La desesperanza, sinsabor y dudas que genera la ‘paz total’ en los Montes de María

Las Agc o Clan del Golfo tienen el control de varias zonas de la región de los Montes de María. (Foto de referencia)

En la subregión de los Montes de María, que abarca 11 municipios en el Caribe colombiano, hay escepticismo por lo que pueda pasar con la política de ‘paz total’. Mientras los miembros de las Agc (o Clan del Golfo) siguen golpeando pueblos enteros con su violencia y la vida de varios defensores de derechos humanos allí está en riesgo por su rol de liderazgo, hay confusión sobre el modo de proceder del Gobierno para dialogar con actores armados.

Tales son las dudas sobre las formas de intervención del Gobierno que en lugares ferozmente atacados por la guerra, como Macayepo (corregimiento de Carmen de Bolívar) y Chengue (Sucre), ya hay una iniciativa para instalar mesas comunitarias de diálogo en las que juntas de acción comunal y víctimas del paramilitarismo -durante los años del Bloque Héroes de los Montes de María de las Auc- analizarían alternativas para construir paz si el Estado no llega pronto.

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“No estamos siendo llamados ni informados sobre la ‘paz total’. En el conflicto nosotros pusimos los muertos, nos desplazaron y aun así ni nos llaman ni nos tienen en cuenta. Sabemos que delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) han hablado con organizaciones sociales en San Jacinto y Ovejas, pero para tratar la paz de Montes de María es con todos y no unos pocos”, dijo Jorge Luis Montes, presidente de las Asociación Municipal de Juntas Comunales de Carmen de Bolívar.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, desde diciembre de 2022 no han cesado los hostigamientos por parte de las Agc en Carmen de Bolívar, San Jacinto, María la Baja, San Juan Nepomuceno (Bolívar); San Onofre, Ovejas, San Antonio de Palmito, Chalán y Toluviejo (Sucre). Este uno de los motivos para que las comunidades piensen que urgen las negociaciones formales por un cese de hostilidades y por la pacificación en los Montes de María.

Sin embargo, líderes y lideresas sociales consultados por Colombia+20 insisten en que, a pesar del panorama turbio de seguridad, cualquier diálogo real solo sería posible si el gobierno representado por la OACP propone e instala pronto mesas humanitarias de negociación.

“Cuando los señores de las Agc convocan reuniones a lo largo de las veredas y corregimientos, tenemos que asistir. Allí nos han hecho saber que tienen voluntad de hablar con el Gobierno Nacional, pero solo si ellos llegan al territorio con propuestas serias. Las negociaciones de paz nos han enseñado, por obvio que parezca, que nadie negocia estando en la legalidad. Ha habido hostigamientos que nos preocupan, pero si en el fondo el mensaje de quienes atacan es que quieren negociar, pues debemos confiar en que eso va a suceder”.

Esta es una versión de Ciro Canole, un líder social montemariano que se tuvo que desplazar con esquema de seguridad a Cartagena de Indias, al recibir amenazas en su contra por parte de paramilitares en el corregimiento de Macayepo.

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“Recuerdo cuando Rodrigo Mercado Peluffo (conocido en la guerra como Rodrigo Cadena) y sus hombres perpetraron la masacre de Chengue. La gente de allá nos odiaba, porque el líder paramilitar era macayepero y todos pensaban que todos en el corregimiento éramos y pensábamos como él. Con actos de reconciliación esclarecimos todo, nos perdonamos y dejamos las diferencias en el pasado. Eso sucedió porque nos supimos escuchar. Todo acto de reconciliación es posible con eso… pero me duele decir que hasta ahora el Gobierno no ha hecho eso. El comisionado Danilo Rueda pide paciencia y me ha pasado contactos que hacen lo mismo, pero el diálogo con ellos ha sido complejo, sin garantías de nada mientras acá seguimos muertos del miedo”, agregó Canole.

Desde el 1 de enero de este año, un día después del anuncio y salida en falso del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto cese al fuego bilateral con cinco estructuras armadas que nunca se pactó, en Montes de María se han perpetrado hechos violentos que incluso llegaron a la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz.

El pasado 13 de enero, esta instancia del Ministerio Público pidió especial atención sobre una serie de denuncias que llegaron desde 35 zonas rurales en San Onofre, María la Baja y Carmen de Bolívar, epicentros de “despojos de tierras, desplazamientos forzados y confinamientos indefinidos”, como se lee en un documento radicado a la OACP.

Hasta la fecha, según supo Colombia+20, no se ha acatado ninguno de los llamados a reuniones institucionales pedidos por la Procuraduría para evaluar la situación humanitaria en esos lugares de Montes de María.

