Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El corregimiento de Pueblo Bello, en el municipio de Turbo (Antioquia), fue uno de los más afectados por la arremetida paramilitar que entre 1988 y 1990 dejó 200 víctimas fatales. El pequeño municipio bananero del Urabá vivió bajo el control de Fidel Castaño, jefe de Las Tangas, quien el 14 de enero 1990 ordenó matar a 43 campesinos por sospechar que le habían robado unas vacas. Así el municipio se convirtió en uno de los más representativos de la guerra y ahora lo es también del posconflicto.
“Históricamente estas poblaciones han estado aisladas y olvidadas por el Estado. Esto ha causado falencias en seguridad, educación e infraestructura”, explica Alejandro Abuchar, alcalde de Turbo. Este olvido hizo que por 20 años, desde que una avalancha derrumbó un puente entre Turbo y el municipio de San Pedro, los niños y agricultores de la zona tuvieran que arreglárselas con poleas y cuerdas para pasar el río.
Esa es una de las razones por las que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en alianza con la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, el Ministerio del Trabajo y el Servicio Público de Empleo, decidió financiar la reconstrucción de ese puente colgante que conecta la vereda Galilea (en Turbo) con las 500 personas que viven al otro lado del río San Juan, en San Pedro de Urabá. Decenas de habitantes de la zona donaron sus horas de trabajo para construir el puente y poder transportar sus cosechas, llevar los niños al colegio y visitar a sus vecinos sin riesgo de ahogarse. Ahora que tienen la conexión, los agricultores empezaron a sacar 40 mulas semanales de plátano, 800 kilos quincenales de cacao y 20 mulas cargadas con madera. Esto, según cifras del Pnud, hizo que la comunidad recibiera $120 millones mensuales más que antes.
Como ese puente hay muchas otras obras urgentes, añade Abuchar. Él, aunque celebra la construcción, reclama vías terciarias que conecten a la zona rural con la cabecera municipal y un puerto para sacar el banano, el cacao, el caucho y el arroz que crece en las veredas para venderlo a precios más competitivos en los mercados nacionales e internacionales. “También tenemos que ponernos la pilas a combatir las Bacrim porque ¿de qué nos sirve tener un puerto si está controlado por actores armados? No queremos otra Buenaventura”.
A la luz de las necesidades departamentales y municipales, la inauguración del puente parece insignificante. Sin embargo, para los habitantes del corregimiento es una muestra de que el Estado y la comunidad internacional se acuerdan de ellos. Significa un pequeño paso hacia el posconflicto. Así lo explica Luis Miguel Lozano, quien cultiva aguacates en la vereda Isaí, del municipio de San Pedro. Él y su esposa llevan 25 años viendo en la zona y “conocen la guerra al derecho y al revés”. Durante sus 76 años de vida ha vivido masacres, avalanchas, desplomes de tierra “pero algo que nunca creí ver es este puente reconstruido. Antes pensaba vender la finca para dejar de pasar tanto trabajo, ahora creo que hasta sería mejor dejársela a mi nieto”.
La construcción del puente sirvió como piloto para demostrar que es posible planear y ejecutar los proyectos de la mano de la comunidad. Con ese enfoque se creó el programa Manos a la Obra Por la Paz que, en su etapa inicial, contratará a 1.200 personas para construir puentes, vías terciarias y arreglar colegios verdales en 42 municipios afectados por el conflicto. La misma comunidad elegirá las obras que más necesiten y se encargará de administrar los recursos para que se lleven a cabo. El siguiente reto, explica Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, es sistematizar la estrategia para terminar 1.000 obras de infraestructura veredal antes de acabar 2016.
Pero todos estos proyectos deben estar respaldados por un fuerte trabajo social y político, “porque más ingresos o más carreteras no necesariamente significarán una mejor calidad de vida”. A esa conclusión llegó Yesenia Luna, una de las líderes del corregimiento de Pueblo Bello. Ella se ha esforzado por impulsar una cooperativa de agricultores que ayuda a vender los productos a un mejor precio y además inició una fundación que educa en derechos humanos y proporciona actividades recreativas a los niños y jóvenes de la zona. “Yo fui desplazada en dos ocasiones y crecí en medio de la violencia, eso me motiva a trabajar para que no se repita. Ya sea que lo de La Habana se firme o no, o que la ayuda del Estado llegue o no, aquí seguiremos trabajando por vivir tranquilos”, concluye Yesenia.