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Sentimos que todo el movimiento está bajo ataque: líderes negros de Cauca

Ayer se celebraron los 168 años de la abolición de la esclavitud. Hablamos con cuatro líderes afro quienes se reunieron con el presidente Iván Duque. Hacen un balance de la reunión, piden protección y denuncian que el racismo persiste.

Nicolás Sánchez Arévalo / @ANicolasSanchez
22 de mayo de 2019 - 11:26 p. m.
Carlos Rosero, de la coordinación nacional del Proceso de Comunidades Negras, Paola Andrea Ararat, del Consejo Comunitario Cuenca del Río Aguablanca La Alsacia, Yisela Rivera Castro, representante legal del Consejo Comunitario Barranco Guengué de Corinto, y  Víctor Hugo Moreno, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca./ Diego Cuevas.
Carlos Rosero, de la coordinación nacional del Proceso de Comunidades Negras, Paola Andrea Ararat, del Consejo Comunitario Cuenca del Río Aguablanca La Alsacia, Yisela Rivera Castro, representante legal del Consejo Comunitario Barranco Guengué de Corinto, y Víctor Hugo Moreno, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca./ Diego Cuevas.

Tras el atentado que sufrieron, el pasado 4 de mayo, 16 líderes del movimiento negro del norte del Cauca, invitaron al presidente Iván Duque a ir hasta esa región del país para conocer de primera mano sus problemas. El presidente, que condenó el ataque, respondió con otra invitación. Por eso, ayer llegaron hasta la Casa de Nariño representantes de los diferentes movimientos sociales que agrupan a las expresiones negras.

Los líderes sienten que todavía están bajo ataque. Hablaron con el Presidente sobre medidas de protección urgente para que no se repitan los hechos. También le expresaron al primer mandatario que es necesario saldar cuentas históricas con el pueblo negro.

Hablamos con Víctor Hugo Moreno (VHM), consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, Paola Andrea Ararat (PAA), del Consejo Comunitario Cuenca del Río Aguablanca La Alsacia (Buenos Aires, Cauca), Yisela Rivera Castro, representante legal del Consejo Comunitario Barranco Guengué de Corinto y Carlos Rosero (CR), de la coordinación nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN) e integrante del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano. Los líderes hicieron un balance de la reunión con el Gobierno, hablaron de preocupaciones como el retorno de la fumigación aérea y señalaron que sus aportes a la historia nacional han sido invisibilizados.

¿Cómo se encuentran las organizaciones de las comunidades negras luego del atentado que sufrieron en Santander de Quilichao (Cauca)?

CR: Nosotros sabíamos que había amenazas sobre las comunidades, sobre los liderazgos. Ahora sabemos que las amenazas son reales. Fue un ataque masivo a una reunión donde estábamos preparando un encuentro con el Gobierno en el marco de la Minga, pero también hacemos parte de movidas importantes en materia de los derechos de la gente negra. Sentimos que todo el movimiento está bajo ataque. 

VHM: El pueblo negro del norte del Cauca, el país y la comisión étnica del Acuerdo de Paz están golpeados de forma colectiva, no es sólo una afectación para las 16 personas que estaban en el sitio, para nuestras familias, sino que fue colectivo. Con todo y eso seguimos en pie de lucha porque el pueblo no se rinde, carajo. 

¿Cómo les fue con el presidente? 

 VHM: El señor presidente se comprometió a ir a dialogar con la gente negra en el norte del Cauca. Habló sobre las medidas de protección colectiva que tanto hemos exigido, sin embargo, habla de medidas en cabeza de los departamentos, los municipios, y que se comprometerá a hacer articulación del Gobierno nacional. El gran miedo es que la responsabilidad solamente quede sobre las entidades locales y regionales porque en su mayoría los municipios del norte del Cauca son de sexta categoría, no tienen las condiciones necesarias para asumir todo el tema de protección. Hay temas estructurales que tienen que ser asumidos por el Gobierno nacional. Por otro lado, con respecto a la propuesta de decreto para garantizar el cumplimiento de los acuerdos incumplidos y firmados del norte del Cauca, que son más de 300 desde 1986 hasta la fecha, le dio directrices a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, de que se estableciera una ruta de trabajo para definir el decreto. Solicitamos un piso presupuestal para el cumplimiento de los acuerdos, aunque recordamos que hay muchas cosas de los acuerdos que son decisiones de voluntad política. 

