El regreso del ‘Negro Cristian’ detona el terror en el Bajo Cauca

Líderes del Bajo Cauca antioqueño denuncian la reconfiguración de la violencia en el marco de un encuentro con la Comisión de la Verdad.

Foto: cev

Débiles e insuficientes han sido las respuestas institucionales ante los riesgos alertados por la Defensoría del Pueblo desde 2018 en el Bajo Cauca Antioqueño. Esa es la conclusión de un grupo de oficios de consumación del riesgo en los que, en pocas palabras, la Defensoría le demuestra al Ministerio Público que todas las advertencias del posible incremento de violencia hechas en la alerta temprana 045 de 2020 se han cumplido y acrecentado durante 2021 y 2022.

Colombia+20 tuvo acceso a nueve de 24 de estos documentos, que entre septiembre de 2020 y julio de 2021 recogían más de 22 homicidios, 2 masacres, 11 desplazamientos masivos, además de amenazas, reclutamiento forzado y contaminación por minas antipersonal en la zona, e insistían en la necesidad de tomar acciones urgentes para proteger a la población. El escenario de violencia se debe a la reconfiguración de las Agc o Clan del Golfo y el Bloque Virgilio Peralta Arenas, conocido como Caparrapos o Caparros y su disputa por el control del territorio, sumada al dominio territorial del Eln y la presencia de facciones disidentes de las antiguas Farc.

En las últimas semanas, sin embargo, a esa confrontación se sumó el retorno al territorio de Claudio Alonso Marulanda Hurtado, conocido como el ‘Negro Cristian’, líder de los Caparros, que ahora se hacen llamar “Los del Bajo”. ‘El Negro Cristian’ fue capturado en noviembre de 2019 pero quedó en libertad por vencimiento de términos en uno de los cinco procesos que la Fiscalía lleva en su contra.

El terror retornó a El Bagre con el ‘Negro Cristian’

El efecto de su retorno se sintió en particular en el municipio de El Bagre, donde según el personero municipal, Juan Gabriel Rodríguez, 17 personas fueron asesinadas en el último mes, con lo que se completan 36 asesinatos en lo que va del 2022, el mismo número de asesinatos que se registraron en todo 2021. “Hace una semana (el 2 de septiembre) hicimos una marcha para pedir que nos protegieran nuestros derechos y exigir justicia por el asesinato de tres jóvenes que mataron el 22 de agosto, pero desde ahí la violencia fue peor”, señaló María*, una lideresa de la zona.

Durante cinco días el pueblo volvió a sentir terror: el sábado 3 de septiembre fue hallado un hombre decapitado en la vereda El Perico; el domingo 4, otra persona fue asesinada. Ese fin de semana, la comunidad denunció también el homicidio y desmembramiento de dos mujeres y la Personería tuvo que sacar a 10 jóvenes del municipio para prevenir su reclutamiento. El lunes 5 se dio un consejo de seguridad tras el que Gobernación, Ejército y Policía ofrecieron 100 millones de pesos por información sobre ‘El Negro Cristian’ y hasta 20 millones de pesos por información de otros cabecillas y miembros de las estructuras Los del Bajo y Clan del Golfo. Ese día en horas de la tarde, hubo una amenaza de bomba en la Institución Educativa La Esmeralda, en el casco urbano de El Bagre, y un estudiante de grado 11 fue asesinado en el corregimiento de Puerto López.

Aunque en la zona prefieren no nombrar al ‘Negro Cristian’ por temor a represalias, le atribuyen este pico de violencia porque ya desde antes de su captura en 2019 era conocido por la sevicia de sus acciones. Según un investigador del conflicto en la zona, el ‘Negro Cristian’ hizo parte del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia, luego de las Agc y entró a los Caparros cuando este grupo estaba disminuido por el actuar de la Fuerza Pública.

A principios de junio de 2021, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que podía “asegurarle a Colombia que Los Caparros llegó a su fin”, versión que fue rápidamente desmentida por las organizaciones y por la reconfiguración de ese grupo. “Actualmente el ‘Negro Cristian’ es quien comanda un reducto de ese grupo que ahora se hace llamar Los del Bajo, que tiene aproximadamente 50 hombres. La mayoría es gente de El Bagre y Cuturú que trabajó con el BCB y tienen su sede en Cuturú (Caucasia) y Puerto Jobo (Zaragoza), desde donde salen hacia El Bagre”, añade el investigador.

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Una vez regresó a Cuturú, las Agc asesinaron a dos de sus hombres, conocidos como ‘Chicharrón’ y ‘Pablito’ y ‘el Negro Cristian’ empezó a tomar represalias en el casco urbano de El Bagre.

Para Carlos Andrés Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC), la Fiscalía debe responder por esta liberación. “En su momento, se ofrecieron 280 millones por su captura y lo capturaron. Ahora sale por vencimiento de términos. ¿Cómo es que por vencimiento de términos sale un hombre al que todo el mundo le tiene miedo? Hay que preguntarse por la justicia. La justicia lo soltó. Lo que en este momento generó un detonante de violencia”, señala.

