Personeros municipales denuncian que trabajan bajo amenazas y sin presupuesto

IX Asamblea Nacional de Personerías que se desarrolló en 2019.

Foto: Pablo Rodriguez Martinez

En noviembre de 2019, el país se enteró de que siete víctimas de un bombardeo del Ejército Nacional, en Caquetá, eran menores de edad. Las primeras denuncias sobre este hecho fueron realizadas por el personero del municipio Puerto Rico, Herner Carreño, quien conocía de primera mano lo que había pasado en el territorio y antes del hecho comunicó al Ministerio de Defensa sobre el reclutamiento forzado de niños y niñas en el departamento. Después de sus declaraciones, el funcionario fue amenazado.

Las personerías municipales y distritales tienen el deber constitucional de salvaguardar los derechos humanos, proteger el interés público y vigilar a las autoridades locales. De hecho los personeros y sus despachos tienden a ser el primer recurso, la primera parada, en la ruta de atención a la ciudadanía, principalmente, a las víctimas o las personas cuyos derechos han sido vulnerados. Pese a hacer parte del Ministerio Público, junto a la Procuraduría y la Contraloría, las personerías atraviesan un momento crítico: el presupuesto no aumenta, a pesar de que cada día son responsables de más funciones, y casi el 60 % tuvo recortes de sus presupuestos durante el 2020, según el registro que lleva la Federación Nacional de Personerías (Fenalper).

Como si fuera poco, los personeros han sido el blanco de amenazas, desalojos y algunos han sufrido intimidaciones por parte de funcionarios públicos, a quienes les hacen control político.

En Colombia hay 1.103 personerías asociadas a Fenalper. Esta federación cuenta con apoyo de la cooperación internacional como la Unión Europea y la Embajada de Suecia. Esta última ha resaltado el papel de las personerías como “fundamental para promover la construcción de paz y generar confianza entre las instituciones estatales y la ciudadanía”. De hecho, esta figura del personero existe en la constitución sueca desde 1809; se le llamó “ombudsman” al encargado de garantizar los derechos de los habitantes de manera independiente a los poderes tradicionales.

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Para conocer su situación actual y por qué están pidiendo soluciones estructurales, Colombia 2020 habló con tres personeros, quienes trabajan en el Valle del Cauca, Boyacá y Norte de Santander. Prefieren no revelar su identidad por temor a represalias en su contra, pero narraron cómo es encabezar las personerías en medio del conflicto armado, la ausencia estatal y la pandemia.

“Es imposible nombrar todas las funciones que tienen las personerías, pero a grandes rasgos son cuatro: la primera y más importante es la defensa de los derechos humanos. La segunda es el control de los servidores públicos a nivel municipal. La tercera es la intervención para la garantía de las partes en distintos procesos civiles o disciplinarios. También, transversalmente, atienden a las poblaciones más vulnerables entre todas ellas víctimas del conflicto armado, desplazados y población migrante. Y así. con todas estas funciones, los presupuestos son muy escasos y en especial a una personería de sexta categoría”, asegura Jesualdo Arzuaga director ejecutivo de Fenalper.

Arzuaga se refiere a la categoría del municipio. La Ley 146 de 1994 dicta las normas para descentralizar el poder local y allí se categorizaron según el número de habitantes. A los que tienen una población igual o inferior a 10.000 habitantes se le considera de sexta categoría; estos representan el 88 % de todos los municipios del país. De ahí en adelante siguen aquellos con rangos más altos hasta la categoría especial, que cuenta con más de 500.000 habitantes.

Lo cierto es que los municipios de sexta categoría han sido algunos de los más golpeados por el conflicto armado, como El Bagre, Caucasia, Cáceres (en Antioquia); Cartagena del Chaira, San Vicente del Caguán (en Caquetá); Caldono, Corinto o Santander de Quilichao (en Cauca); Tumaco (Nariño); Sardinata (Norte de Santander, zona del Catatumbo), y Arauquita o Saravena (en Arauca). Territorios donde converge el conflicto armado, el cultivo de coca, la disputa por las rutas del narcotráfico y reclutamiento.