CR: Hay que reconocer la capacidad de escucha del Gobierno, fue una reunión de cerca de dos horas con un intercambio interesante de puntos de vista sobre la situación de las comunidades y de los programas gubernamentales. En dos ocasiones el presidente señaló que le gustaría seguir trabajando y conversando, no se fijó el mecanismo, pero vamos a insistir.

PAA: La decisión de invitarnos a la Casa de Nariño es producto de la resistencia histórica del pueblo negro y de nuestras autoridades que, a pesar de todas las amenazas y persecuciones, siguen parados en la resistencia, la construcción y el fortalecimiento de nuestros pueblos. El presidente dijo que el 30 de este mes la ministra del Interior estará en el Cauca. Pero hay algo que es muy importante, y lo dejamos sobre la mesa, las propuestas de protección que vienen haciendo no son integrales. Es muy importante que protejan a nuestros líderes, pero se hace necesario que protejan de manera integral. Para esa protección, la comunidad ha propuesto unos mecanismos porque quienes estamos en territorio sabemos cuáles son esas formas que nos fortalecen y nos permiten construir el buen vivir. Una de las propuestas fue que se construya el decreto como un mecanismo de garantía efectiva de implementación de los acuerdos entre el Estado y las comunidades. También que se implemente el auto 05 de 2009, el decreto 4638, entre otros. Además, expresamos varias preocupaciones como los modelos económicos que desplazan a la gente, desaparecen nuestras comunidades y territorios. Necesitamos que se revise y que se implementen las propuestas que ha construido el pueblo negro como una opción de vida y de territorio. 

¿A qué modelos se refieren?

PAA: Por ejemplo, en este momento está andando la política de cultivos de uso ilícito. La apuesta es hacer erradicación forzada a través de la fumigación, eso implica para nuestras comunidades unas afectaciones económicas, sociales, de salud, incluso para quienes hemos resistido los cultivos. Es importante que se revise esa política. Hay otros modelos ilegales y legales como la caña que ha desplazado a mucha gente negra de nuestros territorios. También está la minería ilegal. La implementación de esos modelos no pueden permitir la desaparición de quienes habitan ahí, más cuando hemos venido en un ejercicio histórico de resistencia.  

¿Cuál es la importancia de la paz para las comunidades negras?

CR: Hay comunidades que dicen que en sus territorios la guerra nunca terminó. En este momento hay una situación crítica en algunos lugares de las cosas de Nariño, de Cauca, en Buenaventura (Valle del Cauca), en Chocó. Todo eso puede ser resumido: la gente negra fue y sigue siendo desproporcionadamente afectada por el conflicto armado interno. Es importante para todo el país. No es poca gente la que sigue afectada por distintas acciones que reflejan la incapacidad y la falta de previsión del Estado para copar institucionalmente muchos lugares del país donde se sabía que las Farc iban a salir y eso hoy está copado por otros actores armados. 

¿Cómo ven el camino hacia la paz?

CR: Hay muchos mensajes inconvenientes. Por ejemplo, los que tienen que ver con la sustitución de cultivos ilícitos. Creemos que es absolutamente necesario hacerla, pero cuáles son las políticas para comunidades y familias que nunca tuvieron cultivos ilícitos, que se resistieron a eso. No hay mayores orientaciones gubernamentales para que tengan salida a sus problemas. En muchos territorios los jóvenes dicen que van a sembrar coca porque si lo hacen luego les van a dar algo, si no no les dan nada. Hay mensajes que toca cambiar radicalmente. Las cuatro organizaciones objeto del atentado tenemos el interés de fortalecer a comunidades y familias que se resisten a que haya cultivos. La Alsacia es una de esas, en Yurumanguí, en Anchicayá la gente sacó la coca. La decisión y la voluntad de las comunidades es muy importante para contener los cultivos ilícitos y eso no tiene mucho incentivo en la institucionalidad.

