, según indica el documento.
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La conclusión a la que llegó a la JEP es la misma a la que llegó la Fiscalía para negarle los beneficios. A pesar de que la oficina del Alto Comisionado para la Paz les hizo llegar una resolución de 2017 que acredita a Giovanny Andrés Rojas como integrante de las FARC, el proceso penal de su condena en 2010 es por delitos adjudicados a Los Rastrojos, más no a la guerrilla, por ende la JEP aludió a su falta de competencia, pues esta justicia solo investiga y sanciona hechos cometidos en el marco del conflicto armado por integrantes de la Fuerza Pública, excombatientes de las FARC y terceros civiles.
En la entrevista que dio Giovanny a la JEP en febrero de 2022 aseguró, nuevamente, que en ese proceso judicial había decidido aceptar los cargos solo para obtener una rebaja de pena, pero negó tajantemente haber pertenecido a Los Rastrojos. Sin embargo, en su expediente ante la justicia ordinaria hay transcripciones de conversaciones que le fueron interceptadas. “En las conversaciones telefónicas se señaló que el señor Rojas pertenecía a la referida banda y su trabajo consistía en conseguir pasta de coca, suministrar armamento a sus integrantes y ordenar la realización de homicidios; además, los móviles de algunas de las muertes por las que fue condenado estuvieron relacionadas con retaliaciones por el hurto de estupefacientes y pleitos personales”.
El documento judicial también indica que “en la entrevista (ante la JEP) el solicitante inicialmente sostuvo que su función en las FARC era únicamente la de hacer inteligencia, pero luego le asignaron más labores, entre ellas, recaudar el impuesto sobre la compra de coca, sin participar en el narcotráfico”. Una de las inconsistencias que señalan es que en esa entrevista Rojas negó haber conocido que en el departamento había presencia de bandas criminales, a pesar de que hacía “inteligencia” en la región.
Después de la decisión de la JEP, Rojas apeló la decisión a través de su abogada asegurando que los hechos cometidos fueron como integrante de las FARC y no de Los Rastrojos y que fueron en el marco del conflicto armado. De hecho, hay varios testimonios en poder de la Jurisdicción que aseguran que el Frente 48 de las FARC, que integró Rojas, “tuvo alianzas con bandas delincuenciales para el desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico”, se lee en el Auto de la JEP.
A pesar de eso, la JEP se mantuvo firme en que había inconsistencias en la entrevista que le realizaron a Giovanny Andrés y en su proceso penal ordinario. “En la entrevista indicó que él se ocupaba del recaudo de “impuestos” sobre la compra de coca, y no del tráfico de estupefacientes. Mientras que en la justicia penal ordinaria (ante la Fiscalía) aseguró que su rol en la banda consistía en obtener pasta de coca y que esas actividades las ejecutaba con ánimo de lucro personal”.
La decisión final la tomó la JEP el pasado 28 de septiembre de 2022 en la que dejó en firme negar la solicitud de amnistía, nuevamente, argumentando que ante la Fiscalía esos delitos fueron cometidos como miembro de Los Rastrojos y no de la guerrilla, por lo que se salía de su competencia y no era comprobable que hubiesen sido en el marco del conflicto armado.
Sin embargo, la magistrada Sandra Gamboa Rubiano, de la Sala de Amnistía e Indulto fue la única que se opuso a esa decisión y dejó registrado su salvamento de voto. “La razón central de mi disentimiento consiste en la resolución del trámite del señor Giovanny Andrés Rojas, sin que se adelantara un recaudo probatorio suficiente y adecuado para confirmar o descartar una posible actuación conjunta entre las FARC-EP y la estructura delincuencial denominada La Constru o Los Rastrojos. Es decir, para la togada no se puede descartar que la guerrilla haya tenido alianzas con bandas criminales como esa y sus actuaciones hubieran estado en el marco del conflicto.
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Araña aparece en los registros de la Fiscalía como cabecilla principal de los Comandos de Frontera. Según un informe, en poder de este diario, habría llegado a ser el comandante máximo de esa organización desde 2019, luego de la muerte de Édgar Mesías Salgado Aragón, Rodrigo Cadete, en un operativo militar en Caquetá en 2019.