“Y así como ha salido en varias noticias, eso mismito se vive acá: desplazamientos, extorsiones, panfletos amenazantes y ninguna institución con acciones concretas para frenar eso, intentar negociar o al menos decir estrategias para poner un alto. Hasta el 17 de febrero circuló en calles de los corregimientos Rincón del Mar y Libertad una carta de las Agc amenazando campesinos; eso me incluía y así como voy a creer en una supuesta ‘paz total’ que ni en las sombras se ve. El señor (Danilo) Rueda habla por hablar. Como que le gustan las cámaras y el escándalo, pero no sabe nada de lo que sucede en territorio”, denunció un líder barrial en San Onofre, pidiendo reserva de identidad.

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“No resistimos un disparo más”

La Universidad de Cartagena ha acompañado este año jornadas de Diálogos Sociales sobre Seguridad y Paz Territorial en Montes de María, espacios en los que las comunidades conversan sobre los hechos de violencia que están sufriendo, especialmente por parte de las Agc, a su vez que discuten rutas para intentar salir de la guerra.

“En esos diálogos creemos que si llega el Gobierno a trabajar con credibilidad y veracidad en los territorios todo va a fluir. Sabemos que las Agc les han dicho que están dispuestos a someterse bajo condiciones que desconocemos… entonces que pare ya por favor tanta debilidad de la institucionalidad. No han mostrado unidad de criterio para los Montes de María ni organización. Vengan y se dan cuenta de todo lo que tienen que decir par aportar los cabildos, los consejos comunitarios y los consejos de paz montemarianos. Basta con eso que nos han dicho que si no se avanza en firme con la negociación que hay con el Eln, el resto se puede retrasar; tienen que ver la violencia que sigue estando acá para que sepan que hablamos enserio”, afirmó Jorge Montes.

La activista social montemariana Blanca Victoria Sabagh es otra voz autorizada en materia comunitaria para hablar de lo que sucede con la seguridad de Montes de María. De acuerdo con ella, la informalidad en la construcción de paz que está viviendo su subregión es un catalizador para “normalizar la criminalidad”.

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“Si esperamos a que los consejos territoriales de paz cumplan la función del Gobierno, no quedamos en nada. Los que tienen que negociar son ellos. Aplaudimos la ‘paz total’, pero acá lo vemos como algo lejano. Normalizamos la criminalidad si es la comunidad la que tiene que creer en la buena fe de unas personas que dicen tener la voluntad de negociar; exigimos garantías y un diálogo del Gobierno no solo con los grupos armados, sino con la comunidad, porque acá todos hemos resistido con resiliencia, pero ahora somos voces silenciosas. Ya está bueno de especular. No resistimos un disparo más y necesitamos un Puesto de Mando Unificado para la defensa de quienes defendemos la vida de las comunidades; no contamos ni con eso”, insistió Sabagh.

El comisionado Danilo Rueda ha sido reiterativo desde que surgió la propuesta de ‘paz total’ en que el corazón de esos diálogos y el éxito para que perdure la pacificación depende del actuar en las regiones.

En línea con eso está una lideresa en San Juan Nepomuceno, quien es partidaria de tener paciencia con los procesos de diálogo, pues estos son producto de guerras que han durado décadas y no se van a solventar de la noche a la mañana.

Sin embargo, insta al Gobierno a que retorne a los Montes de María para que se fijen la meta de que una construcción de paz en la subregión vaya más allá de un cese de hostilidades armadas y de una serie de promesas de no repetición.

“En Ovejas, San Juan, San Jacinto hay sistemas de alcantarillado que no funcionan y a los que se les ha invertido mucho dinero. Carmen de Bolívar tiene sistemas de tratamiento de agua que costaron miles de millones de pesos que no funcionan. La gente no quiere vivir con miedo; que vengan y negocien eso, pero también que permitan vivir en condiciones dignas. Ojo, volviendo a las negociaciones, también ha faltado claridad desde el Gobierno para saber a quién delegan para negociar; se necesitan certezas”, sintetizó la lideresa.

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La OACP ha hablado en las últimas semanas de la probabilidad de que se instalen en los Montes de María encuentros ciudadanos por la paz. La información para difundir eso no ha sido clara para los líderes sociales allí y aunque se sienten vulnerables y al margen de los intereses que se tengan para frenar la violencia en sus comunidades, creen que la paz puede llegar antes de que se siga derramando tanta sangre.

Hasta que eso suceda de lleno, las dudas y los llamados de atención de las comunidades al Gobierno serán algo recurrente en una zona del país que entre accionar de paramilitares, guerrillas y Estado dejó un saldo de 158.000 víctimas acreditadas, según la Comisión de la Verdad.

“El comisionado Rueda ha mostrado en Montes de María que es puro ‘tilín tilín y nada de paletas’, como decimos acá. Es un hablador que no intermedia por nosotros ni para mejorar esquemas ni para cuestiones también urgentes como sentarse con los armados en la región para que dejen de cometer crímenes. La ‘paz total’ también va a llegar con inversión social, con crear y adecuar espacios llamativos y productivos para quienes viven en estos municipios. El mensaje es claro: con eso solo queremos paz y tranquilidad”, concluyó Ciro Canole.