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Para estos municipios el presupuesto anual tiene un máximo de 150 salarios mínimos legales vigentes, es decir, a 2021, cerca de 136 millones de pesos. Con esto se podría decir que se destinan solo 13.000 pesos por habitante para garantizarles sus derechos, pero este monto es mucho menor pues las personerías deben pagar salarios, seguridad social, transporte y demás gastos administrativos.

“Especialmente para nosotros los personeros de municipios de cuarta, quinta o sexta categoría es muy difícil. Los recursos son insuficientes para el desempeño idóneo de nuestras funciones. Muchas veces ni alcanzamos a cubrir todas las acciones que nos compete porque no hay personal humano, y en algunos casos no hay ni internet. Se han visto circunstancias bastante lamentables”, denuncia uno de los personeros entrevistados para este artículo.

La Federación asegura que se han presentado proyectos de ley para fortalecer a las personerías, especialmente, a las que tienen menos recursos disponibles y población más vulnerable en sus territorios para atender. “Pero todos se han caído, no hay voluntad política de cambiar estructuralmente esta situación, como nosotros no tenemos plata para estar haciendo lobby con los congresistas... Los proyectos para reformular el presupuesto de las entidades que hacen presencia en todos los municipios del país como garantes de derechos humanos no dan votos, y ¿cómo por qué les va a convenir a ellos fortalecer a una entidad que le hace control y veeduría a los alcaldes?”, dice otro de los personeros.

Y ahí radica una de las aristas del problema. Así lo relata otro personero: “Nosotros venimos desde hace cinco años siendo escogidos por un concurso de méritos. Al no tener ninguna vinculación con la Administración hemos llegado personeros a distintos municipios que no pertenecemos y eso ha generado una apatía total contra el desempeño de nuestra función. A lo que voy con esto es que anteriormente los alcaldes y los consejos montaban personeros de su misma linea política y las personerías eran, digamos, como una secretaría más de la alcaldía, porque no se cumplía realmente con la función de control”.

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“En estos momentos nos encontramos con casos como el del Valle del Cauca y Bolívar, en el que un alcalde le empezó a pedir la oficina al personero, a desalojarlo, porque necesitaba montar allí la Comisaría de Familia, situación que de alguna u otra manera ataca la función de la personería y su autonomía”, añade.

Y lo que manifiestan los personeros es que “el tema se ha agravado en la medida en que sacan y sacan nuevas leyes y nos van imponiendo nuevas funciones, pero nada se habla del presupuesto. Porque no son las mismas funciones que tenían las personerías hace 20 años como las de ahora, y ahí seguimos con los mismos 150 salarios mínimos, porque si usted se da cuenta nuestro presupuesto depende de un salario que no aumenta ni un 4 % al año. Es muy triste que uno acá no tenga a veces ni con qué comprar una resma de papel”.

El problema presupuestal es una parte, pero aquí también se debate la vida. A la fecha, desde 2008, la Federación de Personerías ha registrado siete asesinatos a personeros municipales. Y al menos el 10% de los funcionarios actuales ha recibido amenazas en contra de su vida e integridad personal, algunas han derivado en atentados.

Algunos de los ejemplos de esta realidad son: el caso del personero de San Cayetano (Norte de Santander), quien recibió varios impactos de arma de fuego; la renuncia que tuvo que presentar el personero de Milán (Caquetá) ante el desmonte injustificado de su esquema de protección; los personeros de Peque y Andes (Antioquia), quienes fueron desplazados de los municipios donde ejercían sus funciones a causa de amenazas, y el más reciente atentado ocurrido el 6 de marzo del 2021 contra el personero municipal de San Diego (César) a quien le impactaron la camioneta con arma de fuego.

La información reseñada hasta ahora fue entregada de manera detallada a Margarita Cabello, procuradora de la Nación. Además, la Federación tuvo una reunión donde pudieron relatar la situación actual al viceprocurador, Antonio Emiro Thomas, quien fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Los personeros esperan que dándoles a conocer sus solicitudes a las otras ramas del Ministerio Público (Contraloría y Procuraduría), se dé por fin la relevancia a sus peticiones y resuenen, tal vez, “en la capital o en las esferas de poder donde se toman las decisiones”.

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