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“Salimos de unos acuerdos de paz donde en el punto cuatro se habla de la sustitución de cultivos de uso ilícito, y antes de hacer una erradicación forzada tiene que haber un preacuerdo, una socialización con los cultivadores de hoja de coca”, se queja al otro lado del teléfono Juan Hincapié, un líder campesino que ha acompañado la movilización cocalera en cuatro municipios del sur de Bolívar.
Desde el 13 de marzo los cocaleros habían realizado la primera reunión con el gobierno nacional en Simití, con presencia de los alcaldes de Cantagallo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, delegados del Ejército y la Policía, así como 2.500 campesinos cocaleros que se concentraron en el patinódromo del pueblo para rechazar los operativos de erradicación y exigir que se cumplan los acuerdos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, más conocido como PNIS.
La inconformidad de los campesinos proviene de las prácticas extorsivas que, según ellos, realizan los agentes antinarcóticos, que cobran para no tumbar las matas de coca en medio de los operativos, según contó a Colombia+20 un líder campesino de la región.
El PNIS ha sido un “costoso fracaso”, en palabras de organizaciones como Dejusticia, que han hecho seguimiento a su implementación a lo largo del país, pero ese fracaso está costando una fuerte escalada de violencia en el sur de Bolívar. El programa comenzó mal desde que dejó por fuera a las comunidades de Simití, que no acabaron inscritas por falta de garantías de seguridad. En total quedaron 1.173 familias inscritas en Santa Rosa del Sur, 998 en San Pablo y 583 en Cantagallo, que firmaron los acuerdos de sustitución y arrancaron sus plantas de coca.
De esto dan fe los propios datos de la Undoc que reportaban en el informe ejecutivo número 23, con corte al 31 de diciembre de 2020, que las familias habían erradicado voluntariamente 2.036 hectáreas de coca, asumiendo con su compromiso. En el mismo informe puede leerse que el porcentaje de cumplimiento de las familias fue del 100%.
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El 24 de marzo pasado las comunidades de las veredas Patio Bonito y El Diamante se concentraron en una protesta pacífica para rechazar un operativo de erradicación forzada que la Policía Antinarcóticos llevaba a cabo en sus parcelas sin concertarlo con la comunidad.
Patio Bonito es una vereda de San Pablo y El Diamante está en jurisdicción de Cantagallo, son caseríos cercanos y vecinos en dos de los municipios del sur de Bolívar, donde se calculaban más de 4.000 hectáreas de cultivos de coca al cierre de 2020, de acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (Undoc, por sus siglas en inglés).
El operativo del 24 de marzo acabó en un choque brutal entre uniformados y campesinos luego de que los efectivos de la Policía Antinarcóticos retuvieran a uno de los cocaleros y se lo llevaran en un helicóptero para un cerro al frente de donde se desarrollaba la protesta.
Sobre esto consultamos a la dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Magdalena Medio, que tiene jurisdicción en la zona, pero declinaron pronunciarse y agregaron que cualquier información sería aportada por la Dirección de Antinarcóticos, que es la responsable de los operativos de erradicación, o por el Ejército Nacional, que hace presencia en las zonas rurales. También contactamos a la oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Dirección de Antinarcóticos, pero al cierre de la edición no habían contestado a las llamadas ni los mensajes.
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“La comunidad se fue masivamente a no dejar arrancar sus matas y la policía empezó a tirar gases lacrimógenos y aturdidoras”, explica Hincapié: “La comunidad se indignó porque la Policía Antinarcóticos y el Esmad detuvieron un campesino y todo el que llegaba era a darle pata, a darle palo”, asegura Hincapié.
Un centenar de campesinos se fueron en contra de los policías y la respuesta de aquellos fue disparar hiriendo a un muchacho en un brazo. Aquello desató la ira de los cocaleros, que retuvieron 11 uniformados durante varias horas, hasta que lograron detener el operativo de erradicación.
Si bien las familias inscritas al programa cumplieron con su parte del acuerdo, no ocurrió lo mismo con los compromisos que el Estado suscribió con los cocaleros. “Lo único que se entregó fue el subsidio alimentario de $12 millones, que lo consignó Fondo Paz directamente, pero con retrasos”, asegura una fuente cercana al PNIS en la zona, explicando que múltiples cambios de operadores, sumados a irregularidades administrativas y a la consabida “desfinanciación” del programa, acabaron por echar al traste con él. El propio exconsejero para la Estabilización, Emilio Archila, ha declarado en varios escenarios que el programa nació sin recursos y por eso es difícil implementarlo.
“En los acuerdos decía que debía haber prioridad para organizaciones en los territorios, eso no se está cumpliendo, tampoco los honorarios para los profesionales. Cómo no va a estar desfinanciado si los recursos del Fondo Paz los usaron en otros programas”, asegura esta fuente citando un ejemplo conocido: la plata que el gobierno nacional tomó del Fondo Paz para financiar programas como “Generaciones Sacúdete con Bienestar”, del ICBF, que no tienen nada que ver con lo pactado en los Acuerdos de La Habana. “Llevan más de un año haciéndole visitas a la gente, firme y firme cosas, y no se les entrega nada”, concluye este beneficiario del PNIS.
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Esto lo reconoce incluso el mismo gobierno. “Para el año 2018 a corte del mes de julio, el Programa había formulado un proyecto de inversión por suma de $456.152.658.520. Recursos que luego del cambio de gobierno aún no habían sido asignados por el Departamento Nacional de Planeación y que no eran suficientes para satisfacer los compromisos con las familias vinculadas”, puede leerse en el informe de avances del PNIS de enero de 2021: “la brecha entre recursos asignados y recursos necesarios llevó a que se incrementaran los retrasos en la ruta de intervención del Programa”.
Tras el fracaso de las mesas negociadoras en Simití el 13 de marzo y un par de semanas más tarde en Barrancabermeja, hasta donde se desplazó el ministro del interior Diego Palacios, los operativos de erradicación continuaron y también los choques con los cocaleros. “Ellos dicen que no tienen facultad para suspender las erradicaciones, que es una política del gobierno nacional”, asegura Juan Hincapié desde San Pablo.
El 12 de abril el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía arremetió nuevamente contra la comunidad de Patio Bonito, entre San Pablo y Cantagallo, hiriendo a varios campesinos y destruyendo sus carros, motocicletas y enseres. Y el 22 de abril, mientras hacíamos las entrevistas para este artículo ocurrían nuevos enfrentamientos en San Joaquín, otra vereda de la zona.
Todo esto ocurre en medio de la tensión extrema de la zona, donde las Agc o Clan del Golfo se han reposicionado copando espacios antes controlados por el Eln, mientras un grupo de las llamadas disidencias apoyado por Gentil Duarte se ha rearmado en la zona alta de Cantagallo.
“El gobierno no ha sido capaz de cumplir ni con las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), ni con el Programa de Sustitución, cinco años después han cumplido solamente con el 20%, muchos que voluntariamente decidieron sustituir sus cultivos se han visto en la necesidad de sembrar coca nuevamente”, denuncia Juan hincapié: “El gobierno lo que debe hacer es cumplirle a las comunidades y no incrementar la guerra, el escalamiento del conflicto lleva a esos extremos, hasta allá es donde el gobierno quiere llevar a la gente, ¿Para qué? Para poder justificar las acciones que hizo en Putumayo y que está haciendo en otros lados”, concluye.
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