Desde la oficina de prensa de la Dirección Especializada contra organizaciones criminales de la Fiscalía, en donde está el caso del ‘Negro Cristian’, respondieron que esta no es su competencia, sino de la judicatura, porque las órdenes de libertad o privación de libertad las concede el juez que lleva el caso. Pero, dice Zapata, “el vencimiento de términos lo decreta un juzgado porque la Fiscalía no ha hecho su trabajo en el tiempo que dispone. La responsabilidad es de la Fiscalía”.

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María insiste en que esta ha sido una situación alertada año tras año por la comunidad. “Ha sido una semana muy complicada. El pueblo sigue en una calma falsa. Todo lo que pasó esta semana es consecuencia de que pese a las alertas, las instituciones nos dejaran abandonados”, denunció. Y recordó que, tal y como lo documentó este medio, la comunidad lanzó llamados de SOS en 2020 y 2021 en encuentros con la Comisión de la Verdad. “Pero como no ha habido respuesta de nuevo se están viendo las consecuencias”, dice.

Zapata, del IPC, insiste en el llamado: “Que el Gobierno Nacional ponga los ojos en El Bagre, la situación es muy compleja y se necesita un Puesto de Mando Unificado que permita la protección de la población civil que está muy afectada en el territorio”.

La Defensoría lo ha dicho una y otra vez

Los llamados de la comunidad se suman a la ya mencionada Alerta Temprana 045 de 2020 y a los 24 oficios de consumación del riesgo con los que la Defensoría reiteró la materialización de las advertencias que hizo en esa y en otras cinco alertas de 2018 y 2019. En todos ellos, la entidad hace un recuento de los homicidios, masacres, desplazamientos forzados, patrullajes armados y la intimidación a la población para dar información sobre movimientos de grupos contendores que continúa padeciendo esta subregión pese a los múltiples llamados de atención.

Los oficios son contundentes. “Desde la emisión de la Alerta Temprana el 30 de agosto de 2020, en el Bajo Cauca no sólo se han presentado conductas que vulneran y afectan individualmente a la población, sino que además, se han presentado múltiples hechos con consecuencias humanitarias de carácter colectivo que profundizan el temor generalizado en la población y dejan en evidencia que las respuestas institucionales ante las recomendaciones contenidas en la AT de la Defensoría del Pueblo, siguen siendo débiles y no se ha avanzado como se debiera en las garantías materiales para el goce efectivo de los derechos humanos en estos territorios”, se lee en el documento entregado el 28 de diciembre de 2020, cuatro meses después de la alerta.

Ese documento en particular es crítico con el enfoque militar en la respuesta del Estado. “Resulta evidente de acuerdo con lo señalado, que el escenario de riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo persiste a pesar del fortalecimiento de las tropas del Ejército en el Bajo Cauca y del despliegue de acciones militares desplegadas en la zona, como la llevada a cabo el 16 de noviembre en la vereda La Unión en el corregimiento Puerto Antioquia del municipio de Tarazá en la que fue dado de baja Emiliano Alcides Osorio conocido con el alias de “Caín”, señalado de comandar el Bloque Virgilio Peralta Arenas conocidos como Caparrapos o la captura de otros dos presuntos integrantes en el municipio de Cáceres a finales de noviembre”, añade. Esto mismo estaría pasando con el retorno del ‘Negro Cristian’ al territorio.

“El consejo de seguridad del lunes pasado nos dejó varias preocupaciones: siguen usando la misma estrategia de poner un cartel de los más buscados sin foto, informan de una recompensa para quienes den información e incrementan el pie de fuerza. Pero no vinculan de manera directa las acciones que debe implementar la Fiscalía General de la Nación para someter a esas personas a la justicia. No hay acciones de prevención”, señaló Óscar Zapata, quien ha hecho seguimiento a esta subregión primero desde el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y ahora desde la Fundación Sumapaz.

En el oficio entregado el 10 de septiembre de 2021, la Defensoría le reclama al Ministerio del Interior que ya son 10 llamados a cumplir las recomendaciones. “Luego de emitida la mencionada advertencia, hemos debido enviar a su despacho un total de diez (10) oficios de consumación incluyendo la presente comunicación, dando cuenta de la consumación de los riesgos que la Defensoría del Pueblo señalaba en agosto de 2020 y que obedecen a la disputa territorial que sostienen las autodenominadas Agc y el Bloque Virgilio Peralta Arenas conocidos en el territorio como Caparrapos, el Eln y las facciones disidentes de las Farc-Ep”, dice.

Según Zapata, en la actualidad van 24 oficios que demuestran que no ha sido por falta de advertencia que las autoridades no han actuado: “Las autoridades han estado informadas del escenario de riesgo y no han hecho nada. Ha habido omisión de la Gobernación de Antioquia, de las autoridades locales y de la Fuerza Pública a pesar del llamado realizado por la Defensoría del Pueblo al Ministerio Público y eso permitió que se recrudeciera la violencia en esta zona”. La preocupación ahora es que la crisis se agrave. “Tememos que el escenario se complique. El Bagre limita con Segovia, Zaragoza y Caucasia. Esa es una zona de alta confrontación y sin presencia realmente efectiva del Estado. Los grupos armados son amos y señores de este territorio”, sentenció.