Siete de nueve campesinos de Guacamayas defenderán su inocencia en libertad

En diciembre de 2014, el juez de restitución de tierras de Quibdó reconoció a estos campesinos de las comunidades de Guacamayas, en Turbo, Antioquia, como reclamantes legítimos y los cobijó con el Auto 00181./ Ilustración Jonathan Bejarano

Solo hasta este lunes salieron de la cárcel siete de los nueve campesinos reclamantes de los predios Guacamayas, en el Urabá, detenidos a finales del año pasado por ser una supuesta banda de despojadores, según la Fiscalía. Esto, aunque la decisión, que debe ser de aplicación inmediata, la tomó hace once días la jueza segunda promiscua municipal de Apartadó en una audiencia realizada el jueves 6 de febrero.

La jueza tuvo en cuenta los argumentos de los abogados de los campesinos que apelaron la decisión del juez que les dio medida de aseguramiento intramural y definió que podrán defenderse en libertad de los delitos de desplazamiento forzado y concierto para delinquir que les imputó la Fiscalía.

(Le puede interesar: Lo que Urabá le contó a la JEP sobre el despojo de tierras)

Las acusaciones fueron sorpresivas porque se trata de los mismos campesinos que salieron desplazados de sus predios por la violencia paramilitar hace 26 años, y que en su mayoría envejecieron en medio de amenazas, atentados y asesinatos por insistir en el regreso a sus tierras. Algunas de las cuales ya fueron reconocidas en fallos de restitución de tierras.

(Lea: Un juez antirrestitución de tierras en Urabá)

La alegría por la salida de la cárcel de siete de los nueve campesinos, la mayoría por encima de los 60 años, contrasta con la tristeza de las familias de Sandra Medrano y Tito David Gómez, que siguen presos por la incapacidad del Inpec de cumplir la orden de trasladarlos a sus residencias.

En el caso de Tito David, el traslado debe hacerse hasta Putumayo, donde tuvo que desplazarse después de un atentado en su contra en 2015 por ser reclamante de tierras de Guacamayas. Por esa razón, Tito David Gómez tenía dos escoltas y un carro blindado, otorgado por la Unidad Nacional de Protección.

Sandra Medrano, a su turno, fue llevada a la cárcel de mujeres El Pedregal en Medellín, pero sigue sin ser trasladada de regreso al Urabá, pese a la orden de la juez. Su pareja, Ómar Quintana, también fue capturado la madrugada en que sus hijos de 15, 11 y dos años quedaron sin acudientes. Sin embargo, desde hoy él ya está en libertad pero deberá presentarse en los estrados mientras avanza el caso en su contra. 

Hace un mes, en enero 12, este diario publicó un reportaje con las historias de estos nueve campesinos que pudo reconstruir con sus familias en Apartadó, que puede consultar aquí.