Una deuda histórica con el pueblo negro es reglamentar la ley 70 ¿Por qué es importante?  

CR: Paola tiene 25 años y Yisela 26. Cuando ellas estaban naciendo la ley 70 ya existía. Yo voy a cumplir 59 años. Falta por un capítulo sobre minería, los derechos mineros de la gente negra no se han podido implementar. Los territorios están siendo entregados en títulos y licencias a compañías tanto nacionales como internacionales. También faltan por reglamentación un capítulo sobre fortalecimiento de la identidad, que incluye el fortalecimiento organizativo, un capítulo sobre recursos naturales, otro sobre desarrollo económico y social.

El Estado reconoce el derecho de la gente negra en el marco de su cultura autónoma y se obliga a disponer los recursos para que ese derecho pueda ser ejercido. Está ahí hace 26 años y no lo hemos podido ejercer. Hay otro que es el artículo 57, dice que el Estado tiene que disponer los recursos para implementar la ley 70. Trabajamos en medio de enormes limitaciones económicas, tenemos un plan de buen vivir en el norte del Cauca, que no se puede llevar a la práctica porque no hay plata. Tenemos una ley que está sin reglamentar y por lo tanto los derechos que están contenidos en ella no se pueden implementar. Es una ley que está ahí como un maniquí.

Y es que los derechos de las comunidades negras se tardaron en ser reconocidos...

CR: La Constitución del 91 reconoció que este país es diverso en lo étnico y cultural, el artículo 55 transitorio dio la posibilidad de que hubiera una ley que le reconociera los derechos a la gente negra. Nosotros siempre hemos estado aquí. Lo digo con apasionamiento: cuando Bolívar le dijo a Rondón "salve usted la patria" la historia no dice que Rondón era negro. Quien salvó la patria fue Rondón. Cuando Bolívar estaba acosado por falta de recursos ¿Ante quién llegó? Ante Alexandre Pétion, el presidente de Haití, que le dio hombres, armas, dinero, barcos, con la condición de liberar a los esclavizados. Llevamos unos 400 años en este país y como dijo Guillén, venimos para quedarnos en la faz definitiva de América. No sólo hemos estado esclavizados, también hemos construido en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Fuimos a los campos de batalla, no nos dieron la libertad, pero ayudamos a conquistar la independencia de cinco o seis naciones, eso nadie lo reconoce. Hace poco Iván Duque reconoció los "aportes vitales de los padres fundadores de Estados Unidos", ese reconocimiento invisibiliza el aporte de Haití que sí fue vital, pero los haitianos son negros... Queremos que se conozca el papel jugado por la gente negra toda la gesta independentista.

¿Cómo opera hoy en día el racismo?

PAA: Se sigue materializando a través de los modelos económicos que impulsa el Estado en nuestros territorios ancestrales, por ejemplo, concediendo títulos mineros. Llevan proyectos que dicen que son para el desarrollo y terminan desplazando a la gente que le toca irse a la ciudad a aguantar hambre.

CR: Llevamos ocho años esperando que se cumpla plenamente el decreto Ley de Víctimas 4635 que pasa a mejor vida en dos años. En el norte del Cauca hay 43 consejos comunitarios y 36 son sujetos colectivos de reparación. No se hizo en ocho años ¿Se hará en dos años? Llevamos esperando 10 años a que se cumplan las órdenes del auto 05, 18 años esperando a que se implementen los compromisos de la declaración y el plan de acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, 26 años esperando que se reglamente la ley 70, esperamos 32 años (después de la independencia) para que se aboliera la esclavización, llevamos 200 años esperando que se visibilicen los aportes de la gente negra a la independencia. El racismo funciona así, hay leyes que no se cumplen. El Estado tiene que decidir si quiere ser definido como mediocre o criminal.

Por Nicolás Sánchez Arévalo / @ANicolasSanchez

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