Yurumanguí: un río que se resiste a la coca y la minería

El consejo comunitario de ese afluente en Buenaventura se ha enfrentado a los grupos armados, al Estado y a quienes quieren depredar el terriorio con cultivos de coca o minería mecanizada. Hoy, sus líderes siguen adelante, a pesar de las amenazas y las presiones de sus propios vecinos.

Los líderes del consejo comunitario del Yurumanguí se ufanan de que pueden tomar agua del afluente./ Nicolás Sánchez A.

Al llegar a la comunidad de San Antonio, ubicada en la margen izquierda del río Yurumanguí (Buenaventura, Valle del Cauca), hay un mural que reza “Yurumanguireño que se respete no consume ni cultiva coca. Somos población civil no al conflicto armado”. Esa imagen es apenas un reflejo de la lucha que han dado los afrodescendientes que habitan esa región para mantener a raya a la minería mecanizada y la coca, una causa que les ha acarreado amenazas de muerte.

Los negros asentados a orillas del Yurumanguí han vivido en medio de opresiones de diverso origen. Llegaron a esa región en 1676 traídos por el esclavista español Pedro Agustín de Valencia, quien los puso a trabajar en las minas de oro que hay en la parte alta del río. Luego, durante décadas, el Estado ignoró sus derechos sobre el territorio. Fue con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, que se expidió la ley 70, que los reconoció como dueños de las tierras que habían habitado durante siglos. Pero fue hasta el año 2000, que el Estado, a través del Incora, les otorgó el título colectivo.

El río fue escenario de guerra. En los años 90, el Frente 30 de las Farc empezó a controlar el Yurumanguí, pero se encontró con una comunidad organizada que, a pesar de las amenazas,les impuso condiciones. Líderes de la comunidad cuentan que sostuvieron reuniones con los comandantes del grupo armado en las que les dijeron que si bien no los podían sacar del territorio debido a su poder armado, la autoridad eran los negros, los dueños del territorio. “Esa es la fortaleza de nosotros, el diálogo”, asegura Arbey Díaz, secretario general de la Asociación Popular de Negros Unidos del río Yurumanguí (Aponury), organización de base que inició la lucha por el reconocimiento de sus derechos a inicios de los 90. Las tensiones con la guerrilla fueron constantes y marcaron la historia de la comunidad, durante años ese grupo impidió la entrada de funcionarios estatales que debían delimitar el territorio colectivo.

La confrontación armada dejó marcas indelebles en el río. El 29 de abril del 2001 llegaron hasta la vereda El Firme integrantes del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Masacraron, decapitaron y descuartizaron a ocho personas, robaron pertenencias de los habitantes y violaron a una mujer. Ese día desapareció la comunidad debido al desplazamiento forzado que generó la masacre. Tras 18 años, El Firme sigue siendo un pueblo fantasma.

Las fuerzas estatales también afectaron a los yurumanguireños. Las denuncias tienen que ver con perjuicios en medio de combates, por ejemplo, vuelos a baja altura de helicópteros de las Fuerzas Militares generaron afectaciones en algunas viviendas. Por los daños que ocasionó la guerra, el consejo comunitario fue reconocido como víctima del conflicto por parte de la Sala Civil Especializada en Restitución y Formalización de Tierras, del Tribunal Superior de Cali.

A pesar de esos sucesos, las comunidades no han perdido la autoridad sobre su territorio y la han utilizado para mantener el río saludable. En las veredas de la parte alta del afluente practican minería para extraer oro, lo hacen de manera artesanal, sin maquinaria pesada, pero se han opuesto a la entrada de la minería mecanizada por las consecuencias que esta tendría sobre la riqueza ambiental de esa zona selvática de Buenaventura. En ocasiones han llegado personas que tienen familiares en la región con la intención de ingresar máquinas para extraer oro a gran escala. Provienen de municipios como Guapi (Cauca) o de ríos aledaños como el Cajambre. Por ejemplo, en el 2014 arribó un foráneo con un elevador, equipo que se usa para separar el agua del oro, pero sólo pudo llegar hasta Veneral, en la zona media del río. En diciembre de ese año el consejo comunitario hizo una asamblea extraordinaria para evaluar esa situación y decidieron decomisar el elevador. Desde esa época, el equipo se encuentra retenido.

La misma postura han tenido frente a la coca, el Yurumanguí se precia de ser un afluente sin presencia de cultivos de uso ilícito. Lo han logrado confrontando a quienes han pretendido sembrar los arbustos, para lo cual han hecho varias veces erradicaciones manuales sin ningún acompañamiento estatal. En el 2007 los habitantes de la región se desplazaron colectivamente hasta los esteros Guachal, Expensa y Esterón, en donde arrancaron 25 hectáreas. En 2016 hicieron otra jornada similar en la vereda San José y en 2018 desarrollaron una en la quebrada La Piña, en San Antonio. Esas decisiones han mantenido el afluente limpio, por eso Díaz dice con orgullo “uno se toma un vaso de agua sin ningún inconveniente”.

Pero las decisiones del consejo comunitario se han traducido en graves problemas para la seguridad de los líderes. “Recibí mensajes de texto donde decían que si no dejaba introducir la coca me iban a picar como cebolla”, cuenta Díaz. Por lo menos 15 líderes tienen asignados esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero se quejan porque les dieron chalecos antibalas en una región donde los grupos armados operan con armas largas y les entregaron celulares, a pesar de que no hay señal de telefonía móvil. Esperan que esa entidad haga efectivas medidas de protección colectiva. Según le dijeron a este diario voceros de la UNP, el primer encuentro entre la institución y la comunidad para definir los términos de esa protección está programada para el 18 de marzo, en el casco urbano de Buenaventura.

A los líderes de la comunidad les preocupa que la guerra se reactivó. Tras la dejación de armas de las Farc quedaron grupos disidentes en la región. Por un lado, está la autodenominada columna móvil Jaime Martínez y, por el otro, las Fuerzas Unidas del Pacífico, grupos que se han enfrentado por el control de la zona. El Acuerdo de Paz ha significado para ellos una esperanza que se ha desdibujado poco a poco.

También han tenido que soportar presiones de las mismas comunidades. En algunas asambleas, lugareños le han recriminado al consejo comunitario por oponerse a la entrada de economías que mejorarían sus ingresos. A lo largo de los años los yurumanguireños han obtenido el sustento de la venta de madera y la minería artesanal, pero el oro cada vez está más profundo y se ha complicado encontrar las especies maderables. Por eso, los líderes le hacen el llamado al Estado para que les ayude a que sea más rentable conservar el entorno que dejar ingresar las economías contaminantes.

Están convencidos de que para seguir adelante con su lucha deben fortalecer los procesos con los jóvenes. Por un lado, quieren evitar que terminen envueltos en la guerra que se está librando en el territorio y por otro, que no desfallezcan en la lucha por conservar sano el río Yurumanguí. “Hoy estamos nosotros, pero tenemos unos renacientes atrás que tendrán que tomar las riendas de este tema en 5 o 10 años”, enfatiza Arbey. Esperan que la juventud sea capaz de sopesar el cuidado de esa región selvática rica en biodiversidad con la entrada de foráneos que, como dice el líder, sacan las materias primas y dejan los daños en el ecosistema. “El territorio es la vida y la vida no se vende, se ama y se defiende”, resume.

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Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez

Posconflicto

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