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Gustavo Petro llegó a la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto, y desde ese mismo momento echó a caminar la iniciativa que es el pilar de su gobierno: la “paz total”. El mandatario ha puesto el acelerador para que su búsqueda de acabar con el conflicto armado en Colombia se materialice y, al menos en sus 100 primeros días de administración, ha logrado que su apuesta avance a pasos agigantados. Con la reforma de la Ley de Orden Público (418 de 1997), que lo faculta para adelantar negociaciones con distintos actores armados, se espera, por lo pronto, que se instale oficialmente la mesa de diálogo con el Eln, guerrilla que fue la primera en montarse al bus de la paz de Petro.
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Durante el arranque del período del primer presidente de izquierda progresista en la historia de Colombia, la iniciativa de “paz total” ha puesto a la sociedad civil en el centro de la apuesta, entendiéndola como víctima y principal conocedora de la guerra. El recorrido que ha hecho hasta ahora ha estado rodeado de constantes encuentros entre el Gobierno, el Legislativo, distintos actores armados y las comunidades, llegando incluso a llamar la atención internacional por lo ambiciosa que resulta la idea. Aunque el mandatario ha logrado hasta el momento conectar a gran parte de sectores con su visión de paz, lo que le facilitó el camino, al menos para moverse en el Capitolio le esperan una serie de pasos para que su estrategia tenga realmente forma.
El Gobierno anunció que antes de que finalice este mes de noviembre los diálogos formales con el Eln se reanudarán, pues esa guerrilla “ya tiene listo su equipo negociador”, según manifestó el mismo primer mandatario. Mientras se concreta el lugar donde estará instalada la mesa, que al parecer será La Habana, otros actores armados se siguen sumando a la idea de la “paz total” y ya son más de cinco grandes grupos, dentro de los cuales están el Clan del Golfo, la Oficina, los Caparros y los Pachencas. La heterogeneidad de los actores armados es lo que, dentro de otras cosas, significará el mayor reto para el Gobierno a la hora de ofrecerles salidas al conflicto. Es allí donde entrará un factor clave para que además de que haya paz, haya justicia: una ley de acogimiento.
En diálogo con este diario, juristas que asesoran al Gobierno y al Congreso para la construcción de una ley de acogimiento manifestaron que la ruta más acertada es la de trabajar sobre lo que ya existe y modificarlo para que funcione. Uno de los abogados que habló con El Espectador es el penalista Mauricio Pava, quien sostiene que “la ‘paz total’ debe tener respaldo en una arquitectura jurídica creativa, novedosa, sin atajos”. El reto, recalcan los distintos asesores de las dos ramas del poder, será que la ley que presenten para materializar la “paz total” logre recibir a todos los actores armados con sus diversas complejidades y, asimismo, poder clasificarlos para que se pueda administrar justicia.
El senador Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Paz del Senado y quien ha estado al frente de la “paz total” en el Legislativo, aseguró que la presentación de una ley de acogimiento “tendrá lugar en las próximas semanas, antes de que finalice el período legislativo”. El congresista, además, explicó que lo que “se quiere evitar al máximo es la creación de nuevas jurisdicciones y enfatizar en cómo poder agilizar procedimientos judiciales. Sobre esa base se está viendo cuál es el camino más adecuado dentro de la justicia ordinaria”. Como el objetivo es negociar, y eso lo tienen claro tanto el Gobierno como los actores armados, la ley lo que buscaría sería “a manera de poder hacer que ciertos beneficios que ya existen, no unos nuevos, se puedan hacer efectivos, sin que haya tal cantidad de obstáculos como los que hay hoy”.
Para un exjefe negociador de paz con las ya desmovilizadas Farc, el ahora senador Humberto de la Calle, quien se ha mostrado con dudas sobre la apuesta, lo primero que se debe hacer para que la “paz total” realmente funcione es cumplir los acuerdos del pasado. “Sería inconcebible una ‘paz total’ si se echa al olvido lo ya logrado”, manifestó el legislador, aclarando que, aunque ha tenido reparos en la forma en la que ha avanzado la iniciativa de Petro, mantiene la expectativa favorable “de que el Gobierno triunfe con esto”. Sobre la ley de acogimiento, De la calle vaticina que hay que tener claro que “falta la ley de sometimiento, que puede ser la más difícil, y estamos a la expectativa de que sea realmente justa con las víctimas”.
Sobre la mesa continúa el debate sobre a qué grupos se les permitirá una negociación y a cuáles se les brindará la posibilidad de someterse a la justicia, pues de acuerdo con los juristas asesores del Gobierno, no se pueden dar las mismas garantías y condiciones a grupos de origen político, como las guerrillas, que a las bandas criminales, que usan la violencia para enriquecerse. De la Calle, desde su experiencia, concuerda con los abogados y considera que la ley que se presente debe es modificar la justicia ordinaria y que el Gobierno y el Congreso lo que deben hacer es “señalar las líneas normativas generales, pero cada negociación en concreto, en términos de sometimiento, me parece que la debe hacer la Fiscalía, que es la que además tiene la mayor información sobre cómo operan esos grupos armados ilegales”.
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Que el éxito que va mostrando la iniciativa del presidente Gustavo Petro continúe -señala el exnegociador en Cuba- lo tiene el Gobierno en las manos, pues según él, “los mangos bajitos en cuestiones de paz estarían en la implementación acelerada del Acuerdo logrado en La Habana con las Farc”. Para De la Calle, lo que se hizo en 2016 es el insumo fundamental en el que “hay unas metas que además se proyectarían a las demás acciones del actual Ejecutivo en materia de ‘paz total’”.
Aunque que la parte jurídica que se espera llegue a las puertas del Congreso antes de que finalice el primer período legislativo es vital, no es la única ruta que tiene la “paz total” para coger forma. El senador Cepeda asegura que esta iniciativa es tan amplia y ambiciosa, que requiere otras bases que la acompañen, además de la ley de acogimiento. “Hay otra dimensión que es tal vez más importante, y es la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y lo que viene aconteciendo en materia de reforma rural integral”, asegura. Y concluye con firmeza: “Si logramos revertir la situación que hay en el campo, es evidente que vamos a tener un resultado significativo en cuanto a la disminución de la violencia, así que la implementación de la reforma rural es un eje fundamental de la ‘paz total’”.